EscucharUna serie de datos dados a conocer durante los últimos meses revelan que el país padece una espiral de deterioro en la disponibilidad, calidad y financiamiento de viviendas para personas de escasos recursos. Todo indica que ya estamos a las puertas de una crisis, con lo mucho que ello implica.
Vivir en condiciones físicas razonablemente dignas y en espacios urbanos adecuados para la convivencia es esencial, no solo para proteger la dignidad e impulsar la calidad de vida de las personas, sino también para fomentar la cohesión social, reducir los riesgos de delincuencia y hasta mejorar la salud física y mental. De ahí su importancia y, junto a ella, la relevancia de políticas públicas para crear tales condiciones. Sin embargo, todo indica que nos movemos en sentido contrario. Y si a esta marcha atrás se suma el debilitamiento generalizado de las iniciativas estatales de desarrollo social, el panorama resulta aún más preocupante.
La más reciente señal de alarma proviene de la investigación Radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), en alianza con la Universidad Hispanoamericana y la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Según revela, entre julio de 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%. Curiosamente, parte de este incremento se produjo en regiones donde, según la última encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se ha reducido la pobreza.
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Entender la aparente paradoja es difícil. Entre las explicaciones pueden estar que esa baja en la pobreza se debe a una mejora temporal en ingresos, difícil de sostener, y que no ha impactado de forma sustantiva en la calidad de vida; también, que se debe sobre todo a la disminución estadística de la inflación. Esto implicaría –para usar palabras del exministro de Hacienda Elian Villegas– que no fue que esos hogares “pasaron por encima de la línea de pobreza”, sino que esta pasó “por debajo de ellos” y, por ende, no han superado su condición.
En todo caso, lo preocupante, desde el punto de vista humano y social, es que, en el período estudiado, las viviendas en precario crecieron de 14.335 a 20.611. Peor aún, el deterioro no ocurre en un vacío.
Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), revelados en febrero del pasado año, en 2022 y 2023 se tramitaron, para construcción, la menor cantidad de metros en vivienda social desde que se llevan esas estadísticas. En esos mismos dos años, la cantidad de bonos de vivienda bajó de un promedio de casi 12.000 entre 2017 y 2021, a poco más de 8.000, con impacto significativamente mayor en la región central del país, donde se reporta el mayor déficit habitacional. Esta caída refleja la reducción en las transferencias para tal fin realizadas al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) por el Fondo de Desarrollo Social y asignaciones Familiares (Fodesaf). Pasaron de ¢120.700 millones en el 2020 a ¢97.200 millones tres años después, casi 20% menos
En diciembre pasado, otro estudio, realizado en conjunto por el CFIA, el Instituto Tecnológico (TEC) y la Universidad de Costa Rica (UCR), titulado Balance y tendencias del sector vivienda 2023, dio a conocer que 137.000 familias habitan en viviendas en muy mal estado, y que la mayoría de ellas requieren reparación total. Aunque representan un porcentaje relativamente bajo del total (7,7%), el número absoluto es significativo. Además, un 34% fueron identificadas en estado “regular”, con posibilidades de mayor deterioro si no se producen mejoras.
Esta investigación también reveló que los bonos se han distribuido de manera muy desigual: en la región central, donde se concentra el 71% del faltante de vivienda y el 65% de los asentamientos informales, solo se otorgó el 25,7% de los bonos.
El agregado de estos factores debe preocuparnos a todos. Basta, para hacerlo, con lo que revelan en sí mismos sobre el deterioro habitacional y urbano, con las consecuencias ya apuntadas. Pero, más grave aún, son una de muchas señales sobre el significativo deterioro de la política social del gobierno.
La falta de recursos no puede aducirse como justificación del retroceso, porque los programas para abordar retos tan grandes deben tener prioridad sobre otros menos necesarios. El gran problema es una falta de dirección estratégica de la acción estatal, que se refleja también en otros campos. Mientras esto no cambie, será casi inevitable que el deterioro se acelere aún más.
