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En Puntarenas, cada aguacero es una amenaza y cada marea alta, una angustia. La excesiva sedimentación del estero de 8 kilómetros de largo que corre paralelo a la ciudad no solo obstaculiza la navegación de las lanchas pesqueras –fuente de alimento y trabajo–, sino que, además, provoca inundaciones de casas y comercios. Es como dormir junto al enemigo, porque la madrugada del 5 de octubre ocurrió algo nunca visto en 40 años: los vecinos de Fray Casiano despertaron a las 2 a. m. con el agua rozando el borde de sus camas.
Una de ellas, Tatiana Guevara, se asomó a la ventana y no distinguió aceras ni alcantarillas. Con la luz del día, caminando en botas por su casa, comprobó que se arruinaron la refrigeradora, la cocina, el microondas, la computadora de su hija y hasta el horno con el que hacía repostería para vender, como relató la periodista Natalia Vargas en el reportaje “Los sedimentos del estero de Puntarenas alcanzan para crear una isla artificial”, publicado el 24 de octubre.
El problema es de años y la solución sigue estancada. Aunque, desde 2010, la Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Puntarenas el mantenimiento y dragado, el gobierno local alega que le toca hacerlo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Y el MOPT responde que el decreto 34551-MOPT, de 2008, encarga el mantenimiento al gobierno local. Ese decreto, sin embargo, no asignó presupuesto.
Como no se hace nada, hay tramos del estero que pueden cruzarse a pie si la marea lo permite, porque la profundidad si acaso llega a un metro. El agua no fluye naturalmente. En 2006, aun con problemas, un estudio describía un canal de un kilómetro de ancho y entre 3 y 5 metros de profundidad en marea baja. El cambio es radical.
En medio de esa incertidumbre, mientras unos y otros se pasan la responsabilidad, el costo de las obras sigue subiendo. Hace 15 años se estimaba en $5 millones y hoy supera los $12 millones (¢6.000 millones), equivalentes a poco más de la mitad del presupuesto municipal de este año (¢11.045 millones).
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Por eso, sería iluso cargar toda la responsabilidad sobre un gobierno local cuyo presupuesto se queda corto para una intervención de esta envergadura. El dragado es una obra mayor, con riesgos y beneficios de escala regional al exigir estudios de impacto ambiental rigurosos, batimetrías (profundidad) actualizadas, diseños hidráulicos, planes de manejo de sedimentos y, sobre todo, una gobernanza que trascienda administraciones.
Estamos ante una intervención que, mal hecha, podría redistribuir contaminantes finos, erosionar manglares y agravar el problema en pocos años. Bien hecha, recuperaría la capacidad hidráulica, reduciría riesgos de inundación, reactivaría la pesca, el comercio y el turismo, y devolvería a la ciudad una relación sana con su estuario.
En consecuencia, el debate estéril sobre “a quién le toca”, debe terminar. Por la magnitud de la tarea, le corresponde a la Municipalidad de Puntarenas asumir el liderazgo, comenzando por mover al Gobierno Central a convocar un acuerdo vinculante entre las múltiples instituciones que deben atender este problema, poniendo al MOPT en el primer lugar de la lista.
También deben involucrarse el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pues no solo hay que evaluar el proceso, sino la gestión de los sedimentos que, como informamos, alcanzan para crear una isla artificial. Igual de necesaria es la participación del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), que podría destinar parte de sus ingresos por concesiones al financiamiento.
Una opción en estudio es que el MOPT adquiera una draga anfibia multipropósito que costaría $4 millones, aunque depende de que el monto sea aprobado en el presupuesto de 2026. La mala noticia para los puntarenenses es que la prioridad uno de esa maquinaría sería atender los canales de Tortuguero, en Limón, que también afrontan una grave sedimentación. Es decir, la espera será larga.
No obstante, insistimos: la Municipalidad de Puntarenas debe ser proactiva. Antes de cualquier dragado, se requiere un estudio de impacto ambiental, también costoso, por lo que debe gestionar de inmediato su financiamiento y ejecución. Es momento de poner la “primera piedra” pues si hay algo notable es la falta de acciones, como señaló la Sala IV en 2010 al señalar que el problema era “conocido desde hace varios años” y que los planes de dragado no pasaron del papel.
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No es momento para más excusas. Si existe una sentencia firme que obliga al municipio a mantener el canal, debe hacerlo de inmediato, con el respaldo del Gobierno Central. Seguir postergando la acción es prolongar la vulneración de derechos fundamentales de los puntarenenses, como su libertad de comercio y tránsito, su derecho al trabajo y a una vida digna. Se trata de un acto de justicia con una ciudad que, literalmente, por la indiferencia, está expuesta a quedar bajo el agua.
