Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores, comunicó a quienes se adjudicaron vehículos y propiedades que les devolverá el dinero pagado porque el proceso de venta de estos activos quedó suspendido.
Hernández fundamentó la decisión en que la Sala IV le dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra la legislación que fundamenta los procesos de resolución de entidades financieras declaradas inviables.
Por tal razón, pidió a los compradores de los activos la cuenta IBAN, número de identificación y nombre completo para hacer la devolución de los dineros depositados.
“El día de ayer (12 de febrero) recibimos información respecto de la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley que regula los procesos de resolución, por lo que todos los trámites que tengan relación con los bienes propiedad de Coopeservidores quedan en suspenso hasta que sea resuelta la acción”, se precisa en el oficio RES-CS-393-2025, del pasado 13 de febrero, del que tiene copia La Nación.
La Administración de la Resolución de Coopeservidores remató, el pasado 31 de enero, 18 vehículos y nueve propiedades por un monto de ¢4.609 millones.
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Los 18 automotores rematados iban a permitir recuperar ¢246 millones para saldar parte de las obligaciones pendientes de la cooperativa. En la venta destacaban vehículos de lujo, una sucursal móvil y dos motocicletas.
En las compras pactadas hubo una persona a quien se le asignaron ocho unidades por un monto de ¢112,8 millones, según la información publicada en el diario oficial La Gaceta, el 11 de febrero pasado.
En el caso de los inmuebles rematados, la Administración de la Resolución de la cooperativa concretó la venta de nueve propiedades valoradas en ¢4.362 millones.
El principal acuerdo se pactó con la Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái).
La institución pública ofertó aproximadamente ¢3.197 millones por la sede central de Coopeservidores y su inmobiliario.
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El dinero que se pactó en el remate de activos estaba destinado a cubrir parte de las deudas que la cooperativa aún mantiene con sus inversionistas y acreedores.
A noviembre del 2024, Coopeservidores aún adeudaba ¢232.194 millones con el público y ¢8.149 millones con entidades financieras, según los estados financieros a noviembre de 2024.
Coopeservidores fue intervenida el 13 de mayo de 2024 debido a irregularidades en su administración y supuesta alteración de datos financieros. La cooperativa fue declarada inviable el pasado 21 de junio del año pasado, y se ordenó un proceso de resolución.
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