EscucharEn el gobierno anterior, las negociaciones con el concesionario de la ruta 27 avanzaron en un 80 % para, al fin, ampliar la vía. La meta de comenzar la obra el año pasado era factible, pero la nueva administración prefirió tomar otro camino. Anunció el propósito de evitar la prórroga del contrato de concesión y rescindirlo antes del vencimiento.
La idea zozobró cuando se hizo obvio el perjuicio económico para el Estado. La ruptura del contrato costaría $350 millones, en el escenario más optimista, y hasta $700 millones en el peor de los casos, según el informe final de gestión del secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Eduardo Chamberlain Gallegos, cuya gestión apenas abarcó los primeros cuatro meses del gobierno.
No obstante, el ministro Luis Amador dijo estar abocado a la recolección de “elementos de prueba” de los “incumplimientos” de la concesionaria “para ver hasta dónde” podía llegar. No llegaron lejos a tenor del anuncio de la sucesora de Chamberlain en el CNC, Dahianna Marín, en agosto del 2023. Según la funcionaria, desistirían de rescindir el contrato para evitar retrasos y la indemnización a la concesionaria.
Pasado un mes, el ministro Amador retomó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa la idea de hacer la ampliación sin prorrogar el contrato. Reveló la existencia de conversaciones con entidades bancarias para financiar la obra y mencionó la posibilidad de obtener los $600 millones del Gobierno de Arabia Saudita.
En octubre, durante la puesta en servicio del viaducto sobre el hundimiento del kilómetro 44, dijo mantener un diálogo con la concesionaria mientras el Ministerio de Hacienda buscaba financiar por lo menos la primera etapa, y reiteró la posibilidad de pedir el crédito a Arabia Saudita.
La semana pasada, cambió la posible fuente de financiamiento. Ya no son los bancos ni el Gobierno saudita, sino los fondos nacionales de pensiones. La idea es invitarlos a comprar títulos emitidos para financiar la ampliación de la carretera, calificada de urgente desde el 2014, a cuatro años de su inauguración.
No obstante, el ministro Amador enfatizó que el gobierno no ha definido el mecanismo de ejecución del proyecto y, en el mejor de los casos, la ampliación de los 77 kilómetros comenzará el próximo año. Para mayor desconcierto, no descartó la posibilidad de encargar la obra a la concesionaria.
Si la ampliación se ejecuta de conformidad con la propuesta de esa empresa, tardará cuando menos tres años, comenzando por el tramo entre La Sabana y Ciudad Colón para luego seguir hasta la intersección de El Coyol y completar el tramo hacia Caldera. Un cronograma muy optimista fijaría la conclusión entrado el 2028, pero vista la historia del proyecto en los últimos 22 meses y la indefinición todavía existente, es imposible asegurarlo.
Pasarán al menos 14 años desde el anuncio del proyecto para resolver las deficiencias de una de las principales rutas del país y, probablemente, terminemos pagando más. También habrá sufrido la imagen nacional frente a posibles interesados en participar en la construcción de otras obras mediante concesión de obra pública.
Los titubeos, amagos de rescisión anticipada, rápida sucesión de posibles fuentes de financiamiento y declaraciones públicas contradictorias crean una incertidumbre descorazonadora para cualquier inversionista. Antecedentes como el de la carretera a San Ramón se suman para intensificar el efecto. Un país sin capacidad financiera para desarrollar infraestructura por otros medios no debería crear esa fama.
