EscucharUna empresa dirigida por los hijos del canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, construye una torre de apartamentos de diez pisos en una zona de riesgo de inundaciones en barrio Escalante, San José. El edificio se levanta en terrenos atravesados por una sección entubada de la quebrada Los Negritos.
El riesgo de anegamientos consta en las clasificaciones elaboradas por la Municipalidad de San José y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La desarrolladora del edificio se llama Di Escalante Verde S. A., propietaria registral del condominio vertical residencial Escalante Verde, el cual ofrece apartamentos desde los $120.000 en adelante. El desarrollo se ubica 150 metros al este del Ministerio de Gobernación y Policía, en el distrito Carmen.
La Junta Directiva de la empresa está encabezada por Philip Michel André Sánchez como presidente, mientras que su hermano, Arnoldo Frederik, es el tesorero. Ambos son hijos del canciller.
La Sala Constitucional estudia un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de San José y la Setena, con el fin de frenar el proyecto. La gestión la interpuso el regidor josefino Brandon Guadamuz Villalobos, del Frente Amplio (FA), y recibió la coadyubancia de 101 vecinos.
Ante consulta de La Nación, la Municipalidad de San José confirmó que el caso está bajo revisión, con el fin de “determinar un curso de acción adecuado que garantice la prevalencia del interés común, la protección del ambiente y la calidad de vida de las personas de la comunidad de barrio Escalante".
Parte del terreno, compuesto por dos fincas, está clasificado como de alto riesgo en el mapa municipal de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones del cantón Central de San José, vigente desde el 21 de diciembre del 2023.
La Nación remitió, desde el pasado lunes, una serie de preguntas a la empresa, pero esta indicó, por medio de su encargada de prensa particular, que no se iba a referir. También se enviaron consultas a los correos registrados por la empresa ante la Setena, así como a esta institución y a la CNE, sin que tampoco hubiese respuesta.
Cambio de criterio sobre zona de protección de la quebrada
En el 2009, la Setena había denegado la viabilidad ambiental a otro desarrollo vertical, que se pretendía construir en las mismas dos propiedades donde se ubica Escalante Verde, porque el diseño irrespetaba los 50 metros del área de protección de la quebrada Los Negritos, de acuerdo con un criterio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
José Ocampo Sanders, entonces jefe del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central Subregión Central del Sinac, concluyó que la quebrada Los Negritos contaba con pendientes mayores al 40%, por lo que se debía respetar una distancia de protección de 50 metros (oficio SRC-OSJ-307).
Ocampo agregó que, de otorgarse la licencia, se estaría violentando el artículo 58 de la Ley Forestal, el cual establece penas de prisión de tres meses a tres años a quien invada un área de conservación.
El permiso de Setena
Pese al antecedente del 2008, la Setena otorgó el aval ambiental del proyecto el 17 de abril del 2018. Se lo concedió a la empresa Estudio Presidencial S. A.
El 4 de diciembre de ese mismo año, el hoy canciller, Arnoldo André, solicitó a la Secretaría Ambiental corregir la resolución porque las fincas se trasladaron a Di Escalante Verde S.A, cuyo apoderado generalísimo es Philip Michel André Sánchez.
Recientemente, el 5 de junio de este 2025, la Setena notificó al canciller André Tinoco una serie de incumplimientos relacionados con los compromisos ambientales adquiridos con esta institución, a pesar de la petición de cambiar de empresa representante desde hace siete años.
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En comparación con la resolución del 2009, el permiso otorgado diez años después redujo el área de protección de la quebrada de 50 a 10 metros. La Setena tomó esa decisión con base en un criterio del Instituto de Vivienda y Urbanismo (Invu).
Diez metros de retiro es la medida que se aplica a las riberas de los ríos, quebradas o arroyos en zona urbana, si el terreno es plano.
En tanto, desapareció el documento original emitido por el Sinac en el 2008, el cual exigía 50 metros. El 22 de mayo, después de que el regidor Brandon Guadamuz solicitó una copia, el jefe interino de la oficina subregional San José, Randall Araya Villalobos, contestó que “no fue posible localizar” el archivo, a pesar de haber efectuado “una verificación exhaustiva” de los registros físicos y digitales de ese despacho.
El permiso municipal
La Municipalidad de San José aprobó el permiso de construcción a Di Escalante Verde S. A. el 7 de febrero del 2023, para la construcción de un edificio de 10 pisos y dos sótanos, con 139 espacios de parqueo y 135 apartamentos.
Diez meses después, entró a regir el mapa de Zonas de Amenaza por Deslizamientos e Inundaciones, el cual incluye al área del proyecto en la zona de riesgo.
Así lo confirmó Royee Álvarez Cartín, jefe de la Sección de Permisos de Construcción de la Municipalidad de San José, en una comunicación enviada el 10 de junio a la Sala Constitucional, en respuesta al recurso de amparo.
Álvarez mencionó a la Sala Constitucional que, si bien la viabilidad ambiental autorizó la construcción de un complejo más amplio, de tres edificios para 323 apartamentos, la licencia municipal es para un espacio menor, lo que en su criterio “reduce el impacto ambiental”.
Las propiedades también se encuentran dentro de las áreas con potencial de inundación, según la delimitación de la CNE incluida en el geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), del Instituto Geográfico Nacional.
Jessica Martínez Porras, gerente de Gestión Municipal del ayuntamiento capitalino, declaró: “En virtud de la información recabada, se concluye que es necesaria una revisión profunda de las diferentes etapas del proceso de tramitación, por lo que la Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano se encuentra realizando las consultas pertinentes tanto a las instituciones, como a los diferentes actores relacionados”.
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Setena prevé cambios en el diseño por amenazas
La Dirección Técnica de la Setena también concluyó, en un oficio enviado el 12 de junio a la Sala Constitucional, que en el área del proyecto existe amenaza de inundación, pero no riesgo de deslizamientos. Igualmente, destacó que, al constatarse la problemática, será necesario solicitar nuevos elementos, que podrían generar cambios en el proyecto.
“Técnicamente, al existir las capas de la CNE en la actualidad y al verificar que sí existe riesgo de inundación, se deberá solicitar el segmento B de hidrología -estudio que demuestre que el cauce no representa peligro de inundación para las instalaciones- y las medidas para mitigar esta amenaza, lo que probablemente afectará el diseño de sitio”, indicó Mario Coto Hidalgo, director técnico interino de la Setena.
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Agregó que, al momento de realizar la evaluación para la viabilidad ambiental otorgada en el 2018, no estaban disponibles las capas oficiales con que cuenta hoy la CNE, además de que los estudios de amenaza no indicaron riesgo por inundaciones o eventos naturales.
Estas conclusiones fueron incluidas en un informe firmado por Coto, como insumo para contestar a la Sala Constitucional.
La respuesta de la Setena señala que las condiciones de Los Negritos pudieron haber variado de acuerdo con la dinámica hidráulica de la quebrada, la cual está entubada en ciertos sectores, desde el momento de la evaluación del expediente, debido al incremento de fenómenos meteorológicos, así como a la construcción de obras públicas (como circunvalación) y privadas.
Los aguaceros de los últimos meses han puesto de manifiesto la fragilidad de la quebrada Los Negritos, que en diversas ocasiones se ha desbordado provocando graves afectaciones a viviendas ubicadas en los barrios Escalante y Dent (Montes de Oca). También, ha cubierto con agua el paso vial frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por su parte, el funcionario municipal Royee Álvarez alegó a la Sala Constitucional que tanto el uso de suelo como el permiso de construcción del edificio fueron otorgados con base en el Plan Regulador vigente en el 2014.
Bajo esa normativa, los terrenos donde se levanta Escalante Verde estaban clasificados como “zona sujeta a estudio”, y presentaban predominantemente una “baja susceptibilidad a deslizamientos” y zonas con “potencial de inundación”.
El Plan definía las zonas sujetas a estudio como áreas cuya topografía, uso o tenencia no estaban claramente identificados. En estos casos, solo se permitía el uso del suelo correspondiente al área contigua, siempre que se demostrara previamente su viabilidad urbanística.
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