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El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) afirma que no aplicará tributos de forma unilateral, luego de que las potencias del G7 llegaron al histórico acuerdo de aprobar un impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales.
De momento, las autoridades locales llevan el pulso a la discusión que se lleva en el ámbito multilateral, pero se mantienen cautas sobre cualquier acción específica.
“Entendemos la relevancia de que una discusión como esta ocurra en el contexto multilateral y, consistentemente con ello, no aplicaremos ningún impuesto unilateralmente.
”Seguiremos defendiendo la importancia de que la inversión extranjera promovida por esquemas alineados a los estándares internacionales, como nuestras zonas francas, sigan aportando valor”, afirmó Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, tras consulta de La Nación.
A pesar del impulso de grandes economías como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, la reforma fiscal podría estar lejos de concretarse, pues las discusiones apenas comienzan a dar sus primeros pasos y requiere de un complejo consenso internacional.
La medida podría traer cambios para el Régimen de Zona Franca que otorga un esquema de incentivos fiscales para atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, aún es muy temprano para visualizar un potencial impacto.
En los albores de esta discusión hay varios factores a tomar en cuenta. En principio no se gravarán todas las compañías, sino solo las que superen un umbral de ingresos mínimos anuales ―aún por definirse―, dijo el Ministro de Comercio Exterior.
También se analizará si un país está o no por debajo del mínimo global, para hacer este cálculo se tomarán en cuenta los impuestos que cobran.
“De la forma que finalmente adopten todos estos contenidos dependerán los potenciales impactos derivados. Por eso, es prematuro conjeturar sobre el desenlace de estas discusiones (a las que) estaremos dando seguimiento”, agregó Valenciano.
Aunque aún es temprano para dilucidar el impacto, Fernando Herrero, exministro de Hacienda, considera que una posibilidad sería mantener las condiciones actuales a las empresas cobijadas por el Régimen de Zona Franca.
“La situación ahora es cómo va a ser el detalle, es muy difícil saber cuál será el efecto. Pensaría que hay derechos adquiridos, que las empresas que tenemos mantienen el derecho con la legislación vigente, no podemos quitarles lo que tienen”, señaló Herrero.
Por su parte, Jorge Corrales, gestor de Portafolios del Grupo Financiero Acobo, considera que aunque aún es temprano para medir el impacto el país podría perder atractivo.
“El potencial impacto podría ser una pérdida del atractivo relativo entre países con zonas francas, como el nuestro, con respecto a países desarrollados que cuentan con herramientas más diversificadas para atraer inversiones y generar empleo. La estrategia de atracción de inversiones en Costa Rica se ha basado en los últimos años en la estrategia de la exención de impuestos a través de zonas francas, calidad educativa, dominio del inglés y zona horario cercana a la de Estados Unidos, entre otros” expresó Corrales.
La Ley de Régimen de Zonas Francas (N° 7.210) contempla un esquema de beneficios para las empresas. Uno de los incentivos es la exención del impuesto a las utilidades cuya base imponible se determine respecto a las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas, ingresos o ventas.
Para las empresas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) la exención es total hasta por ocho años y del 50% para los siguientes cuatro años. Mientras que las compañías que llegan a zonas rurales tienen una exención del 100% por dos años, y del 50% en los siguientes años.
¿Ventana de oportunidad?
Aplicar un impuesto mínimo para las grandes compañías también podría abrir ventajas competitivas para Costa Rica, considera el Exministro de Hacienda.
“Si vamos a tener un impuesto mínimo en todo el mundo, todavía tendríamos una ventaja tributaria si los otros países tienen impuestos más altos, pero lo más importante sería entrarle ahora a desarrollar la capacitación de la gente y la infraestructura adecuada”, señaló Herrero.
Es decir, al tener más recursos o ingresos frescos (en un escenario hipotético) el país podría competir diferente, ya no al otorgar incentivos fiscales sino con personal más capacitado y una mejor infraestructura; pues los recursos disponibles a futuro se podrían destinar a estos rubros.
Herrero considera que se podría aprovechar esta fase para atraer más IED antes de que se concrete la reforma tributaria mundial. Costa Rica podría aprovechar su ubicación para el nearshoring, es decir, aquellas empresas que decidieron cambiar de ubicación geográfica para estar más cerca de sus casas matrices y de sus públicos meta a raíz de la covid-19.
Para este 2021 la meta es que al país lleguen 22 empresas nuevas y que se concreten 45 proyectos de reinversión, de acuerdo con datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
El recurso humano es una de las fortalezas que Costa Rica tiene para atraer IED, en su reciente visita al país el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, indicó que: “Costa Rica goza de algo extraordinario, la abundancia de recursos humanos”, lo que a su criterio es más importante que los recursos naturales o fuerzas militares.
La reforma tributaria global se venía gestando desde el 2019, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero tomó impulso con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca.
El objetivo es aplanar la cancha para que todas las jurisdicciones estén bajo las mismas condiciones tributarias, y evitar que los paraísos fiscales ofrezcan tarifas impositivas más bajas para atraer IED.
Para el exministro de Hacienda la medida beneficiaría a todos los países, pues en esta crisis sanitaria muchos están endeudados y necesitan ingresos frescos.
