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El pasado viernes, a las 11:59 p. m., una virtual guillotina cayó sobre gran cantidad de emisoras de radio y televisión del país. En ese momento se cerró el plazo establecido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para participar en la subasta destinada a asignar casi un centenar de frecuencias radioeléctricas. Incapaces de cumplir con las tarifas de entrada, además de otros onerosos requisitos, muchas de ellas decidieron no participar.
A menos que haya un cambio en las reglas del juego, sus voces y su música se acallarán para siempre. El golpe contra la diversidad de fuentes de información, opinión, discusión, orientación, educación, guía espiritual y entretenimiento será enorme. Como consecuencia, habrá un claro deterioro de la libertad de expresión, que incluye contar con opciones comunicativas múltiples e independientes. Su impacto será peor sobre las regiones y grupos que carecen de suficientes recursos para llenar el vacío que se generará cuando desaparezcan las estaciones gratuitas de las que tanto dependen.
La variedad de canales de televisión y emisoras de radio que quedaron fuera de la subasta es muy amplia. Este lunes, la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), reveló que sus 58 afiliados decidieron no participar en el proceso. A estos se unen otros que no forman parte de la agrupación gremial. La Sutel, por su parte, confirmó que solo se habían recibido 25 ofertas.
Los ausentes incluyen grupos comerciales de larga trayectoria y alcance nacional, como Columbia y la Cadena Radial Costarricense; entrañables estaciones de perfiles muy específicos, como radio Sinfonola, y hasta televisoras de reciente aparición, pero con respaldo económico, como ¡Opa! Sin embargo, los servicios más afectados son los de alcance regional, vocación comunitaria, orientación cultural o matiz religioso, casi todos sin fines de lucro.
Es decir, así como el público más afectado será el de menores recursos, las emisoras más perjudicadas serán las de orientación social. En cambio, empresas exitosas, con suficiente capacidad económica y audiencias con capacidad para suscribir servicios de cable y plataformas digitales, sí han decidido participar. La gran inequidad del proceso salta a la vista.
Su origen más inmediato y directo se remonta a junio del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo debió solicitar a la Sutel que realizara un concurso público para la asignación de frecuencias de radio y televisión, el primero en nuestra historia. Ya para entonces, debido a una falta de previsión gubernamental e intentos fallidos de manipulación política, a muchas de ellas se les habían vencido las frecuencias, que fueron renovadas provisionalmente y por breve plazo. Pero el nuevo marco legal vigente ordenaba un modelo transparente y competitivo para asignarlas; es decir, un concurso público.
Los mejores principios y prácticas internacionales en la materia, destinados a proteger la libertad de expresión y establecer un adecuado balance entre las dimensiones comerciales y sociales, son claros.
Por ejemplo, en 2010 la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), dispuso que en los concursos para asignación de frecuencias los criterios económicos no deben convertirse en factores excluyentes; también, que es imperativo reservar espectro tanto para medios privados y públicos como comerciales.
La Sutel desconoció estos principios. No separó franjas para medios sociales, culturales, comunitarios y sin fines de lucro, salvo aquellos con protección legal, como los de la Universidad de Costa Rica. Además, los umbrales monetarios tan elevados para distintas categorías de emisoras se convirtieron en un claro factor discriminatorio.
Ante el generalizado y justificado descontento que ha desatado este proceso –activado por el Ejecutivo, pero manejado por Sutel–, el presidente Rodrigo Chaves comunicó que se “referirá” al asunto y convocará a los dirigentes de emisoras religiosas, para “encontrar soluciones a cualquier inquietud legítima” de su parte. Está muy bien que reaccione; sin embargo, debemos tomar en cuenta dos cosas: primero, las malas condiciones del proceso no afectan solo a emisoras religiosas; segundo, cualquier cambio que se llegue a introducir no podrá tener carácter casuístico, sino general, y seguir una ruta jurídicamente sólida.
Lo que corresponde, más bien, es buscar una vía legítima que permita rediseñar el modelo y cambiar los criterios de la subasta. Es algo que propuso ayer la Conferencia Episcopal. En esencia, debería procederse a un nuevo concurso, bajo estándares como los que hemos mencionado, para que los factores comerciales y sociales encuentren adecuado balance, con absoluto respeto a la libertad de expresión.
