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La próxima Asamblea Legislativa, que entrará en funciones el 1.° de mayo, deberá definir la continuidad o sustitución de 13 de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como nombrar a sus suplentes. Las decisiones pondrán a prueba la responsabilidad de los 57 diputados con el país, por encima de cualquier interés partidario, porque de sus votos dependerá fortalecer o debilitar el control de la justicia sobre el poder político y la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
El caso de Celso Gamboa Sánchez es la evidencia más contundente de los costos de una mala elección. No solo por su desenlace –ser, junto al exconvicto Edwin López Vega, el primer costarricense extraditado a Estados Unidos por presunto liderazgo de una red de narcotráfico–, sino por las faltas gravísimas en que incurrió durante su breve paso como magistrado de la Sala de Casación Penal, entre el 2016 y el 2018. Sus propios colegas determinaron que en el 2017 se “interesó indebidamente” en causas vinculadas con el “cementazo”, en las que figuraba su “amigo”, el empresario Juan Carlos Bolaños.
Considerando que un juez supremo debe encarnar independencia frente a cualquier vínculo personal, político o económico, pidieron su destitución –a la postre aprobada por el Congreso–, y ahora la reflexión es “cómo evitar que se repita el caso de Celso Gamboa”, planteada este sábado en un análisis del periodista Yeryis Salas.
Los nombramientos son materia muy delicada porque los desaciertos son difíciles de corregir. Los magistrados son designados por ocho años, con posibilidad de reelección indefinida, y su destitución exige mayorías calificadas que rara vez se alcanzan. De ahí la importancia de que los diputados apliquen criterios rigurosos, alejados de partidismos, afinidades o factores que distorsionen su juicio.
Esos elementos pudieron haber influido, el 10 de febrero del 2016, en la elección de Gamboa, quien llegó precedido por un meteórico ascenso: en solo siete años pasó de fiscal en Limón a ocupar cargos políticos de alto nivel –viceministro de la Presidencia, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), viceministro y ministro de Seguridad–, y luego volvió al sector judicial como fiscal adjunto de la República.
Pocos dudaron sobre ese tránsito acelerado entre funciones políticas y judiciales, y viceversa –lo que se conoce como “puertas giratorias”– y los riesgos éticos que ello conlleva. En actas del Congreso consta que, desde noviembre del 2015, el diputado Jorge Arguedas Mora, del Frente Amplio, dudó de la idoneidad: “Celso Gamboa aparece como la estrella, y nunca ha sido juez, siempre ha estado en la Policía”. En contraste, se exaltaron sus discursos contra el narcotráfico y su disposición a “arriesgar la vida”. La narrativa de funcionario casi heroico pesó significativamente.
Así, entre más de 20 aspirantes, la Comisión de Nombramientos lo incluyó en la terna enviada al plenario. El hoy magistrado penal Rafael Segura Bonilla, quien concursó en ese momento, está convencido de que Gamboa fue electo por “amigazgos políticos evidentes” y recordó que los diputados no valoraron la experiencia ni criterios objetivos, e incluso ignoraron el llamado de jueces a elegir a alguien con trayectoria en la judicatura.
El acta del día de la elección registra que, minutos antes de llevarse a cabo, el diputado Carlos Hernández Álvarez, del Frente Amplio, advirtió sobre el peso de los contactos y las amistades, a partir del testimonio de una magistrada. Contó que en un primer concurso ella se limitó a enviar el currículum y no fue elegida. Para el siguiente proceso, entendió “que aquí el asunto era otro: venir, conversar, llamar al amigo del amigo y hablar con los diputados, porque, si no, no queda”.
Ese problema ya lo advertía el Informe Estado de la Justicia 2015, que cuestionó el cabildeo de candidatos ante diputados, la influencia política y evaluaciones poco consistentes. También puso en entredicho las entrevistas, con base en lo que denunció un excandidato: “Me correspondió casi de último, un viernes. Ningún diputado me hizo preguntas; unos se veían cansados y otros distraídos”. La entrevista, no obstante, es uno de los filtros más rigurosos, pues es ahí donde se evalúan la independencia de criterio, la solidez ética, la capacidad de razonamiento jurídico y el carácter del aspirante frente a presiones.
Lo esencial, entonces, es que los próximos diputados no pierdan de vista que la elección de magistrados es de crucial importancia porque la Corte Suprema dirige el gobierno judicial, nombra a las más altas jerarquías del sistema, administra recursos millonarios y actúa como árbitro final en conflictos que pueden involucrar a los propios poderes del Estado. En una coyuntura en la que cada vez más decisiones públicas terminan en los tribunales, su papel como contrapeso democrático resulta determinante.
Es cierto: ningún sistema es infalible y siempre existirá el riesgo de que una persona traicione la confianza depositada en ella. Pero, precisamente por eso, los filtros deben ser más rigurosos, no más laxos; más técnicos, no más políticos; más exigentes, no más complacientes. Bajo estos criterios, la próxima Asamblea tiene la obligación de demostrar que el país aprendió la lección.
