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La particular vulnerabilidad que tienen adolescentes y jóvenes, periodos que abarcan de los 10 años hasta al menos los 30 años, se deriva de cómo se ajusta cada uno de ellos a los acelerados cambios físicos, psicológicos, sociales y espirituales, todos mediados por sus necesidades emocionales, independientemente de su condición socioeconómica y etnia, y que culminan con su incorporación al mundo adulto.
En este proceso, el acompañamiento activo basado en el afecto, la protección, la fijación de límites de los referentes significativos adultos –llámense padre, madre, cuidador, docente o cualquier otra persona con quien el adolescente y, con frecuencia, el joven pasen un tiempo importante– son esenciales para garantizar un tránsito existencial seguro y de calidad. Debe entenderse lo anterior como el sentirse querido y respetado, y no crónicamente solo, abandonado o amenazado por su entorno.
En este sentido, es evidente que todos los tradicionales sistemas de apoyo y protección de adolescentes y jóvenes se han debilitado: familia, educación, protección, salud y comunidad.
La familia, como primer espacio de socialización, afronta severas dificultades. Por un lado, la pobreza afecta a 390.000 hogares, y de estos, 112.000 se encuentran en pobreza extrema. Además, alrededor del 44% de estos hogares tienen una jefatura femenina exclusiva, lo que se traduce en un mayor riesgo de desempleo, menores ingresos y una sobrecarga de cuidados y tareas para la mujer. En este contexto, la sobrevivencia plantea un debilitamiento para las necesidades, particularmente de los adolescentes.
En niveles socioeconómicos más altos, la competencia y el consumo atentan contra la convivencia familiar y, de nuevo, contra las necesidades emocionales de los adolescentes, que no se llenan con el último celular o videojuego, ni con ropa de marca, ni con viajes ni con el consumo permitido de drogas.
Hablar de lo que ocurre en el ámbito de la educación se ha convertido en un lugar común. Y de tanto repetirlo, ha insensibilizado a la sociedad. Así, ante nuestras narices, continúa el deterioro, probablemente corroborado por el próximo Informe del Estado de la Educación, previsto para ser presentado a finales de agosto.
Las aulas, un ambiente tan importante y determinante para los adolescentes y jóvenes, abandonaron su papel formador más allá de lo académico, y expulsaron sin ningún pudor al 53% de los estudiantes de secundaria. En paralelo, se instauró el deterioro de la calidad educativa, que lo sufren todos los estudiantes, pero particularmente los que logran sobrevivir, terminan secundaria y desean acceder a estudios universitarios sin tener la preparación adecuada.
Si hay un sistema que se ha ensañado con adolescentes y jóvenes es la salud. La atención de este grupo de población, que fue en determinado momento estratégica y cuyo norte era la atención integral de sus necesidades particulares –muy diferentes a las del niño o las del adulto–, se debilitó y se diluyó en la burocracia institucional, al punto de que la cobertura actual en la CCSS no llega al 35%. Atender las necesidades en salud de adolescentes y jóvenes es vital para la calidad de salud de todo un país y eso se dejó de hacer.
Adicionalmente, las respuestas estatales en protección para la población en condiciones de vulnerabilidad adolescente y joven, distan mucho de tener un real impacto positivo. Al menos tres ejemplos confirman lo anterior: que el 40% de los niños y adolescentes escolarizados son pobres; que 180.000 personas de entre 15 y 25 años no estudian ni trabajan, y que 110.000 becas del programa Avancemos se eliminaron.
En esta coyuntura, también las municipalidades han venido teniendo un papel cada vez más desteñido en el fomento del bienestar y la protección de niños y, particularmente, de adolescentes y jóvenes.
Buscando indicadores que de alguna manera reflejen este estado de deterioro del cuido y la protección de adolescentes y jóvenes, uno de los peores y más claros es la violencia.
Violencia en cifras
Desglosemos lo que ocurre en materia de homicidios, suicidios y accidentes de tránsito en la población adolescente (que se extiende de los 10 a los 19 años) y entre los jóvenes (cuya edad está comprendida entre 20 y 30 años).
Consideramos además estas edades porque es tal el nivel de abandono estatal en adolescencia, que lo no resuelto en esa etapa brinca a las edades siguientes y se suma a los nuevos retos y dificultades.
El mejor ejemplo es lo que ocurre en educación, donde el 70% de las personas de más 25 años no termina la secundaria, lo que afecta negativamente la búsqueda y la calidad del empleo, y crea condiciones para que estos jóvenes sean fácilmente reclutados por el narcotráfico.
De acuerdo con los datos de 2023 y 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las muertes violentas impactan de manera particular y significativa a adolescentes y jóvenes.
En relación con los homicidios, en 2023 el total fue de 861. De las víctimas, 791 (91%) fueron hombres, y 70 (9%), mujeres. De 10 a 19 años, hubo 76 víctimas (90% hombres y 10% mujeres), y de 20 a 30 años, hubo 318 personas fallecidas (93% hombres y 7% mujeres). Para el citado año, las víctimas de homicidios de 10 a 30 años representaron un 45,7% del total.
El año pasado, hubo un total de 832 homicidios. De las víctimas, 756 (90,8%) fueron hombres y 70 (9,2%), mujeres. De 10 a 19 años, hubo 92 víctimas (94,5% hombres y 5,5%% mujeres) y de 20 a 30 años, hubo 310 personas fallecidas (92% hombres y 8% mujeres). En 2024, las víctimas de homicidios de 10 a 30 años representaron un 37,2% del total.
En cuanto a suicidios, en 2023 se registró un total de 413. De las víctimas, 339 (82%) fueron hombres y 74 (18%), mujeres. De 10 a 19 años, hubo 41 víctimas (58% hombres y 42% mujeres), y de 20 a 30 años, hubo 112 personas fallecidas (82% hombres y 18% mujeres). En 2023, las víctimas de suicidios de 10 a 30 años representaron un 36,9% del total.
Por su parte, en el año 2024, el total de suicidios fue de 370, de los cuales 299 (81%) correspondieron a hombres y 71 (19%), a mujeres. De 10 a 19 años, hubo 25 casos, y de estos, el 48% fueron hombres y el 52%, mujeres. En el grupo de edad comprendido entre 20 y 30 años, se dieron 103 suicidios (83% de hombres y 17% de mujeres). En ese año, las víctimas de suicidios de 10 a 30 años fueron el 34,5% del total.
Finalmente, para completar el panorama de las muertes violentas, las personas fallecidas en accidentes de tránsito en 2023 fueron 935 (85% hombres y 15% mujeres). De 10 a 19 años, hubo 55 fallecidos (78% hombres y 22% mujeres), y de 20 a 30 años, perecieron 268 personas (88% hombres y 12% mujeres). En el mencionado año, las víctimas de accidentes de tránsito entre 10 y 30 años fueron 328: un 34,5% del total.
El año anterior, el total fue de 855 (87% hombres y 13 % mujeres). De 10 a 19 años, fallecieron 66 personas (85% hombres y 15% mujeres) y de 20 a 30 años, las muertes fueron 251 (88% hombres y 12% mujeres). En cuanto a los fallecidos en accidentes con edades de 10 a 30 años, fueron 317, el 37% del total.
Resumiendo estos datos, se puede afirmar que, en todas las causas de muertes violentas, las personas de 10 a 30 años representan, como mínimo, el 34,5% del total (accidentes de tránsito en 2023), y cuando se habla de asesinatos, el porcentaje sube 48,2% para 2023. Es preocupante que más de una tercera parte de este grupo etario muera inconcebible y tempranamente cada año.
Además, es evidente el salto en el número de muertes violentas entre personas de 10 a 19 años y personas de 20 a 30, donde los casos se triplican o hasta se quintuplican, debido a la desatención ya comentada.
En el mismo sentido, en casi todos los casos de muertes, el porcentaje mayor es de hombres (en el caso de homicidios, supera el 90% del total). En accidentes de tránsito, en promedio, el 75% son decesos de hombres, y en suicidios, en el grupo de 20 a 30 años, los hombres superan el 80%, aunque los porcentajes tienden a ser muy similares entre adolescentes.
Si una persona muere entre 30 y 69 años, por definición es una muerte prematura, de acuerdo con la expectativa de vida de Costa Rica. Y un número significativo de nuestros adolescentes y jóvenes están muriendo antes de llegar a los 30 años, cuando apenas se están planteando un proyecto de vida. ¿Cómo llamar a estas muertes? ¿Muertes por negligencia, por desinterés, por abandono?
Si el indicador de las muertes violentas no genera una reacción estatal, probablemente nunca la habrá. Por ello, es urgente hacer un llamado de conciencia para que, como mínimo, esta grave situación, esté en el debate político.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
