EscucharLa Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) presentó una demanda contra el Estado con la intención de anular el decreto que regula los márgenes de ganancia en la venta de las medicinas, el cual vigente desde el 18 de febrero.
La demanda fue interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Así lo confirmó a La Nación Viviana Blanco Barboza, presidenta del órgano superior de la Coprocom.
El pasado 15 de enero, el presidente Rodrigo Chaves firmó el Decreto Ejecutivo N° 44863-MEIC, Regulación de margen máximo de comercialización bruto de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud, con el objetivo de intervenir en los precios que pagan los consumidores.
Según este decreto, los distribuidores mayoristas tendrán un margen entre el 11% y el 28%, mientras que los minoristas (supermercados y farmacias) manejarán márgenes del 25% al 43,5%.
Blanco señaló que el decreto contiene una restricción al derecho de libertad de comercio y otros derechos fundamentales, que lo tornan ilegal y con roces de inconstitucionalidad. Además, dijo que no se analizó el posible desabastecimiento que se puede generar con esta normativa.
La presidenta de la Coprocom sostuvo que el decreto aumenta el riesgo de desabastecimiento, debido a que involucra a todo el ámbito de medicamentos, independientemente de su origen o disponibilidad y en todo el territorio nacional.
LEA MÁS: ¿Por qué son caros los medicamentos en Costa Rica? Demora en registro sanitario es una de las causas
¿Por qué podría haber desabastecimiento?
La presidenta de Coprocom refirió que la medida está diseñada para toda la gama de medicamentos incluidos los de venta libre o restringidos, así como todos los utilizados en el mercado privado y en el mercado institucional.
“De continuar con la medida, los agentes económicos podrían decidir no abastecerse más de ciertos productos, porque no les resulta rentable como política o estrategia comercial de su empresa, provocando un desabastecimiento de productos con las implicaciones para la salud pública y la vida de los pacientes”, apuntó Blanco.
Por otro lado, Blanco refirió que el decreto afecta las libertades de comercio y libre empresa y lesiona el derecho fundamental a la salud.
La demanda interpuesta por Coprocom procura declarar la nulidad absoluta del decreto y que se acoja una medida cautelar en la que se solicita suspender los efectos de la normativa, por los daños que se podrían generar en el mercado.
Colegio de Farmacéuticos también pidió medida
José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, aseveró que el decreto ya está generando desabastecimiento de medicamentos. La organización también interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo un recurso solicitando una medida cautelar orientada a la suspensión de los efectos de decreto el primer día que entró en vigencia.
“Hay productos que están en proceso de desabastecimiento, hay distribuidoras que no están vendiendo productos, algunos laboratorios han dejado (de abastecer) algunas líneas. El tema de desabastecimiento que consideramos que podía suceder, está ocurriendo”, indicó Gatgens.
Gatgens indicó que al menos cinco agentes del mercado de medicamentos han introducido recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo para la suspensión del decreto.
De acuerdo a los datos de Coprocom, en el país existen cerca de 1.700 farmacias; un 32% son de carácter independiente o stand-alone y un 15% pertenecen a pequeños grupos que comprenden de dos a cinco establecimientos. El 53% restante es gestionado por cadenas de farmacias.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) respondió a este medio que los resultados de la aplicación del decreto se encuentra en proceso de verificación. Sobre las demandas interpuestas contra la normativa, al cierre de esta nota se esperaba respuesta de la entidad.
Gatgens indicó que, además, el decreto estaría generando el incremento de precios en los medicinas debido a que los márgenes establecidos no contemplaron elementos claves en la comercialización, como la utilización de cadena de frío en toda la distribución hasta la venta al público, como es el caso de la insulina.
“No diferenciaron las categorías y se establecieron márgenes estandarizados y no hay punto de comparación entre los costos operativos de traer un producto como la insulina y un producto que no tiene esta particularidad. Estos márgenes pueden traer efectos negativos en donde las personas interesadas no van a tener capacidad para pagar todos los costos”, concluyó Gatgens.
