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Es más fácil construir una celda que financiar una escuela. Esa es la lógica que, al parecer, el gobierno anterior nunca quiso ver o prefirió ignorar, y que, aparentemente, la nueva administración ha heredado sin cuestionamiento alguno.
Políticamente, tiene más brillo anunciar una megacárcel que sostener un comedor escolar. Y, desde luego, es mucho más fotogénico inaugurar muros de concreto de alta seguridad con Nayib Bukele al lado que explicarle a la ciudadanía por qué hay 4.500 niños en lista de espera para entrar a la Red de Cuido.
Los datos de un reportaje que publicamos el 6 de junio anterior son de una elocuencia que no da margen a la duda. La inversión social del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cayó en 2025 a su nivel más bajo en cinco años: ¢186.964 millones, una reducción de casi ¢16.000 millones respecto al año anterior.
El presupuesto total del IMAS se contrajo un 9,7% entre 2024 y 2026. Todo esto ocurre mientras la cantidad de beneficiarios de sus programas –Red de Cuido, Avancemos, Prestación Alimentaria y Asignación Familiar–, creció en más de 14.000 personas tan solo en el último año. Más demanda, menos recursos. Esa parece ser, en síntesis, la política social del proyecto político que acaba de renovar su mandato.
Y mientras tanto, el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), la megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, se construye en terrenos de La Reforma con un costo de ¢21.000 millones. La presidenta Laura Fernández lo anuncia con orgullo como uno de los ejes centrales de su gobierno.
La paradoja es que la población penitenciaria que va a llenar esa cárcel, y quizá otras más, la está fabricando el propio Estado al desfinanciar sistemáticamente las redes que evitan que los jóvenes más vulnerables caigan en la órbita del crimen organizado.
No es una hipótesis ideológica, sino la advertencia que economistas y criminólogos han repetido hasta el cansancio: que la pobreza extrema sin atención estatal opera como el principal proveedor de mano de obra barata para las estructuras del narcotráfico.
Un adolescente sin acceso a la educación, sin red de cuido, sin beca, sin comedor escolar, es exactamente el perfil que reclutan las organizaciones criminales. El Estado que recorta al IMAS no está siendo austero ni responsable; está siendo miope. Y esa miopía tiene un precio, aunque siempre se pague después, en otro presupuesto y bajo otro rubro, sea Justicia, Seguridad o sistema penitenciario.
El exministro de Hacienda Elian Villegas lo formuló con mucha precisión: “Lo que no invirtamos hoy lo vamos a tener que gastar en el futuro”. La diferencia es que el gasto futuro no solo es mayor en términos económicos, sino infinitamente más costoso en términos humanos.
Una plaza en el Cacco no rehabilita a nadie ni devuelve lo que la calle ya cobró. Un cupo en la Red de Cuido, en cambio, puede cambiar una trayectoria de vida entera al mantener a un niño dentro del sistema educativo, liberar a una madre para trabajar y cerrar la puerta antes de que el reclutador toque.
Pero la Red de Cuido no da foto, no tiene primera piedra, no convoca a presidentes extranjeros. La espectacularidad del concreto y del discurso de “mano dura” vende más que la invisibilidad de un niño que logra escapar de las garras de la delincuencia.
La aritmética moral del asunto es brutal. Con los ¢21.000 millones destinados a construir el Cacco, habría sido posible compensar de sobra el recorte al IMAS, abrir los cupos que esperan 4.500 niños y fortalecer los programas que hoy operan con recursos decrecientes frente a una demanda creciente. No se hizo. Se eligió la represión sobre la prevención y la celda sobre el aula. Es una elección deliberada de política pública, no una consecuencia inevitable de la restricción fiscal.
El propio Villegas recordó que el gasto social está expresamente exonerado de la regla fiscal, por lo que no hubo imposición técnica que lo impidiera. Simplemente, se decidió no invertir.
Costa Rica abolió el ejército porque entendía que la seguridad real no se construye con armas, sino con instituciones. Esa apuesta, que llevó a redirigir aquel gasto militar hacia la educación y la salud, produjo décadas de estabilidad, movilidad social y desarrollo humano que fueron la envidia de América Latina.
Lo que está ocurriendo ahora es una inversión silenciosa de esa lógica fundacional en que se desmonta la red de protección social mientras se celebra la infraestructura represiva.
No es la seguridad lo que se construye en los terrenos del centro penal La Reforma. Es el síntoma más visible de una decisión política: la que prefiere administrar la pobreza desde las rejas antes que combatirla desde la raíz.
