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La declaratoria de un estado de excepción para enfrentar la penetración del narcotráfico y la ola de homicidios se volvió bandera de campaña de tres candidatos presidenciales con miras a las elecciones del 1.° de febrero. Imponerla sería decir adiós a la democracia, al menos por periodos de hasta 30 días. Veamos por qué es preocupante.
Suspender temporalmente los derechos y garantías que la Constitución Política otorga a los ciudadanos permitiría al Poder Ejecutivo restringirles a las personas las libertades de tránsito, de reunión, de expresión y de acceso a información pública. Además, le daría la facultad de invadir la intimidad y el secreto de las comunicaciones y permitiría a la Fuerza Pública ingresar en domicilios sin orden judicial y mantener detenido a cualquier individuo sin autorización de un juez. Este editorial quizá no se habría publicado, pues bajo ese régimen podrían quedar sin efecto el artículo 28, que impide perseguir a los ciudadanos por expresar sus opiniones, y el artículo 29, que garantiza comunicar pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin censura previa.
El primero en proponer un estado de excepción fue Fernando Zamora Castellanos, candidato del Partido Nueva Generación (PNG), en marzo; en setiembre lo secundó Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República (PNR), y este mes se les sumó Laura Fernández Delgado, de Pueblo Soberano (PPSO).
El modelo replica el que impuso en El Salvador el presidente, Nayib Bukele, desde marzo de 2022, prorrogado mes a mes por el Congreso, bajo su control. En diciembre de ese mismo año, la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, también optó por suspender garantías individuales, aunque la medida está limitada a ciertos territorios y ha sido extendida por decreto ejecutivo, no por decisión del Congreso. El presidente Rodrigo Chaves lo insinuó desde mayo de 2023, durante una entrevista con la agencia francesa de noticias AFP, al ser consultado por la ola de homicidios que dejó 656 muertes en 2022: “Haremos lo posible para no tener que llegar a un estado de excepción en un país donde las libertades civiles han sido un orgullo nacional”.
El artículo 121, inciso 7 de la Constitución es el que faculta a la Asamblea Legislativa a suspender total o parcialmente derechos y garantías en todo o parte del territorio, para lo cual requiere al menos 38 de los 57 votos; la orden puede regir hasta por 30 días. El mismo artículo señala que procede dictar esa medida solo “en caso de evidente necesidad pública”. Es decir, es excepcional y antes deben agotarse todos los recursos.
La pregunta que salta aquí, para el caso de Costa Rica, es si realmente el gobierno ha hecho lo suficiente para contener la criminalidad. ¿Ha tomado las decisiones correctas en el momento oportuno? Porque esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, según lo estipula el artículo 140, inciso 6, de la Constitución. Es su obligación “mantener el orden y la tranquilidad de la nación”, función que debe cumplir a través del Ministerio de Seguridad Pública, con sus 17.000 oficiales.
La realidad del país grita que la contención del crimen no ha sido exitosa; la asignación presupuestaria ha sido insuficiente, razón por la que las distintas policías carecen de herramientas. Antes de que estos aspirantes a la presidencia hablen de restringir garantías individuales, deberían averiguar cuánto tiempo pasan varadas las patrullas por falta de mantenimiento, por qué Vigilancia Aérea solo tiene en operación una aeronave para combatir el narco y qué resultados ha tenido la decisión de Seguridad Pública de desmantelar el puesto de Guardacostas de Bahía Drake, principal punto de ingreso de drogas en el Pacífico, y de cerrar la base de Sixaola, la zona de mayor tránsito narco en el Caribe.
El discurso de suspender derechos y garantías parece más una estrategia electoral para ganar votos sin medir lo que implica. En El Salvador, el estado de excepción ha dado pie a detenciones arbitrarias, persecución y captura de críticos del gobierno. Lo mismo en Honduras.
La exmagistrada y ahora candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social (CDS), Ana Virginia Calzada, lo dijo el lunes, al lanzar su campaña: “Suspender las garantías individuales debilita el Estado de derecho y abre la puerta al abuso. La seguridad no se logra violando derechos”. Este martes, también se pronunció en esa dirección el aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos. Recordó las restricciones de circulación impuestas durante la pandemia de covid-19 para ponerlo en perspectiva. “Imagínese a la Policía prohibiéndole salir de su casa sin una orden judicial o pudiendo entrar a su domicilio sin tener que pedirle permiso a un juez”, agregó.
Antes de ceder nuestras libertades en nombre de la seguridad, los ciudadanos tenemos derecho a exigir a los gobernantes el cumplimiento del artículo 140 de la Constitución.
El próximo gobierno debe diseñar una estrategia seria contra la criminalidad, corregir incoherencias y fortalecer la Policía. Nuestra institucionalidad cuenta con leyes, personal y recursos suficientes para combatir a los criminales sin tener que sacrificar las libertades de la población.
