La fusión del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) parece la más lógica de las transformaciones en el Estado costarricense. La idea, resucitada por el presidente Carlos Alvarado al final de su mandato, no es novedosa. El propio mandatario la había planteado con anterioridad y ha sido tema de debate en otros ámbitos. No obstante, falta quien le ponga el cascabel al gato por encima de las resistencias burocráticas y los intereses creados.
El plan CERRAR del exdiputado Ottón Solís, contemplaba el cierre y reubicación de dos de las tres instituciones. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) se refundiría junto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) en un Ministerio de Asistencia Social (MAS). La nueva entidad también tendría a su cargo el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Por otra parte, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) se haría cargo de las tareas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). El esquema lo completaba el traslado de las funciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El plan cayó en el archivo del Congreso por falta de votos para mantenerlo vigente en la agenda. Los diputados aprobaron el cierre del Fonabe, cuyas funciones pasaron al IMAS, pero no se avanzó más. Hay espacio para debatir si la propuesta de fusión de Alvarado conviene más que la distribución de funciones del sector de la vivienda planteado por Solís, pero el denominador común de las iniciativas es el reconocimiento de la duplicidad de funciones e ineficiencia del diseño actual.
Solís creía posible ahorrar ¢60.000 millones para invertirlos mejor en la lucha contra la pobreza. Alvarado no hace una estimación similar y su iniciativa deja por fuera otras instituciones contempladas por la de Solís, pero se manifiesta seguro de una mejoría de la eficiencia y gobernanza del sector de la vivienda. También anunció la voluntad de aprovechar sus últimos tres meses de mandato para lograr la reforma o, cuando menos, dejarla planteada.
Si se lograra reestructurar las instituciones dedicadas al desarrollo de vivienda, la ganancia no sería exclusiva del sector. La reforma sentaría un precedente y dejaría una ruta para emprender modificaciones urgentes en otros ámbitos del Estado. En el área de lo social, la clave podría estar en el planteamiento inicial de Solís, cuya promesa siempre fue reinvertir lo ahorrado en impulsar los mismos objetivos, con mayor eficacia.
En tiempos de estrechez fiscal, ese planteamiento despierta dudas pero, cuando se piensa en lo que el país podría lograr si gasta los mismos recursos con mayor eficiencia, es decir, con menos desperdicio, la idea es tentadora. La inversión social costarricense es cuantiosa pero no logra la eficacia esperada pese a los avances conseguidos en los últimos años. Todo el sector podría beneficiarse de una revisión de sus estructuras para ejecutar las reformas que sean necesarias, como las propuestas por el mandatario para el sector de la vivienda.
La idea de reinvertir lo ahorrado podría mejorar la viabilidad política de la transformación. Es difícil argumentar contra la posibilidad de ofrecer más vivienda mediante la reducción del desperdicio. Los partidos políticos deberían tomar la palabra al mandatario y coadyuvar en el esfuerzo de dejar la reforma encaminada.
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