El Gobierno Central cerró noviembre del 2024 con un déficit financiero equivalente al 3,22% del producto interno bruto (PIB), que resulta mayor al 2,54% registrado en el mismo periodo de 2023. Este resultado obedece, principalmente, a un aumento en el gasto público, que erosionó el superávit primario; a ello se suma un crecimiento en el pago de intereses.
El déficit financiero es la brecha entre los ingresos y los gastos totales del Gobierno, incluido el pago de intereses. Este indicador muestra aumento por segundo año consecutivo, en el corte a noviembre, pues en 2022 el resultado fue del -1,96% del PIB.
En términos absolutos, el déficit fiscal alcanzó ¢1.579.763 millones en noviembre pasado, lo que significa un aumento de ¢382.000 millones respecto al mismo periodo del 2023, cuando fue de ¢1.197.560 millones.
El informe del Ministerio de Hacienda atribuyó esta variación al incremento de 0,07 puntos porcentuales (p .p.) en el pago de intereses y al deterioro de 0,61 p. p. en el balance primario. Este último, que mide la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses, registró un superávit de 1,24% del PIB, inferior al 1,85% del mismo periodo de 2023.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, advirtió de que desde 2023 el Gobierno muestra una tendencia a reducir los balances primarios positivos e incrementar el déficit fiscal.
Según Villegas, esta dinámica compromete la estabilidad fiscal lograda en años recientes. “Es una situación bastante negativa, que puede afectar la confianza de organismos internacionales y agencias calificadoras de riesgo, además de la economía del país”, afirmó.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, señaló que el mantener el superávit primario ha permitido al Gobierno liberar espacio y “cumplir con compromisos claves”, como las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pago del retroactivo a los empleados públicos o la capitalización como miembros del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Estos dos últimos son parte del gasto del Gobierno, que aumentó en los primeros 11 meses del 2024.
El Ministerio de Hacienda también destacó que, aunque los ingresos crecieron nominalmente, el aumento de los egresos, especialmente en remuneraciones y transferencias corrientes, contribuyó a esos resultados fiscales.
Ingresos caen como porcentaje de la PIB
Los resultados primarios y financieros del Gobierno se dan debido a la reducción de los ingresos del Poder Ejecutivo como porcentaje del PIB, en comparación con los que se presentaron a noviembre del 2023.
Entre enero y noviembre de 2024, el gasto total del Gobierno creció en ¢570.882 millones, alcanzando ¢8,16 billones, lo que equivale al 16,65% del PIB. Este porcentaje es superior al 16,14% registrado en el mismo periodo de 2023.
Según Hacienda, el 94% del aumento se concentró en remuneraciones, transferencias corrientes y el pago de intereses de la deuda. El restante 6% corresponde al gasto en bienes y servicios y a la concesión de préstamos.
Por rubro, la partida de remuneraciones creció en ¢149.085 millones, equivalente al 0,3% del PIB, respecto a noviembre de 2023. Este incremento se explica, en su mayoría, por los ajustes salariales retroactivos efectuados entre marzo y abril. Los aumentos estuvieron congelados desde 2020, pero este año se reconoció un incremento general de ¢7.500 en la base salarial de los empleados públicos.
Las transferencias corrientes aumentaron ¢152.100 millones, con mayores recursos dirigidos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la educación superior y juntas de educación. Por su parte, el pago de intereses sumó ¢2.186.255 millones, equivalentes al 4,46% del PIB, un leve aumento respecto al 2023.
Por otra parte, los ingresos totales alcanzaron ¢6.584.860 millones, un crecimiento nominal respecto a los ¢6.396.181 millones registrados en noviembre de 2023. Sin embargo, como porcentaje del PIB, descendieron de 13,59% a 13,43%. Esto se explica porque la economía crece más rápido que los ingresos gubernamentales.
* Nota del redactor: Este artículo se actualizó a las 10:53 a.m. del 17 de enero para corregir el monto en el que creció el rubro de remuneraciones del Gobierno, y el monto del PIB que representa.