EscucharTras poco más de dos años de declaraciones hiperbólicas, golpes de efecto, afirmaciones a la ligera y promesas aún sin cumplir, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, al fin ha dado una visión más precisa, serena e integral sobre la función de los escáneres antidrogas en puertos y fronteras. Lástima la tardanza.
En una entrevista que publicamos el lunes, ofreció un bienvenido “baño de realidad” sobre la operación de los tres que existen en la Terminal de Contenedores de Moín; la donación de dos más por el Gobierno estadounidense; su proceso de instalación en otros puntos, y el papel que les corresponde cumplir.
El jerarca confirmó, con meridiana claridad, lo que ya han manifestado otros expertos y lo que planteamos en un editorial el 29 de noviembre del 2023: por sí solos, estos artefactos no son capaces de impedir el contrabando; menos, de convertirse en barreras definitivas para el tráfico de sustancias ilícitas. Su verdadera eficacia depende de otros elementos tecnológicos, coordinación, supervisión, adecuada infraestructura y estrategias integrales.
Es algo muy distinto a lo que presentó el Ejecutivo al anunciar con bombos y platillos la “Operación Soberanía”, ambicioso nombre que dio a la instalación de dos de ellos en Moín, el 23 de julio del 2023. Dos meses después de su lanzamiento, el presidente Rodrigo Chaves afirmó que, gracias a su operación, “ni una onza, ni un gramo, ni un grano” de drogas había salido desde ese puerto a partir de entonces, como si fueran un factor mágico para detener el flujo de drogas escondidas en contenedores destinados a Europa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que autoridades de Holanda, Bélgica, Francia y España interceptaran grandes alijos de cocaína en exportaciones provenientes de la terminal. La realidad se impuso a la exageración.
Ahora, al fin, el ministro reconoce que el asunto no es tan sencillo. En la entrevista, partió de esta premisa: la operación de los escáneres, por sí sola, “no genera un alto nivel de seguridad”. Se necesita complementar su uso con otras tecnologías, como drones y cámaras infrarrojas, y modalidades adicionales para revisar la carga. Requieren, además, de una infraestructura de protección, para evitar accidentes o sabotajes, y controles cruzados para que “distintas personas, en distintas ubicaciones” analicen las imágenes que producen.
Conclusión: “Todas estas tecnologías, articuladas en un plan maestro de seguridad, manejado por cuerpos policiales que, además, rotan en su jerarquía y su composición, hacen que la medida sea efectiva para efectos de control”. Pero, añadió, “no es infalible”. La gran pregunta es si ese plan maestro ya funciona, y si forma parte de uno más amplio e integral contra la delincuencia en general y el narcotráfico en particular, que trascienda la interdicción y aborde los retos del control territorial y la violencia interna.
Zamora también se refirió a los dos escáneres adicionales que donó Estados Unidos. Un día antes de la ceremonia de entrega, celebrada el 19 de noviembre pasado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo a La Nación que la entrega se haría de forma completa y que solo faltaban los drones complementarios; estos, sin embargo, sí fueron entregados.
Al recibirlos, Zamora afirmó: “Hoy, indiscutiblemente, estamos haciendo historia”. Sin embargo, la frase pierde fuerza ante un hecho que ahora reconoce: lo que se recibió entonces fueron las partes mecánicas, no los “cerebros” de los escáneres. “Conforme estén listas las interconexiones eléctricas y técnicas-tecnológicas –dijo– llegarán las partes cerebrales”, necesarias para capturar las imágenes, que son “el elemento más importante, más delicado”. Es decir, de acuerdo con sus palabras, y contrario a lo dicho entonces por Acosta, llegaron incompletos.
Además, reconoció retrasos en la construcción de la infraestructura para la colocación de uno en Caldera y otro en Peñas Blancas, por lo cual su operación fue postergada del primero al segundo semestre de este año.
Si las explicaciones ofrecidas ahora por el ministro se hubieran adelantado, los anuncios de entonces habrían perdido espectacularidad, pero se habría evitado crear expectativas exageradas, irresponsables e incumplidas. En cualquier tema es deber del gobierno brindar información oportuna y precisa a la ciudadanía; más, en un tema tan delicado como la seguridad. No ocurrió así, como tampoco ha ocurrido en tantas otras ocasiones. De todos modos, debemos agradecer las tardías explicaciones del jerarca.
