EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó este miércoles a la Administración de la Resolución de Coopeservidores R. L. la adjudicación de 10 de los 12 vehículos ofertados en febrero anterior. No obstante, resolvió no adjudicar ninguna propiedad, ya que las propuestas iniciales no cumplieron con los parámetros mínimos establecidos.
La entidad informó de que la venta de los carros generará un monto total de ¢71.410.000.
En el caso de las 53 propiedades puestas a la venta en diciembre, la entidad señaló que solo seis recibieron ofertas, ninguna de las cuales alcanzó el mínimo establecido. Algunas de estas ofertas representaron apenas el 11,25% del avalúo, mientras que otras solo el 12,81% del valor fiscal. Por ello, se decidió suspender la adjudicación de estos inmuebles.
“Los adjudicados comenzaron a ser contactados directamente por la Administración de la Resolución desde ayer, al correo que indicaron para ser notificados, y se les proporcionarán las cuentas donde deben realizar los pagos para formalizar la venta”, concluye el texto.
El Consejo aceptó que el monto de lo negociado es inferior al valor en libros de los activos, pero se mitiga al ahorrar los gastos de mantenimiento.
“Esto se mitiga al ahorrar gastos de mantenimiento, pago de seguros, vigilancia y estacionamiento, además del deterioro que sufren por su no uso”, detalla el comunicado divulgado por Conassif.
En febrero pasado, la Administración del Proceso de Resolución de Coopeservidores adjudicó 18 vehículos, los cuales permitirían recuperar ¢246 millones para saldar parte de las deudas de la entidad. También se subastaron ocho propiedades y se reservaron dos inmuebles, incluidos tres con mobiliario y menaje, que sumaban un total de ¢4.362 millones.
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Sin embargo, días después, el proceso de venta de la cartera de crédito, tanto buena como mala, así como de los vehículos, propiedades e inmobiliario, y el cierre definitivo de Coopeservidores, quedó suspendido.
Esto ocurrió luego de que la Sala Constitucional aceptara una acción de inconstitucionalidad presentada por un inversionista de Desyfin contra la ley que regula los procesos de resolución de entidades financieras.
Según consta en un oficio en poder de La Nación, del 13 de febrero, Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, notificó a los participantes de la subasta que la resolución de la entidad estaba en pausa y solicitó el número de cuenta bancaria para proceder con la devolución de los fondos.
Después de pedir una aclaración a la Sala IV, los resolutores reiniciaron el proceso de colocación de los bienes de la cooperativa en proceso de cierre.
