Menciono los tres hechos en un mismo párrafo porque, a pesar de sus diferencias, reflejan algo común: acciones que vulneran el derecho a buscar y difundir informaciones y opiniones.
Los resultados expuestos por la ONU proceden de una investigación realizada entre junio de 2024 y mayo de 2025, sobre la difusión en plataformas digitales de contenidos que incitan directamente al odio y la agresión, o que inducen a prejuicios, discriminación y rechazo contra grupos específicos. Dato “sombrilla”: durante ese lapso, se produjeron 2,1 millones de tales mensajes, 16% más que el anterior.
El capítulo dedicado a Costa Rica en el reporte mundial sobre derechos humanos del Departamento de Estado, resalta la relevancia de nuestro entramado mediático e institucional para la libertad de expresión, pero puntualiza presiones gubernamentales que la afectan.
El embargo preventivo, contra el economista Javier Adelfang, se suma a otro, días atrás, contra el activista ambiental Juan Bautista Alfaro. En ambos, la empresa optó por querellas civiles, donde los umbrales de prueba son menores que en las penales, los efectos pecuniarios pueden ser más expeditos y, por ende, las posibles presiones inhibitorias –aun sin juicio–, mayores.
Tanto los embargos preventivos como los mensajes de odio, sobre todo si estos responden mayoritariamente a acciones estimuladas desde sectores de poder, como ocurre en Costa Rica, constituyen, en el fondo, estrategias de amedrentamiento. Aunque sus orígenes, rutas e intenciones sean muy distintos, la suma acentúa un impacto común: temor a participar en el debate público sobre temas de interés general.
Añadamos un Ejecutivo empeñado en presionar, denigrar y deslegitimar a quienes les incomodan, o a las instituciones que los arropan, y el resultado no admite dudas: un peligroso deterioro democrático.
Correo: radarcostarrica@gmail.com
X: @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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