Tanto el Poder Ejecutivo como los partidos políticos que pretenden ocuparlo el 8 de mayo, necesitan que se aprueben versiones razonables —o sustitutos adecuados— de los proyectos incluidos en la agenda del convenio con el FMI.
El primero, porque le dará aire para concluir su mandato con cierta holgura fiscal, reclamar el legado de haber puesto orden en las finanzas públicas y mantener la razonable recuperación de la economía. Los segundos, porque si la aprobación de esa agenda no los precede, deberán dedicarse, desde el inicio de sus posibles mandatos, a poner parches para evitar una crisis, desgastarse en nuevas negociaciones y perder precioso tiempo antes de impulsar prioridades sustantivas. Y asumo que, en ambos casos, existe un objetivo supremo compartido: el interés nacional. Porque sería muy grave la implosión del acuerdo.
En vista de lo anterior, gobierno y opositores deben ser muy cuidadosos sobre los extremos a llegar en su pugna, cada vez más cargada electoralmente y, por tanto, proclive a las recriminaciones extremas y pasos en falsos. En un ambiente así, cualquier error de cálculo podría dar al traste con lo poco que se ha avanzado. Y no solo perderían las partes en pugnas, sino todos los ciudadanos.