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Lo sucedido días atrás con la remoción, por parte del Poder Ejecutivo, de toda la Junta Directiva del Banco Nacional es un evento de transcendencia significativa que no puede pasar inadvertido.
Si bien es cierto, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Constitución Política del país le dan la facultad al Consejo de Gobierno para nombrar a los miembros de las Juntas Directivas de los bancos del Estado, también es clarísimo que su remoción solo puede darse respetando los artículos 24 y 25 de dicha ley.
Estos artículos literalmente establecen que, una vez nombrados en sus puestos, los directivos de un banco estatal no podrán ser removidos por el Consejo de Gobierno si no es con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la que se demuestre que dejaron de cumplir sus requisitos de idoneidad, incumplieron deberes, infringieren disposiciones contenidas en las leyes que los regulan, o bien, incurrieron en responsabilidad por operaciones fraudulentas o ilegales.
En ese sentido, la respuesta reciente de la Sugef al vicepresidente Stephan Brunner en cuanto a que no se requiere ningún informe técnico de dicha entidad para remover a los directores de un banco estatal es, en mi humilde opinión, errada e ilegal.
Pero independientemente de este tema, lo más grave es la violación que hace el Ejecutivo de la Constitución Política y la Ley del Sistema Bancario Nacional, del principio fundamental de las entidades autónomas, entre ellos los bancos estatales, en cuanto a su independencia administrativa y de gobierno con respecto al Poder Ejecutivo.
El ordenamiento jurídico vigente define claramente que la atribución del nombramiento o remoción de la Gerencia General del Banco es responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva.
Ya ha pasado mucha agua debajo del puente, para no decir miles de millones de colones perdidos en el pasado, precisamente por la violación de estos principios de independencia administrativa y de no injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones administrativas de nuestros bancos estatales, como para no haber aprendido de la historia. Y ahora se llega a esto por actuaciones berrinchosas del presidente, quien se molestó porque no se atendieron sus supuestas directrices para nombrar en dicho cargo a amigos, personas cercanas o, entre comillas, de su absoluta confianza.
No estamos hablando de “chumicos”. El Banco Nacional es la entidad más grande de nuestro sistema financiero. Maneja activos cercanos a los $17.000 millones y, por tanto, su comportamiento positivo o negativo tiene incidencia sistémica en el resto del sector.
A nivel internacional, los sanos principios de gobierno corporativo de la OCDE y del Comité de Basilea sostienen, como vértice de dicha estructura, la independencia e idoneidad de sus directores, la ausencia de conflictos de intereses –entre ellos, los de carácter político–, así como la libertad y la objetividad para tomar decisiones con criterios propios, pensando en la seguridad y la solvencia de la entidad que representan.
Finalmente, el abrupto nombramiento de una nueva Junta Directiva, sin haber explícitamente validado sus condiciones de idoneidad, experiencia o vínculos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado con otros funcionarios pertenecientes a entidades públicas o competidoras en materia bancaria y financiera, hace que la actuación del Ejecutivo resulte aún más incierta y turbia.
No deja también de causar inquietud que el Banco Central, ente rector del sistema financiero cuya su ley le manda, dentro de sus objetivos, promover la estabilidad de dicho sistema, haya guardado silencio hasta el momento, sobre todos estos acontecimientos de eventual riesgo sistémico.
En un mercado financiero perfecto y tratándose de empresas que cotizan sus acciones en las bolsas de valores, una actuación precipitada y, en mi criterio, ilegal, como la que vimos esta semana, ya hubiese provocado una caída estrepitosa en el valor patrimonial de la entidad.
Para nuestra fortuna, no estamos bajo esas condiciones. Además, el Banco Nacional es una institución financiera sólida con más de 110 años de existencia, y estoy absolutamente seguro de que su alta administración podrá continuar manteniendo la operación sin problemas. Pero la imagen internacional y la reputación de la actuación del Poder Ejecutivo en cuanto a respetar la Constitución Política, la legislación bancaria, la independencia administrativa de los entes autónomos y en general, nuestro Estado social de derecho, nos pone en advertencia del estilo de dirección que caracteriza al presidente Rodrigo Chaves.
José Gerardo Corrales Brenes es economista y exbanquero.
