El crecimiento en el monto de dinero de los trabajadores ahorrado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) detona toda clase de iniciativas legales para redirigir los recursos a nuevos objetivos, más allá de su misión de garantizar un ingreso adicional a la pensión básica.
Al cierre del año pasado, el sistema administraba recursos equivalentes a 26,9% del producto interno bruto (PIB), es decir, que en 23 años de cotizaciones lograron amasar ¢13,19 billones. Representantes de las operadoras de pensiones calculan que los fondos crecen a una tasa anual del 14%, en promedio.
Durante los últimos cinco años, en la Asamblea Legislativa han proliferado proyectos de ley para ejecutar un retiro total del ROP, pagar deudas o utilizarlos para adelantar la jubilación del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Muchas de estas iniciativas fueron sepultadas en el Congreso.
Entre las más recientes propuestas están reducir la cotización del régimen obligatorio de 3% a 2,25% del salario del trabajador; para poder elevar el aporte al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de un 1,50% al 2,25%.
La iniciativa se archivó, en marzo del año pasado, después de que recibiera el dictamen negativo en la Comisión de Asuntos Sociales, debido al peligro de que el plan redujera el monto de la pensión del trabajador al momento de su retiro.
En setiembre del 2023, los legisladores sepultaron otra iniciativa del Partido Liberación Nacional, para permitirle a cada trabajador utilizar un 30% de su ahorro obligatorio para pagar deudas bancarias.
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A inicios de ese mismo año, la bancada liberacionista también presentó una reforma a la Ley de Protección al Trabajador para permitir usar el ROP para adelantar la jubilación del IVM.
El plan aún se mantiene en la corriente legislativa, pero recibió las críticas de diversos actores. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se opuso, al igual que la Superintendencia de Pensiones (Supén) y las operadoras de pensiones complementarias (OPC).
En setiembre del 2020, en medio de la pandemia de la covid-19, los diputados aprobaron nuevas modalidades de retiro acelerado del ROP para quienes estaban a punto de jubilarse. Sin embargo, el proyecto fue sometido a varias modificaciones porque, en el texto planteado inicialmente, se otorgaba la posibilidad de retirar totalmente el dinero en un plazo de 15 años.