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La situación en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es acongojante. ¿Cuánto más debe agravarse la crisis para que se tomen decisiones robustas que devuelvan rumbo y confianza a la institución? Ya las listas de espera por un servicio médico angustian a un millón de personas; las salas de Emergencias colapsan con enfermos que hacen fila más de medio día por una cama; los proveedores reclaman pagos atrasados por miles de millones; un sistema informático de $45 millones terminó hundido en fallas que hasta obligan a suspender cirugías, y la Junta Directiva se ha convertido en un subibaja de nombramientos y destituciones.
El diagnóstico puede resumirse en: una institución atrapada entre la improvisación política y la ausencia de liderazgo. Tanta deficiencia de dirección es inédita y la propicia, principalmente, la intromisión del gobierno en una entidad que, de acuerdo con la Constitución Política, debe ser autónoma.
Algo nunca visto es que, en apenas tres años, han pasado 30 personas por 31 puestos en la Junta Directiva y han desfilado por la Presidencia Ejecutiva cuatro funcionarios, un claro reflejo de una inestabilidad que imposibilita la continuidad de políticas y el trazado de una estrategia de largo plazo. La injerencia política, las destituciones y las renuncias han debilitado la gobernanza institucional, desnaturalizando lo que debería ser un órgano colegiado con visión técnica y capacidad para tomar decisiones de fondo.
Eso repercute en los hospitales y clínicas que enfrentan el día a día con recursos al límite. El servicio de Emergencias del obsoleto hospital de Cartago, por ejemplo, opera en hasta el 163% de su capacidad, con pacientes que deben esperar hasta 13 horas por una cama. Los reportes de saturación se repiten en más hospitales. Las listas nacionales de espera por una cirugía llegan a 190.000 y las de procedimientos o estudios con fines diagnósticos –como tacs, ultrasonidos o resonancias magnéticas–, a 680.000, reflejo de un sistema que reclama atención de emergencia.
Igual de grave es el fiasco del sistema ERP-SAP, puesto en operación en enero –luego de ocho años de espera– con el fin de integrar la gestión de compras, inventarios, control de almacenes, tesorería, contabilidad, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entre otras funciones. Se le concibió como una gran apuesta de modernización administrativa, pero terminó generando un caos. Los pagos a proveedores de medicamentos y suministros acumulan atrasos por ¢170.000 millones, lo que ya causó suspensión de cirugías en seis hospitales por falta de insumos.
Farmacias desabastecidas, inventarios desactualizados y boletas de incapacidad acumuladas muestran que la plataforma se convirtió en un martirio para los asegurados.
Si todo esto no fuera suficiente, el enorme peso de la deuda del Ministerio de Hacienda con la Caja asciende a ¢4,4 billones, el equivalente al 70% del presupuesto institucional de todo un año, y más del doble de lo que se adeudaba hace seis años. El 82% de ese monto corresponde al Seguro de Salud, que cubre a las poblaciones más vulnerables: indigentes, privados de libertad, adultos mayores en pobreza y menores de edad sin aseguramiento. El restante 18% corresponde al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC), que cubre a adultos mayores en pobreza extrema.
Para colmo, el Presupuesto Nacional de 2026 incluyó menos recursos para financiar el régimen, lo que afectará directamente a unas 420.000 personas en condición de vulnerabilidad.
Paralelamente, la insatisfacción del personal médico tiende a empeorar. Muchos especialistas renuncian para irse a la medicina privada con mejores salarios y horarios, y los médicos que quedan, muchos jóvenes, dimiten porque no están dispuestos a soportar guardias de hasta 34 horas seguidas, con consecuencias previsibles en sus vidas privadas y en la calidad de la atención, como lo cuestionó en estas páginas de Opinión Tatiana Barrantes Solís, médica especialista en Pediatría.
Si la CCSS aún se mantiene, es gracias al esfuerzo de su personal médico, técnico y administrativo, aunque el desempeño sería infinitamente mejor con liderazgo, visión estratégica y experiencia en la cúpula. La Academia Nacional de Ciencias (ANC) lo advirtió con claridad: la carencia de liderazgo pone en riesgo la sostenibilidad de la universalidad de las prestaciones y el acceso equitativo a la salud, especialmente frente al envejecimiento poblacional.
Como lo señalamos en un editorial anterior, los costarricenses no podemos resignarnos a que la CCSS opere en modo crisis permanente. La pregunta inicial de qué más debe ocurrir para que el gobierno y los altos mandos den rumbo a la institución está más que respondida.
Ya se manifestaron todos los síntomas de un deterioro profundo y el cuadro clínico exige un tratamiento inmediato: trazar una ruta con visión de futuro. Ello comienza por fortalecer la autonomía, blindar la Junta Directiva frente a intereses políticos, modernizar la gestión con tecnologías útiles y exigir a Hacienda honrar su deuda. La CCSS no puede quedar expuesta a más fiascos ni los ciudadanos debemos tolerarlos.
