EscucharLa devastación de 79 hectáreas de bosque para construir un residencial en el corredor biológico Paso La Danta, en Savegre de Quepos, es una tragedia ambiental que retrata la permisividad e inoperancia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Si realmente aspiramos a ser un país verde, el desastre ambiental en Savegre debe marcar un punto de inflexión que nos obligue, como sociedad, a replantear a fondo el papel y funcionamiento de la Setena. Solo así será posible restituir la credibilidad de esta entidad, que se ve comprometida por permisos que se apartan del mandato establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente, de 1995, que le asigna la función de armonizar la protección ambiental con los procesos productivos.
La cadena de anomalías se oficializó en diciembre de 2022, cuando funcionarios de la entidad otorgaron la viabilidad ambiental al proyecto Clayton Friends of Portalón. La licencia garantizaba que el residencial se ejecutaría de forma sostenible y conforme con la normativa ambiental, pese a que cuatro advertencias oficiales señalaban que el terreno estaba cubierto de bosque y atravesado por la quebrada El Salto, catalogados como ecosistemas frágiles.
Era imposible que los funcionarios de la Setena no lo supieran porque es un terreno equivalente a 195 canchas de fútbol, como lo reveló La Nación, este 20 de mayo, en un reportaje de los periodistas Natasha Cambronero y Esteban Oviedo.
A pesar de la magnitud del proyecto, se permitió que el trámite siguiera su curso sin realizar una inspección de campo y confiando únicamente en una constancia emitida por un ingeniero forestal contratado por la propia empresa desarrolladora. Resulta inaudito que tampoco solicitaran un criterio técnico al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a pesar de que así lo recomendó la Municipalidad de Quepos.
El resultado fue un grave daño ambiental que hoy es objeto de investigación por parte de la Fiscalía ante la presunta comisión de delitos como tala ilegal, cambio de uso de suelo, usurpación de aguas, destrucción de vegetación en zonas protegidas y falsedad ideológica.
Lo sucedido lleva a preguntarse para qué sirven funcionarios con responsabilidad ambiental, si ignoran mapas oficiales y advertencias técnicas de otras instituciones. Es imprescindible que, luego del proceso judicial, el país conozca nombres y apellidos de quiénes autorizaron la devastación que desacredita a la entidad.
Esa falta de rigor expone las vulnerabilidades de la Setena, entre ellas, a la corrupción, un riesgo de que alertó la Contraloría General de la República desde agosto de 2022. En el informe DFOE-SOS-IF-00008-2022, el órgano contralor descubrió “prácticas poco adecuadas”, como la designación de representantes de la misma institución o empresa solicitante de la viabilidad ambiental como revisores del expediente; la concentración de trámites de un mismo desarrollador en manos de pocos funcionarios y la ausencia de rotación sistemática de labores. Incluso reveló que la Setena nunca había considerado formalmente el riesgo de corrupción en sus procesos de evaluación.
Reformar la Setena es, sin duda, una tarea apremiante si se quiere evitar el colapso del modelo ambiental costarricense. Mantener su esquema expone al país a decisiones que podrían anteponer intereses privados al bien común y a la sostenibilidad que tanto pregonamos. La reforma debe garantizar, como mínimo, la actualización integral de las normas y procedimientos con el fin de que no sean tan permisivos y, además, cerrar los espacios a la corrupción apuntados por la Contraloría.
Asimismo, es indispensable eliminar los portillos que permiten conflictos de intereses en las revisiones técnicas, establecer la rotación sistemática del personal, aplicar evaluaciones periódicas de desempeño y hacer obligatorias las inspecciones de campo. Además, debe valorarse seriamente la creación de una unidad externa de auditoría ambiental que vigile el cumplimiento riguroso del marco normativo.
Es importante dejar claro que la solución no pasa por reducir la autonomía técnica de la Setena ni por concentrar aún más su poder en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), como proponía el Proyecto de Ley Fortalecimiento de Competencias del Minae, presentado por el gobierno en junio de 2022. Lejos de resolver los problemas actuales, una iniciativa de ese tipo solo agravaría la situación al politizar las decisiones ambientales que deben mantenerse bajo criterios técnicos e independientes.
En la transformación de la Setena, el Poder Legislativo tiene una responsabilidad crucial. Lo deseable es que los diputados exijan al Ejecutivo acciones precisas y responsables, y que impulsen cambios para garantizar la independencia técnica de la institución y el apego a criterios profesionales.
Debemos comprender que una reforma profunda de la Setena no representa una amenaza a su autonomía, sino la única vía para recuperar su legitimidad, proteger honestamente nuestros ecosistemas y garantizar que jamás se vuelva a otorgar un permiso que autorice daños al ambiente en nombre del desarrollo.
