El presidente Carlos Alvarado llamó la atención sobre los cálculos políticos guiados por la presión de grupos de interés organizados, como los sindicatos del sector público, y la posibilidad de errar dando la espalda a la opinión de la inmensa mayoría de trabajadores del sector privado. El razonamiento parte de la más elemental lógica: los empleados públicos son la minoría, sus salarios se financian con impuestos pagados por los demás y disfrutan de beneficios impensables en el resto de la economía.
La exención del salario escolar es un ejemplo inmejorable. Es un decimocuarto mes de salario, exclusivo para los funcionarios, y está exento del impuesto sobre la renta, del cual no se salva ningún otro trabajador con ingresos superiores a ¢842.000 mensuales. El empleado público puede ganar el doble o más por la misma función y no importa si sus ingresos se cuentan por millones, recibe un pago adicional, exento de tributos.
La contraparte del sector privado, con la mitad del ingreso, menos estabilidad laboral y trece salarios gracias al aguinaldo, difícilmente verá esa exención con simpatía. El amplio apoyo reflejado en las encuestas a la reforma del empleo público es un indicador de ese estado de ánimo. El otro es la indignación generalizada cuando un magistrado o profesor universitario intenta hacerse pasar por “clase media”.
No obstante, varios candidatos presidenciales, comenzando por los dos punteros, aplaudieron la supervivencia del beneficio. La decisión no les garantiza el voto de los empleados públicos, pero corre el riesgo de alienar a la gran mayoría, cada vez menos dispuesta a financiar privilegios.
Doce años de cesantía —solo porque la Sala IV impidió el tope de 20—, el 100 % del salario como subsidio de incapacidad, regímenes especiales de pensiones, millonarios fondos de crédito financiados con dinero público, inamovilidad para todo efecto práctico y un largo etcétera figuran entre los beneficios inalcanzables en el sector privado, cuyos trabajadores vienen notando las diferencias. Ya no es posible hacerlas pasar por “conquistas sociales”.
Al contemplar las generosas ventajas, es justo recordar que en el Gobierno Central trabajan decenas de miles de personas igualmente excluidas de la fiesta. Entre ellas, quienes ganan menos de ¢842.000 ni siquiera se benefician de la exoneración del decimocuarto mes. Tomar partido por la minoría organizada, como bien dijo el presidente, puede resultar un cálculo errado.
agonzalez@nacion.com
Los empleados públicos son la minoría, sus salarios se financian con impuestos pagados por los demás y disfrutan de beneficios impensables en el resto de la economía. Crédito de foto: (Lilliam Arce)
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