Costa Rica atraviesa un momento crítico. El costo de vida se encarece a un ritmo galopante. Por primera vez desde el 2009, la inflación interanual sobrepasó los dos dígitos, al ubicarse en el 10,06%. En el supermercado y la carnicería se siente al pasar por el pasillo de los sustos: el área de pago. Solo el costo de los alimentos básicos se disparó un 16% en un año; el del café, un 57%; y ni se diga de los precios de medicamentos o transporte.
Nunca antes habíamos pagado más de ¢1.000 por litro de combustible ni ¢50.000 o ¢60.000 por llenar un tanque de gasolina. Menos, habíamos afrontado un alza de ¢355 en la súper o regular en un año o de ¢500 en el diésel. La ola golpea también a 288.000 hogares que pagan alquileres: un decreto autorizó subirlos hasta un 10%.
De la marejada no escapa el crédito. Las 690.000 operaciones atadas a la tasa básica pasiva (TBP) comenzaron el año pagando un 2,90%, ahora trepó al 4,58%, y se prevén más incrementos. El Banco Nacional lo ejemplificó: para un préstamo de vivienda por ¢50 millones a 30 años, la cuota era ¢330.000 hace dos meses, pero por cada punto que aumenta la TBP el pago sube ¢34.000. Y, desde mayo, la tasa creció 1,68 puntos y la cuota de ese crédito llegó a casi ¢400.000.
Si se suma que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial (y generador de turismo), está al borde de una recesión, el panorama se enturbia porque los estadounidenses contraen gastos, lo cual repercutirá aquí en menos ingresos y empleo.
En esta tormenta perfecta se requiere un gobierno centrado en contener las consecuencias económicas y sociales del “tsunami de destrucción” que podría enviar a otros 70.000 hogares a la pobreza este año (más los 383.000 que ya sufren pobreza).
Lo racional es que el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete se sienten a planear una estrategia, que la comuniquen y coordinen con la Asamblea Legislativa y los sectores. Es momento de bajar del escenario, apagar tanta luz que encandila y pasar del discurso a los hechos.
La lista de retos es enorme, y es una locura creer que con decretos será posible afrontar el maremoto de alzas y sus consecuencias. Aunque sea “engorroso”, es urgente llegar a acuerdos transparentes con los diputados para minimizar las olas del tsunami que se aproxima.
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