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La libertad de expresión está en un punto crítico. El 52,6% de los ciudadanos considera que “en Costa Rica, hay censura o limitaciones para que las personas se expresen libremente”. Además, 46,5% lo admite: “He dejado de expresar mis opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias”. Y si eso es preocupante, más aún lo es el hecho de que el 73,4% percibe que “la libertad de expresión en Costa Rica está en peligro”.
Tal es el resultado de la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, presentada el 10 de noviembre por la Universidad de Costa Rica (UCR). El estudio revela que la autocensura se manifiesta con mayor fuerza entre quienes adversan al gobierno de Rodrigo Chaves, como una reacción defensiva frente al clima de hostilidad, polarización y descrédito que emana de los discursos y acciones del Poder Ejecutivo.
Estamos ante un deterioro de la libertad de expresión de todos los ciudadanos –no solo la libertad de prensa–, una tendencia desfavorable ya identificada en las encuestas de 2023 y 2024, según el informe del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la UCR. La medición se basó en 1.001 entrevistas a mayores de 18 años. Esos datos los reafirma otra encuesta, de abril, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Los números muestran una ciudadanía que sigue respaldando firmemente la vida en democracia (66 puntos en una escala de 0 a 100), pero que, aun así, siente que no puede expresarse con plena libertad. La autocensura surge cuando alguien borra un comentario antes de publicarlo, deja de compartir una noticia incómoda para el poder político o evita hablar de política en el trabajo por miedo a comprometer su empleo o a ser señalado. Es lo que internacionalmente se denomina un “exilio interior”, una forma de aislamiento político dentro del propio país.
Quien perciba que esta tendencia está sobredimensionada haría bien en informarse sobre lo que sucede en la región. En El Salvador, el 57,9% de la población teme criticar públicamente al presidente Nayib Bukele o a su gobierno porque considera probable sufrir represalias, incluido el arresto. Así lo reveló en mayo la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA). En ese país, la enorme popularidad del mandatario convive con un clima de temor en el que disentir es riesgoso.
Nicaragua afronta un escenario aún más extremo. En ese país, donde ya no existen condiciones para realizar encuestas independientes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aniquiló la libertad de expresión mediante una ley mordaza presentada como Ley de Ciberdelitos, que castiga con prisión cualquier contenido que el régimen considere que crea “alarma”. Este retroceso fue el resultado de un proceso de años, alimentado por la estigmatización sistemática de la prensa, la normalización del insulto desde el poder y la instalación del miedo como herramienta de control político.
Costa Rica, por ahora, está lejos de esos extremos, pero las señales que arrojan las encuestas no deben subestimarse. No solo preocupa que una mayoría de ciudadanos tema expresar públicamente su opinión, sino también que desde el propio gobierno se reproduzcan estrategias ya vistas en El Salvador y Nicaragua, como los ataques verbales destinados a denigrar y debilitar los poderes Legislativo y Judicial, así como a voces críticas o de denuncia, y con ello, a cualquier persona que se atreva a cuestionar.
A esto se suman los mensajes de odio o descrédito difundidos desde el propio gobierno, sus seguidores y troles. Solo en el último año se registraron 2,1 millones de mensajes de odio en redes sociales, un aumento del 16% respecto a 2024 y un crecimiento del 400% desde 2021, según un informe de la oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica.
Proteger la libertad de expresión exige acciones concretas. El Poder Ejecutivo debe moderar su lenguaje, renunciar a los insultos y a la estigmatización de cualquier voz crítica, y promover debates basados en argumentos. A los poderes Legislativo y Judicial les corresponde defender este derecho con decisiones y sentencias firmes. Los medios y los periodistas tienen la responsabilidad de informar con rigor, ética, transparencia e independencia para fortalecer la confianza pública, así como denunciar cualquier intento de hostigamiento que busque silenciarlos.
Pero, sobre todo, la ciudadanía debe entender que la libertad de expresión no es solo un derecho individual consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, sino un bien público. Cuando alguien calla por miedo, perdemos todos, porque el debate se empobrece y el poder queda menos vigilado.
Con el esfuerzo de muchas generaciones, Costa Rica construyó una democracia que se enorgullece de la paz, las libertades y el diálogo. No podemos permitir que esa herencia se erosione por la vía silenciosa del miedo. Mirar hacia El Salvador y Nicaragua no debería servir para consolarnos con la idea de que “aquí no estamos tan mal”, sino para advertirnos de lo rápido que pueden deteriorarse las cosas cuando la ciudadanía deja de hablar.
