La extradición de costarricenses, de nacimiento o nacionalizados, acusados fuera del país por terrorismo o narcotráfico, fue aprobada de forma definitiva este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa.
La reforma parcial al artículo 32 de la Constitución Política recibió el voto afirmativo unánime de los 45 diputados presentes en el plenario del Congreso y será integrada, de una vez, en el texto de la Carta Magna.
La aprobación se dio luego de una hora y media de discusión, durante la cual varios legisladores de partidos de la oposición hicieron muy fuertes críticas al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por su negativa a firmar la iniciativa legal que permite a las autoridades judiciales realizar allanamientos durante las 24 horas del día, fines de semana y feriados.
La propuesta de reforma parcial a la Constitución fue presentada originalmente por la vocera oficialista, Pilar Cisneros, y llegó a tener el apoyo de todas las fracciones después de conocer el criterio de expertos en el tema que señalaron la importancia de permitir la extradición de costarricenses requeridos por autoridades judiciales de otros países.
Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Liberal Progresista (PLP) e independientes hicieron énfasis en que la norma agregada en la Constitución busca centrarse en permitir el mecanismo expresamente para aquellos casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo en que la extradición haya sido concedida por los tribunales de justicia.
La independiente Johana Obando enfatizó que ese instrumento debe darse en estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.
Obando enfatizó que bajo ningún motivo puede permitirse para persecución política como la que ella asegura haber sufrido de parte del gobierno de Rodrigo Chaves, por sus posiciones respecto a la licitación de la tecnología 5G en el país, que es sumamente crítica del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Sofía Guillén y Priscilla Vindas, del FA, así como Diego Vargas, del PLP, destacaron que el proyecto es una iniciativa importante para el combate a organizaciones criminales trasnacionales, pero cuestionaron que, a la vez, Rodrigo Chaves dinamite las iniciativas enfocadas en la protección de la seguridad.
“¿Por qué vetó el plan de allanamientos? Sin habladas, sin cuentos extraños, para que la gente buena le crea que usted está haciendo algo bueno", le cuestionó Diego Vargas.