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De las 15 aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), siete están fuera de servicio por daños mecánicos y estructurales, lo que reduce las operaciones vitales de esa sección del Ministerio de Seguridad Pública y que garantizan la soberanía del país.
Javier Moreira Villegas, director de Vigilancia Aérea, confirmó que al haber menos aeronaves, se reducen los sobrevuelos para la detección de los cultivos de marihuana en zonas montañosas, el apoyo a Guardacostas en la persecución de lanchas sospechosas de narcotráfico y los vuelos de ayuda humanitaria o para atender emergencias, entre otros.
Hace una década, en el 2011, registraban 3.267 horas de vuelo y de ellas unas 500 eran dedicadas a labor humanitaria, lo que significó cerca de 300 vuelos ambulancia. Sin embargo, eso bajó considerablemente y para el 2020 solo se realizaron 289 vuelos para un total de 408 horas, mientras que este año que concluye se han realizado solo 89 vuelos, que equivalen a casi 154 horas.
Fallas eléctricas, así como en los instrumentos de navegación, fugas de aceite y derrames de combustible son parte de los problemas que se registran, así como problemas en indicadores de combustible, recalentamiento de turbinas y problemas con los trenes de aterrizaje. La falta de presupuesto repercute en que no se pueda repararlas.
Según Javier Moreira, se han enfocado en optimizar los recursos existentes y al mismo tiempo realizan gestiones para buscar más fondos que les permitan rehabilitar esos aviones.
Pese a varias consultas de La Nación, el MSP no precisó desde cuándo están detenidas las aeronaves, cuánto cuesta su reparación y qué acciones ejecutan para conseguir los recursos.
Facilidades para crimen organizado
Para el exministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero (2010-2014), la debilidad de la flota aérea se traduce en menos patrullajes y más oportunidad de que los grupos de crimen organizado vulneren nuestra soberanía. Afirmó que el SVA juega un rol estratégico en la detección de naves que usan nuestros mares para el tráfico internacional de drogas.
“Costa Rica ha venido apostando al uso de avionetas, pero la realidad geográfica demanda la incorporación de más helicópteros”, afirmó el exministro.
Destacó el hecho de que ese tipo de aeronaves pueden aterrizar en las plazas de cualquier barrio y eso facilita las labores de patrullaje, así como la prestación de servicios en situaciones de emergencias naturales y el traslado de pacientes que urgen de rápida atención en centros hospitalarios.
En torno a la falta de presupuesto, Zamora insiste en que toda inversión en Seguridad Pública rinde utilidades, pues un país sin seguridad no atrae turistas ni tampoco inversión extranjera. Llamó a fortalecer el presupuesto, pues, dice, una mejora en la seguridad pública incide en el desarrollo del país.
Varado el avión estrella
El director de Aviación Civil también confirmó, a través de la oficina de prensa del Ministerio, que el avión King Air F90, matrícula MSP-020, es uno de los que está fuera de servicio. Este bimotor, turbohélice, es el más grande a disposición del Estado, con capacidad para dos pilotos y 13 pasajeros. A modo de ejemplo, aunque en la isla del Coco no hay aeródromo, este avión podría recorrer los 594 kilómetros de distancia hasta ese punto en 90 minutos si fuera necesario hacer inspecciones. Puede volar a 25.000 pies de altura.
Esta aeronave, de fabricación estadounidense, fue decomisada en el 2013 en una pista de aterrizaje privada en Pandora, Valle de la Estrella, Limón, donde la Policía se incautó de más de una tonelada de cocaína. Comenzó a ser usada al año siguiente por el Ministerio de Seguridad para reforzar sus patrullajes y acciones humanitarias.
Seguridad Pública tampoco precisó qué daños tiene esta aeronave, aunque no es la primera vez que tiene problemas. En el 2018, en una visita oficial del presidente Luis Guillermo Solís a Panamá, una rotura del tanque de combustible produjo un derrame que se detectó en el aeropuerto del vecino país, de modo que Solís tuvo que devolverse en un vuelo comercial.
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En otro incidente, el año pasado los pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea, Gustavo Abarca Amador y Miguel Jiménez Morales, enviaron una carta al entonces ministro Michael Soto, donde indicaron que en el 2018 se “puso en peligro la vida de todos los ocupantes” de una aeronave que viajó a Pérez Zeledón, entre ellos el presidente de entonces, Carlos Alvarado.
Lo anterior debido a que el avión usado no tenía el certificado de peso y balance al día, procedimiento que es indispensable para que las aeronaves sean operables.
Un servicio estratégico
La terminal de Vigilancia Aérea está ubicada en el sector oeste del aeropuerto Internacional Juan Santamaría, aunque también tienen algunos hangares en el Tobías Bolaños, Pavas. Está constituida por los departamentos de operaciones aeronáuticas, mantenimiento aeronáutico y seguridad aeroportuaria. En la planilla cuenta con 34 pilotos.
Entre sus funciones está la de garantizar el orden público, la salvaguarda e integridad del espacio aéreo del territorio nacional, mar territorial y mar jurisdiccional, así como la seguridad de los aeropuertos internacionales, mediante operativos y patrullajes.
Aunque se cuenta con mecánicos de aviación y otros que tienen a cargo el mantenimiento y reparación a las aeronaves, la compra de repuestos está detenida por razones presupuestarias.
Mientras tanto, el único respaldo con el que cuenta Vigilancia Aérea lo constituyen los helicópteros UH, del Gobierno de los Estados Unidos, que están actualmente en un programa de entrenamiento. Dichos equipos han sido utilizados en casos de desastres naturales y, de requerirse, pueden ser usados de nuevo, puntualizó Moreira.
