La Contraloría General de la República (CGR) rechazó las objeciones presentadas contra el proceso de licitación del marchamo digital y resolvió que el Instituto Nacional de Seguros (INS) puede realizar la apertura de ofertas el próximo 4 de marzo.
El INS abrió en junio de 2023 el proceso de licitación para contratar la confección de 1,8 millones de marchamos digitales. Su plan inicial era incorporarlos en el derecho de circulación de 2024. Sin embargo, el pliego de condiciones ha sido objeto de impugnaciones por parte de empresas oferentes.
El cartel publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) establecía un presupuesto de ¢4.860 millones para contratar a la empresa encargada de elaborar las etiquetas.
Este viernes, la CGR informó que rechazó las objeciones presentadas contra el cartel de la Licitación Mayor No. 2024LY-000043-0001000001 para la “adquisición de tags pasivos RFID y servicios para marchamo digital”, interpuestas por la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A.
Dicha compañía alegaba que el INS no atendió adecuadamente un aspecto previamente impugnado y resuelto por la Contraloría, relacionado con la estructura de precios en dos de las cinco líneas de la licitación.
La CGR determinó que el recurso carecía de fundamento y lo rechazó de plano. “La Administración (el INS) puede proceder con la recepción y apertura de ofertas, prevista para el 4 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m.”, señaló el ente fiscalizador.
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El objetivo del proceso es contratar la confección de nuevas etiquetas del marchamo que utilicen la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite identificar objetos, en este caso vehículos, mediante ondas de radio que posibilitan captar cientos de registros simultáneamente.
En marzo de 2024, la CGR anuló la adjudicación de los stickers y servicios para el marchamo digital otorgada por el INS al Consorcio PC Central Neology por $5,53 millones en las líneas 1 y 2. Tras esta decisión, el proceso regresó a la etapa de evaluación de ofertas elegibles.
En octubre de 2024, se inició un nuevo trámite de licitación, pero un mes después, la Contraloría ordenó cambios en el cartel tras recibir cuestionamientos de empresas interesadas en el negocio. En enero pasado, la CGR aceptó varias objeciones presentadas por oferentes contra los requisitos de contratación, lo que obligó al INS a modificar nuevamente el cartel de licitación.
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