EscucharEl proceso de venta de la cartera de crédito, tanto buena como mala, así como de vehículos, propiedades e inmobiliario, y el cierre definitivo de Coopeservidores, quedó suspendido luego de que la Sala IV diera curso, el pasado 30 de enero, a una acción de inconstitucionalidad presentada por un inversionista de Desyfin contra la ley que regula los procesos de resolución de entidades financieras.
La medida ya tuvo un efecto negativo para los inversionistas y acreedores de la cooperativa porque el remate de carros y propiedades, realizado la semana anterior, para recuperar ¢4.609 millones quedó sin efecto, según consta en un oficio en poder de La Nación.
En el oficio RES-CS-393-2025, del pasado 13 de febrero, Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, informó a las personas que participaron en la subasta que la resolución de la entidad financiera está pausada y solicitó el número de cuenta bancaria para devolverles el dinero.
“El día de ayer (12 de febrero) recibimos información respecto de la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley que regula los procesos de resolución, por lo que todos los trámites que tengan relación con los bienes propiedad de Coopeservidores quedan en suspenso hasta que sea resuelta la acción”, se precisa en el documento.
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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) informó, la noche de este lunes, que actualmente analiza el impacto que tiene el curso dado a la acción de inconstitucionalidad en el desarrollo de los procesos de resolución que actualmente se tramitan en Financiera Desyfin y en Coopeservidores.
“Puede afectar a los acreedores de dichas entidades, dados los efectos prácticos que pueden generarse a partir del régimen previsto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (...) respecto de la aplicación de normas que se encuentran cuestionadas constitucionalmente”, se explicó en el comunicado.
Adicionalmente, el Consejo detalló que la Sala Constitucional dio plazo hasta el próximo 5 de marzo para que se refieran al caso. “El hecho de que la Sala Constitucional haya dado curso a la acción planteada no significa que se hayan declarado inconstitucionales esas normas, sino únicamente que el proceso judicial ha iniciado”, apuntó el órgano.
En el caso de Coopeservidores 5.111 ahorrantes esperan la resolución de la entidad para intentar recuperar parte de su dinero. Para noviembre del 2024, la cooperativa mantenía obligaciones con el público por ¢232.194 millones y ¢8.149 millones con entidades financieras acreedoras, según los estados financieros en poder de este diario.
Antonio Barzuna, inversionista de la cooperativa, dijo que el freno del proceso de resolución será perjudicial para quienes esperan obtener de vuelta el dinero invertido.
“El resolutor (Marco Hernández) no puede continuar vendiendo activos o negociando la cartera de crédito. Por lo tanto se perjudica a los inversionistas porque en este caso puntual el tiempo es sinónimo de dinero para nosotros como inversionistas”, recalcó Barzuna.
En el caso de Desyfin, las obligaciones con el público son de ¢99.900 millones, correspondientes a 3.072 clientes con recursos garantizados y 956 con fondos no garantizados. La entidad tiene activos por ¢146.151 millones, entre buenos y malos, pero ninguno ha sido vendido.
Los cuestionamientos de constitucionalidad se presentaron contra la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros y Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica que sustentan los procesos de resolución de una entidad financiera cuando se declara insolvente.
Contra el tiempo
El análisis de constitucionalidad que comenzarán los magistrados sobre las reglas de los procesos de resolución, podría tomar unos ochos meses que es el plazo promedio en que se resuelve una acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la normativa de resolución de entidades inviables establece un plazo de un año para que se defina el periodo de venta de activos buenos y la conformación de un fideicomiso para la administración de los activos malos; sino se logra en ese tiempo, el caso irá a un proceso concursal.
En el caso de Coopeservidores, el proceso de cierre se inició el 21 de junio de 2024, por lo que el equipo de resolución tiene tiempo hasta el mismo día de este año para negociar la venta de los créditos o para consolidar el fideicomiso en el que irían los activos, buenos y malos, aún bajo su administración.
Mientras que en Desyfin el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó el proceso de resolución el 9 de octubre del año pasado, por lo que deberá concluir el mismo día de 2025.
En ambos procesos si no se logran negociar los activos en el plazo de un año establecido en el artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Banco Central, todos los que queden irán a un proceso concursal.
En el caso de Desyfin, no se ha logrado vender cartera de crédito buena ni la conformación del fideicomiso para administrar los activos degradados. Entretanto, en Coopeservidores sí se logró vender parte del denominado “banco bueno” al Banco Popular.
Colaboró el periodista Luis Enrique Brenes.
