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Que un gobierno llene una plaza con ciudadanos transportados gratuitamente con la esperanza de un almuerzo, un refresco y quizá algo más, no es una invención atribuible a esta administración. Nadie con memoria puede escandalizarse como si fuera novedad, pero no por eso deja de ser reprochable, sobre todo, viniendo de quienes hacen del rompimiento con sus antecesores uno de sus mantras políticos.
Han hecho campaña contra “los últimos diez gobiernos”, y todavía acusan de irresponsables a los de Liberación, la Unidad y el PAC. Un discurso de ruptura contiene la promesa implícita de que las viejas costumbres se acabarían. Pero cuando necesitan una plaza llena, recurren al método de siempre. No inventan nada; copian sin pudor lo que dicen despreciar. La política de la dádiva no se vuelve distinta porque cambie el color de la bandera o la consigna del cartel.
El 14 de setiembre, en Cartago, simpatizantes llegaron en buses desde Puntarenas, Limón, Upala y San Carlos, y recibieron refrigerios, capas y banderas, entregados por el secretario general de Pueblo Soberano. Mientras tanto, los manifestantes opositores, o sospechosos de serlo, quedaban fuera del perímetro de la Plaza Mayor. El 30 de setiembre, en Puntarenas, La Nación documentó que había buses estacionados y se repartieron almuerzos entre quienes vitoreaban a la presidenta, insultaban a los diputados de oposición o tapaban la manta de un grupo de estudiantes. Una fuente contó que en Nicoya se reclutaba a personas interesadas en acudir al evento. Son dos actos en dos semanas que evidencian un patrón.
A este punto, una aclaración es necesaria: que alguien transporte y alimente a sus simpatizantes no es, en sí mismo, ilícito, y nada indica hasta ahora que se pagara dinero por asistir. Pero esa es justamente la cuestión: no lo sabemos, porque quienes podrían decirlo se contradicen. La diputada puntarenense, Ana Ruth Esquivel, negó haber pagado la alimentación de un grupo de pescadores, mientras que solo minutos antes, su asesora explicaba espontáneamente que sí lo había hecho.
La transparencia, en este punto, es esencial, porque diferencia una manifestación de apoyo espontánea de una escenografía montada con fondos públicos. Nadie cuestiona el derecho de cualquier ciudadano a apoyar al gobierno, gritar a su favor o comerse un arroz con pollo en una plaza. La crítica no apunta a quienes se suben al bus, sino a quienes lo contrataron para ese servicio y luego callan quién lo pagó.
El problema de fondo no es el arroz con pollo, sino lo que se pretende comprar con él. Un pasaje y un almuerzo no pesan igual para quien los recibe. Cuando alguien llega sin dinero para el bus o el almuerzo, ese ofrecimiento no es neutro porque convierte la presencia en un favor y el aplauso –o el insulto– en una deuda. Dar de comer a quien tiene hambre es generosidad; pedirle aplausos a cambio es clientelismo.
Hay, además, una diferencia de escenario. Un Consejo de Gobierno es un acto oficial de la República, no un mitin de partido. La campaña política terminó en febrero, como le gusta recordar a la presidenta Fernández cada vez que tiene la oportunidad; sin embargo, pareciera que, para Pueblo Soberano, no es así. El objetivo ahora no es el voto; ya lo movilizaron exitosamente en febrero; ahora es proyectar apoyo al oficialismo y amedrentamiento a la disidencia y la oposición, que tratan de ocultar detrás de vallas, banderas, gritos o insultos.
En este contexto, la denuncia presentada ante el TSE por posible beligerancia política debe tomarse en serio. Pide aclarar quién financió los alimentos y si hubo recursos públicos de por medio. Son las preguntas correctas, porque la legislación electoral prohíbe a quienes ejercen función pública poner el cargo al servicio de un partido, y esa frontera es la que hay que verificar. Si el dinero es privado, que se declare; si fue público, que se sancione.
El oficialismo asegura siempre que gobierna para el pueblo. Haría bien en permitir que ese pueblo llegue por su cuenta a las actividades.
