
La lentitud es una de la enfermedades que golpean más la credibilidad de nuestro sistema de justicia y, por lo visto, la cura todavía no se encuentra disponible.
Investigaciones eternas, juicios engorroso y sentencias que cambian de sentido al saltar de un tribunal a otro provocan frustración, desesperanza y enojo.
Resulta notorio que el aparato judicial perdió eficiencia debido a la falta de dinero y el crecimiento exponencial y la complejidad de los asuntos que debe resolver. Pero también en todos los niveles falta decisión e ingenio para un mejor aprovechamiento de los recursos.
Falta, además, sensibilidad, pues da la impresión de que el usuario es percibido como un expediente y no como una persona que piensa y siente. ¿Por qué lo digo? En días pasados, La Nación publicó tres historias que ponen en entredicho el principio de justicia pronta y cumplida, y lamentablemente no son los únicos.
Un caso muy doloroso es el de una vecina de Guanacaste que esperó 12 años para que quedara en firme la condena impuesta al hombre que la violó. En tanto, un grupo de pescadores artesanales cumplen 13 años de esperar que los indemnicen por un incendio que consumió las embarcaciones con que se ganaban la vida.
Lo inverosímil en esta historia es que el Estado fue condenado por el incendio en la Base Naval de Puntarenas, pero el pago está congelado en los estrados. Finalmente, la víctima de una supuesta estafa tendrá que esperar, por lo menos ocho años, un campo para que se efectúe el juicio en los Tribunales de Cartago.
O sea, las personas pasan más de una década en vilo por una resolución que tarda en llegar. Esto es inaceptable. Y no solo me refiero a querellantes, sospechosos, testigos y familiares. En el viacrucis también caminan investigadores, abogados, fiscales, jueces y magistrados.
Lamentablemente, no existe una solución fácil para este problema. Muestra de ello son las fallidas iniciativas promovidas en el pasado para reducir la mora judicial.
Tal vez sea momento de escuchar más al usuario, de preguntarle qué dudas tiene, qué ayuda necesita, qué trabas afronta y qué sugiere para agilizar el proceso.
A lo mejor de ese ejercicio, sumado al aporte de cabezas pensantes, surjan ideas para una organización más eficiente. De lo contrario, la justicia seguirá caminando a paso de tortuga.
rmatute@nacion.com
El autor es jefe de información de La Nación.