EscucharMediante una acción judicial, un veterinario logró salvar a dos vacas de un sacrificio ordenado por el Estado, a causa de un presunto contagio de tuberculosis. Estuvieron a punto de ser marcadas en el rostro con un fierro caliente antes de ser enviadas al matadero, cuando apenas tenían siete meses de edad.
El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) ordenó el sacrificio en el 2021 cuando las terneras, que iban a ser exportadas a El Salvador, fueron sometidas a los exámenes necesarios para salir del país. En las pruebas de tuberculosis hechas por el Senasa, las vacas dieron positivo.
Sin embargo, su dueño, el veterinario Claudio Quirós, tenía sospechas de que la prueba no se hizo de forma correcta y de que el supuesto contagio se trataba de un falso positivo; por ello, emprendió una lucha legal para demostrarlo, junto con su abogada, Karla Sancho Morales.
Debido a la negativa del Senasa a realizar una nueva prueba, las vacas debieron permanecer en cuarentena, aisladas de su rebaño, hasta principios del 2024, mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Ambos animales pertenecen a una raza de alto valor llamada Gyr, cuya genética les facilita una alta productividad lechera en condiciones tropicales, como la de Costa Rica, mediante un proceso de inseminación genética a cargo del veterinario Quirós. Esta raza es originaria de la India. Según el propietario, cada una de estas vacas tiene un valor de ¢12 millones, por lo que su pérdida habría sido millonaria.
En el 2021, cuando el Senasa visitó la finca de Quirós, en Lepanto de Puntarenas, sometió a las entonces terneras a una prueba cutánea similar a la que se hace en humanos para detectar alergias, con el fin de identificar la tuberculosis bovina, una enfermedad altamente contagiosa tanto para otros animales como para los seres humanos.
Los resultados del laboratorio de Senasa, el único que práctica las pruebas en el país, arrojaron que ambas eran sospechosas de portar la bacteria de la tuberculosis, pues se inflamó la zona donde se aplicó la prueba, en el cuello de las vacas.
Cuando hay una sospecha o un animal da positivo, las fincas ganaderas son puestas en cuarentena, pues la enfermedad puede transmitirse por medio de los fluidos de las vacas; pueden surgir fuentes de propagación en la boñiga y en la leche, por citar unos ejemplos. Estas cuarentenas suelen generar grandes pérdidas, pues las vacas no pueden salir a los potreros, su leche se debe botar y los animales infectados son sacrificados.
A raíz del hallazgo, ambas vacas fueron inoculadas contra la tuberculosis bovina. Se les inyectó un antígeno que activa la producción de anticuerpos contra la enfermedad.
Luego, al cuarto día después de la inoculación, el Senasa tomó muestras de sangre de las vacas para determinar si eran positivas o no. En ese momento, el resultado fue positivo, lo que llevó a la institución a emitir una orden para marcarlas con un fierro caliente en las mejillas y trasladarlas a un matadero, donde serían sacrificadas.
Según explicó el veterinario a La Nación, desde el principio, le pareció sospechoso el resultado, ya que únicamente estas dos vacas dieron positivo, mientras que sus madres no, lo que le parecía ilógico.
En consecuencia, se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en Goicoechea, para solicitar una medida cautelar provisional que frenara el marcaje y el sacrificio de las terneras.
El veterinario tenía conocimiento de que la casa farmacéutica del antígeno aplicado recomendaba esperar 60 días, después de la inyección, antes de realizar la prueba de sangre. Sin embargo, el Senasa realizó la prueba cuatro días después, lo que le llevó a presumir que se trataba de un falso positivo.
Primera medida cautelar fue declarada sin lugar
El Juzgado concedió una primera medida cautelar provisional, en donde se ordenó al Senasa mantener la integridad física de los animales y abstenerse de marcarlos o sacrificarlos, a cambio de que el propietario las aislara del resto del ganado.
Luego, el Tribunal Contencioso Administrativo procedió a analizar el caso para determinar si la suspensión del sacrificio debía persistir. La representación estatal y el Senasa alegaron que la tuberculosis bovina es una enfermedad zoonótica de interés público que requiere medidas de control para proteger la salud pública y el patrimonio pecuario.
En la ponderación de intereses, el juez José Ariel Solano Solano concluyó que la protección de la salud de la población y el ganado prevalecía sobre el interés particular del ganadero. Concluyó que no se superaron los filtros cautelares necesarios para otorgar la medida solicitada y dejó sin efecto la medida provisional, lo que de nuevo puso la vida de las vacas en riesgo.
En la resolución dictada el 2 de febrero del 2023, el juzgador recomendó al Senasa practicar la prueba que solicitaba Quirós, pero aclaró que se trataba de una sugerencia, no una orden. Así lo dispuso en la sentencia 00053 - 2023. El juez también consideró que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar un daño grave al patrimonio de Quirós por el tiempo de espera, ya que no aportó evidencia concreta del valor de los animales.
Apelación salvó animales
Con la ayuda de la abogada Karla Sancho Morales, el propietario decidió interponer una apelación ante el Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo solicitando que el Senasa repitiera las pruebas, pues no lo hizo luego de la resolución del 2023.
Según explicó la defensora, su cliente estaba atado de manos hasta que la institución decidiera tomar nuevas muestras.
La abogada presentó al Tribunal reglamentos internacionales y las directrices de la casa productora del antígeno que se administró a las terneras, en donde se indicaba que, tras la inyección, se debía esperar al menos 60 días antes de realizar nuevos análisis de sangre en las vacas, ya que las moléculas del virus de la tosferina podrían generar un falso positivo en los resultados.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por las juezas Yazmín Aragón Cambronero, Rosa María Cortes Morales y Claudia Salazar Bolaños, admitieron las nuevas pruebas documentales y, en el fallo 00007-202, emitido en enero del 2024, revocaron la resolución anterior, suspendiendo finalmente la orden de sacrificio y ordenando al Senasa realizar las pruebas de tuberculina y Gamma Interferón a las bovinas, cuyo costo correría por parte del demandante.
