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La muerte de Sebastián Barrantes Solano, estudiante de 22 años, quien estaba a un semestre de graduarse como ingeniero informático, no puede quedar solo como “otro deceso más” provocado por un bus sin frenos que invade el carril contrario y le arrebata la vida al conductor de un vehículo.
Los accidentes de autobuses son ya demasiados para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) continúe como un simple espectador.
El 4 de julio, una señora de 69 años murió en la ruta 32, a seis kilómetros de Limón, al volcar el bus en que viajaba luego de que este chocara con un tráiler estacionado. La víctima venía de un encuentro religioso en una iglesia local. El 26 de marzo, otro bus sin frenos embistió a dos automovilistas en el peaje de Escazú. El 13 de noviembre de 2024, una unidad con 26 pasajeros se incrustó en una casa vacía después de sufrir averías en una pendiente en Cinco Esquinas de Aserrí. No solo tomó gran velocidad, sino que chocó contra un taxi, se saltó una señal de alto y, por pocos metros, no atropelló a un ciclista, como lo registró una cámara de seguridad.
Si no son accidentes por fallas en los frenos, son incendios los que ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Solo el año pasado, 26 buses ardieron en llamas y el antepasado, 39. ¿Es eso normal o ya hasta los propios ciudadanos lo asumimos como tal? No debería serlo, pues estas unidades se someten, al menos cada semestre, a las revisiones técnicas de la empresa Dekra. Hasta ahora, tales controles vehiculares no garantizan la ausencia de averías, pero, sin duda, han reducido los riesgos.
Una de las mayores tragedias por falla mecánica ocurrió el 20 de octubre de 2016, con la muerte de 15 personas, la mayoría pensionados de la Universidad Nacional, que cayeron a un guindo en Cinchona. Una falla en la caja de cambios y aparente “negligencia” del chofer, según el OIJ, le impidió controlar la velocidad en una pendiente, pese a que esa unidad había superado la prueba siete meses antes.
El bus que mató a Sebastián, la tarde del domingo 3 de agosto, en la Costanera Sur, a 300 metros de la entrada a Villa Caletas, en Tárcoles, también había aprobado la prueba. Desde 2022, cuando venció su vida útil para dar servicio público, porta placa de uso particular, supuestamente para una escuela de fútbol.
El dramático video grabado por un conductor mostró que el accidente pudo cobrar más vidas, incluyendo las de los 28 niños de un equipo de fútbol que iban a bordo luego de haber jugado un partido en Parrita. Al bajar una pendiente con curva a gran velocidad, el autobús amarillo invadió el carril contrario, estuvo a punto de colisionar por detrás con un camión cisterna e impactó cinco vehículos. A uno lo lanzó a un precipicio de 50 metros, aunque sus ocupantes sobrevivieron; el que conducía Sebastián, quien iba con su hermano, quedó totalmente destrozado.
Lo grave sería que, antes de salir de Parrita, el chofer habría intentado reparar una falla, supuestamente en los frenos, relató Roberto Barrantes, padre del joven fallecido: “Como él no podía regresarse y tenía problemas con los frenos, se arriesgó”, dijo.
El gobierno, el MOPT, el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no deben esperar más muertes para garantizar la seguridad de los 1,6 millones de pasajeros que, en promedio, se movilizan a diario en buses en todo el país. Más aun cuando es bien sabido que Costa Rica registra la tasa de muertes en carretera más alta entre la treintena de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 18 por cada 100.000 habitantes, seguida por Colombia, con 16, y Estados Unidos, con 12.
En el caso de los buses, es necesario aumentar la vigilancia en carreteras para que choferes y unidades circulen con los permisos al día. Esto resultará imposible mientras haya solo 682 policías de tránsito en todo el país, distribuidos en cuatro turnos (170 por turno). Le corresponde al Poder Ejecutivo gestionar los recursos para financiar más plazas.
Igualmente, el MOPT debe someter a una profunda revisión los parámetros para autobuses establecidos en el Manual de Procedimientos para la Revisión Técnica de Vehículos, con el fin de determinar cuáles requieren actualización. Por ejemplo, es necesario debatir si dos revisiones por año son realmente efectivas o si conviene aumentar esa cifra. También es vital discutir la implementación de criterios más rigurosos y exhaustivos para revisar los sistemas de frenos, así como los sistemas eléctricos y las conexiones de combustible que provocan la mayoría de los incendios.
Las muertes de Sebastián y de la señora que regresaba de un culto religioso son razón suficiente para revisar y reforzar los controles técnicos, aumentar la vigilancia en carretera y cerciorarse de que cada autobús que circule esté en óptimo estado. Así lo exigen las vidas de los usuarios de buses y las de los conductores que comparten la vía con estas unidades de transporte.
