EscucharEl proceso de extradición de Celso Gamboa Sánchez representa una prueba para la solidez del Poder Judicial y, a la vez, para la reforma al artículo 32 de la Constitución Política que, por primera vez, permitiría la extradición de costarricenses por delitos graves como el narcotráfico internacional o terrorismo.
Es todo un reto, porque el sistema judicial no solo debe interpretar, sino también aplicar un renovado marco legal derivado de esa modificación a la Carta Magna y su articulación con la Ley de Extradición, de 1971, y el Tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos, de 1982. Esto exige a magistrados y jueces actuar con coherencia normativa, respeto la jerarquía constitucional y el control de convencionalidad, a fin de garantizar la legitimidad del proceso.
Este nuevo marco normativo enfrenta el despliegue de una estrategia procesal del exministro de Seguridad, ex fiscal general adjunto y exmagistrado penal orientada a impedir –o al menos ralentizar–, por todos los medios legales, su traslado a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico internacional.
A lo largo de las seis semanas posteriores a su detención, el lunes 23 de junio, su defensa ha presentado una batería de nueve acciones tendientes a deslegitimar la posibilidad de extraditar costarricenses, al tribunal unipersonal que lleva el caso, o impugnar las condiciones de la reclusión provisional.
Solo ante la Sala Constitucional, acumula seis gestiones distintas: dos acciones de inconstitucionalidad, dos habeas corpus y dos recursos de amparo. De estas, tres han sido rechazadas. Paralelamente, ante el Tribunal de Juicio de San José, solicitó su excarcelación y recusó al juez a cargo del proceso, sin éxito en ninguno de los casos. A esto se suma la presentación de una denuncia penal cuyo contenido no es público.
En un claro mensaje jurídico, los magistrados rechazaron de plano la primera acción de inconstitucionalidad contra la reforma que, desde el 20 de mayo, permite la extradición de nacionales, al determinar que la gestión incumplía requisitos formales, como la acreditación de una representación válida de las personas supuestamente afectadas.
Luego de ese revés, el 29 de julio, la defensa de Gamboa interpuso una nueva acción en la que argumenta que la reforma es incompatible con normas del derecho local e internacional, en particular con los principios de no regresividad, de soberanía, el derecho a no ser desarraigado de la patria y la prohibición de retroactividad.
También están pendientes de resolución otros dos recursos. Uno alega exposición a tratos crueles e inhumanos en prisión. El segundo cuestiona a agentes del Organismo de Investigación Judicial por la supuesta retención ilegal de su teléfono celular sin orden judicial, el cual fue entregado a la Administración para el Control de Drogas (DEA). Gamboa reclama que, en caso de que las autoridades estadounidenses hayan accedido a la información contenida en el teléfono, se garantice que esta no será utilizada en su contra en ningún proceso penal o de extradición, por considerar que fue obtenida de forma irregular y en violación al debido proceso.
Su estrategia se ha centrado en cuestionar la viabilidad constitucional y legal de extraditar a costarricenses, más que en desvirtuar el fondo de la acusación formulada en su contra. El 11 de julio, un gran jurado del Distrito Este de Texas lo imputó formalmente por supuestamente conspirar para “fabricar y distribuir cocaína” que sería llevada a Estados Unidos, cargo que tiene una pena mínima de 10 años de prisión.
Precisamente, mientras cumple detención provisional en la sección de Máxima Seguridad de La Reforma, la Dirección de Adaptación Social –adscrita al Ministerio de Justicia y encargada de la administración del sistema penitenciario– también ha respondido con rigor técnico a los intentos del extraditable por alterar sus condiciones carcelarias.
Desde el inicio se le denegó su solicitud de traslado a un penal en Cocorí, Cartago, sustentada en un certificado médico que reporta 10 padecimientos, pero firmado por un profesional investigado por presunto tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales en el Caso Turesky.
A este elemento se suma una advertencia de la Embajada de Estados Unidos, que clasifica a Gamboa con alto riesgo de fuga. Los magistrados de la Sala IV constataron, al rechazar el último habeas corpus, que hasta ahora no hay vulneraciones a los derechos de defensa, privacidad de las comunicaciones y dignidad humana.
Este es, sin duda, uno de los casos más determinantes que enfrenta el Poder Judicial, no solo porque implica a un exmagistrado y exfiscal acusado de narcotráfico, sino porque constituye la primera aplicación de una reforma constitucional diseñada para cerrar históricos portillos a la impunidad.
Hasta el momento, la respuesta institucional ha sido firme, técnica y apegada al derecho. Pero para que esta transformación legal sea efectiva, también se requiere agilidad procesal. La justicia también debe ser oportuna. Solo así se consolidará la credibilidad del nuevo marco jurídico y se fortalecerá la solidez del Estado de derecho.
