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Siempre debemos celebrar que América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE) refuercen y amplíen su cooperación y relaciones políticas, comerciales, culturales, educativas, tecnológicas y científicas. Con mayor razón debemos hacerlo en un entorno global marcado por renovados conflictos, desdén por el multilateralismo, impulsos proteccionistas y retrocesos democráticos, casi siempre acompañados de populismo y autoritarismo.
Para contrarrestar esas tendencias e impulsar con mayor dinamismo una agenda comprometida con la paz, la integridad territorial, la democracia, el derecho internacional, el comercio basado en reglas y el desarrollo incluyente y equilibrado, Europa es un aliado esencial. Sin dejar de lado a los países europeos que no forman parte de ella, la UE constituye, para nuestra región, un interlocutor indispensable. Lo es tanto en sí misma como porque contribuye a balancear las relaciones con Estados Unidos y China, que hoy compiten como nunca por aumentar su influencia hemisférica.
Por lo anterior, la cuarta Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la UE, celebrada el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia, tuvo indudable importancia. A pesar de la muy escasa asistencia de jefes de Estado y Gobierno, y de que su índole –como siempre ocurre en este tipo de reuniones– se orientó más a las declaraciones que a la acción, su relevancia es indudable. Además, se une a otras iniciativas más tangibles.
En primer lugar, tras un vacío de ocho años, apenas superado en el 2023 con la tercera cumbre Celac-UE, en Bruselas, se logró restablecer su carácter bianual, que esperamos continúe. En segundo, la declaración conjunta final demostró que, a pesar de grandes diferencias entre países, al menos podemos comprometernos públicamente con un conjunto de valores, principios, compromisos e intereses comunes.
Basta leer su quinto párrafo para comprobarlo. En él, los representantes de los 33 países miembros de la Celac y los de la UE renuevan la importancia de una relación “basada en valores e intereses compartidos, en sociedades resilientes, inclusivas y democráticas; en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; en el Estado de derecho, en elecciones libres y transparentes; en el multilateralismo y la cooperación internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.
Además, reconocen el papel de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos; la necesidad de preservar la neutralidad del canal de Panamá, los avances hacia la eventual finalización del conflicto en Gaza, y la necesidad de una solución final al conflicto israelí-palestino, sobre la base de dos Estados. Manifestaron preocupación por “la guerra en curso contra Ucrania”; reiteraron su compromiso con “un sistema multilateral de comercio basado en normas” y con los esfuerzos colectivos y compromisos adquiridos en materia climática hace 10 años en el Acuerdo de París.
De particular importancia, dadas las tensiones que se viven, particularmente en el Caribe, los firmantes subrayaron una “prioridad compartida” en reforzar la cooperación para desmantelar “las redes delictivas internacionales”, en particular las que trafican drogas, armas y personas. A la vez, reconocieron que el problema mundial de las drogas requiere respuestas “basadas en el principio de responsabilidad común y compartida”, y que sean equilibradas, integrales y basadas en evidencia.
Nicaragua y Venezuela se negaron a firmar la declaración; Cuba, hipócritamente, la suscribió, a pesar de que su dictadura irrespeta una gran cantidad de los compromisos. Algunos países se disociaron de párrafos específicos, incluyendo dos por parte de Costa Rica. Sin embargo, nada de esto resta peso general al documento.
A lo anterior se añaden dos procesos más concretos y, en la práctica, importantes. Uno es el programa europeo de inversiones en infraestructura conocido como Global Gateway (Puerta Global), que contempla alrededor de 45.000 millones de euros para América Latina y el Caribe. El otro es el acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur –que suscribieron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores–, el cual avanza hacia su ratificación y ampliará sustancialmente las inversiones y los intercambios entre ambos bloques. Se uniría a los ya suscritos con Centroamérica, México, el Caribe y varios países andinos.
Nunca como ahora ha sido tan evidente, y urgente, la necesidad de ampliar y consolidar relaciones y mercados. Hacerlo con una gran potencia regional a la que nos unen tantos elementos comunes, es aún más importante. De manera regional y, sobre todo, nacional, debemos ampliar e intensificar esta vía.
