EscucharLos diputados de la Asamblea Legislativa y el exministro de Hacienda, Elian Villegas, criticaron a la Administración Chaves Robles por atribuirse la salida del país de la lista gris de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), que la entidad confirmó a Costa Rica el pasado 18 de febrero.
En un comunicado de prensa enviado ese mismo día, el Ministerio de Hacienda calificó la salida como “un gran logro para el país y para la Administración Chaves Robles” y la atribuyó a “un arduo trabajo de coordinación interna y externa liderado por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación”.
A partir de ese momento, distintas figuras cuestionaron al Ejecutivo y recordaron que la exclusión de la lista gris se logró gracias al resello legislativo de una reforma necesaria para cumplir con los requisitos de la Unión Europea y a la aprobación de otra reforma legal.
Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que la exclusión de Costa Rica de todas las listas de la UE fue posible gracias a diversas iniciativas legales, entre ellas una reforma a la Ley del impuesto sobre la renta y la aprobación de un proyecto que modificó el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en relación con el intercambio de información en el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua Fiscal de la OCDE.
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“Es mezquino por parte del Gobierno. Estamos fuera de la lista por un esfuerzo de todos los que tenemos que ver con esto. Eso no hubiera sido posible si no es vía ley, y las leyes solo la Asamblea Legislativa las puede aprobar”, cuestionó.
Por su parte, Elian Villegas cuestionó que, en realidad, fue la inacción del Ejecutivo lo que llevó al país a la lista de jurisdicciones no cooperantes, ya que el Gobierno conocía la advertencia de la Unión Europea y, en un año de gestión, no impulsó los cambios necesarios.
“Luego vino la acción de la Asamblea Legislativa que propuso un proyecto de ley con las reformas necesarias y que con un resello impulsó las primeras reformas que solicitó la UE. Logramos salir de las listas a pesar de la Administración Chaves Robles, lo último que pueden decir es que tienen algún mérito”, dijo Villegas.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rechazó las declaraciones de la diputada y del exministro, al considerar que “están totalmente equivocados”, pues se trataba de requisitos distintos. Aseguró que la salida de la lista gris obedeció a un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que la salida de la lista gris es un esfuerzo de la Asamblea Legislativa. Añadió que el Ejecutivo ahora celebra lo que fue una contradicción de la fracción oficialista, luego de que una diputada votara a favor del resello de una de las propuestas que finalmente excluyó a Costa Rica como país no cooperante.
Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) opinó que el gobierno “se viste con ropa ajena” al decir que es un logro del Ejecutivo, y coincidió en que fueron varios diputados los que impulsaron el cambio legal inicial con el resello que se le hizo al proyecto de ley que el presidente vetó.
Requisitos diferenciados
Costa Rica ingresó a la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal en febrero de 2023. En aquel momento, la inclusión se debió a que el país no corrigió las debilidades señaladas por la UE en el cobro del impuesto sobre la renta. La crítica se centraba en que la legislación costarricense exoneraba a personas y empresas por las ganancias obtenidas en el exterior a través de inversiones pasivas.
Un año antes, en 2022, el Gobierno costarricense se había comprometido a presentar un proyecto de ley específico, que debería ser aprobado y ratificado antes del 31 de diciembre de 2022, plazo que no se cumplió. Fue hasta setiembre del 2023 que los diputados resellaron un proyecto propuesto por el PUSC para cumplir con este primer requisito.
A pesar de cumplir con esa condición, la UE mantuvo a Costa Rica en su lista gris en octubre del 2024, debido al incumplimiento de la implementación de un sistema de intercambio automático de información (AEOI), que obliga a las instituciones financieras a proporcionar información a Tributación sobre sus clientes.
Para cumplir con este requisito, fue necesaria la aprobación de la Ley 10.488 que reformó el artículo 106 quáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ese proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso.
La norma, vigente desde mayo del 2024, procura agilizar la imposición de sanciones a las entidades financieras, como mecanismo disuasorio para que cumplan con los estándares exigidos para el intercambio automático de información en materia tributaria con otras naciones.
*Colaboró en esta información la periodista Arianna Villalobos.
