Escuchar
En una democracia madura, ser oposición no significa oponerse a todo, ni tampoco aplaudirlo todo. Hay un gran margen entre una oposición contra la cual se estrella cualquier proyecto oficialista y un contrapeso con criterio propio. La tarea de la oposición consiste en examinar, corregir, condicionar, apoyar cuando corresponde y decir no cuando resulte necesario.
La tradición parlamentaria británica ofrece una expresión útil para entender esa diferencia: la “oposición leal” (loyal opposition). No se trata de una oposición leal al gobierno de turno, sino leal al sistema constitucional. Puede adversar al Ejecutivo, fiscalizarlo y procurar derrotarlo políticamente, pero no confunde al gobierno con la patria ni convierte cada iniciativa oficialista en una amenaza que debe ser destruida. Esa distinción, tan simple como exigente, es la que Costa Rica necesita implementar.
En estas primeras semanas de gestión, los diputados parecen mostrar, al menos por ahora, una disposición real a trabajar para el país de forma inteligente y conjunta. Dos avances recientes lo ilustran. Las bancadas de oposición anunciaron su respaldo al crédito para el tren eléctrico, aun manteniendo reservas sobre el costo de los pasajes. Además, una moción impulsada por el Frente Amplio, apoyada por oficialistas y opositores, permitió destrabar el proyecto para habilitar la marina de Limón.
Ninguno de esos hechos debe magnificarse; no transforman de golpe la cultura política nacional ni borran años de crispación. Son golondrinas que no hacen verano. Pero son golondrinas al fin.
Después de años de medir la política por gritos, vetos y amenazas, no es menor que fracciones distintas logren sentarse, negociar textos, ajustar proyectos y producir resultados concretos. La democracia también se defiende demostrando que las instituciones todavía pueden funcionar.
El caso del tren eléctrico es revelador. La oposición decidió separar las dudas legítimas y la necesidad de avanzar en una obra largamente postergada bajo la lógica de que apoyar el crédito no equivale a renunciar a su fiscalización. Al contrario, una vez aprobado, corresponderá vigilar costos, tarifas, ejecución, transparencia y calidad del servicio. Pero bloquear indefinidamente una solución imperfecta tampoco es una política pública.
Algo similar ocurre con la marina de Limón. El acuerdo no consistió en aprobar cualquier cosa, sino en modificar el texto para introducir condiciones de transparencia, libre concurrencia, estudios técnicos y resguardos frente al patrimonio natural del Estado. Esa es la diferencia entre oposición destructiva y oposición útil. La primera paraliza para demostrar fuerza. La segunda negocia para mejorar. Si el proyecto original generaba riesgos de contratación discrecional o debilitamiento de controles, la respuesta institucional correcta no era enterrarlo, sino corregirlo.
La lección política es importante para el nuevo gobierno. El apoyo de la oposición en proyectos país no debe interpretarse como adhesión, subordinación ni cheque en blanco. Es una colaboración condicionada por el interés público.
La oposición está diciendo que no bloqueará por deporte, pero tampoco renunciará a su papel de control. Un gobierno responsable debería verlo como una oportunidad, y no desde la prepotencia de los 31 votos. Cuando hay margen para construir, lo inteligente es tender puentes. Cuando hay advertencias democráticas, lo prudente es escucharlas.
En ese sentido, resulta saludable la posición expresada por Claudia Dobles, José María Villalta, Abril Gordienko y otros liderazgos legislativos: disposición a construir, debatir con respeto y llegar a acuerdos, pero sin tolerar ataques a la democracia. Esa combinación no es contradictoria. Es, precisamente, la mejor expresión de una oposición leal: cooperar con el gobierno cuando el país lo necesita y enfrentarlo cuando se ponen en riesgo los fundamentos institucionales. Se puede apoyar un tren, una obra para Limón o una agenda de seguridad y empleo, sin guardar silencio frente a intentos de erosionar la independencia judicial, debilitar controles, hostigar a la prensa, despreciar al TSE o presentar la concentración de poder como eficacia.
Costa Rica necesita acuerdos, pero no cualquier acuerdo. Necesita gobernabilidad, pero no obediencia. Necesita resultados, pero no a cambio de normalizar discursos o iniciativas que debiliten los fundamentos constitucionales del país. Dialogar no exige mirar hacia otro lado. Votar con el gobierno en un asunto concreto no obliga a acompañarlo en todo lo demás.
En las primeras semanas, la Asamblea ha mostrado que todavía es posible hacer política sin convertir cada sesión en una trinchera. Falta muchísimo por ver. Vendrán proyectos más difíciles y tentaciones de volver al aplauso automático o al bloqueo reflejo. Por ahora, hay señales que merecen reconocimiento.
