Un 47% de los hogares costarricenses enfrentó dificultades por falta de dinero o recursos para alimentarse adecuadamente o completar todos los tiempos de comida durante los peores meses de la pandemia que comenzó a golpear al país en marzo de 2020.
Así se desprende del análisis realizado por el Programa Estado de la Nación, con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que fueron recopilados entre julio del 2019 y junio del 2020 por el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Según estos, un 33,6% de las familias consultadas sufrió baja inseguridad alimentaria y un 14% fue calificada como en alta inseguridad alimentaria.
Según el Informe del Estado de la Nación, dado a conocer este martes, la seguridad alimentaria y nutricional se define como “la garantía de que todas las personas tienen acceso a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades y llevar una vida activa y sana”.
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Para llegar a las cifras mencionadas, los investigadores realizaron consultas tales como: si los jefes de hogar se preocuparon al no tener alimentos por falta de dinero, si dejaron de comer alimentos saludables por no tener dinero, si dejaron de comer para que otras personas del núcleo se alimentaran, o si algún miembro de la familia comió menos o sintió hambre y no pudo comer por falta de recursos.
Natalia Morales, investigadora del capítulo social, explicó que los casos donde las personas contestaron que sí a la totalidad de las preguntas fueron los que se clasificaron como en alta inseguridad alimentaria, mientras que los que contestaron al menos tres de las interrogantes de manera afirmativa fueron identificados como con baja inseguridad alimentaria.
Morales añadió que a pesar de que esta es la primera vez que se realiza una medición de este tipo, se evidenció que los datos estaban afectados por la pandemia, pues se recopilaron, en parte, cuando las familias tenían más dificultades económicas por el impacto de la emergencia sanitaria.
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Uno de los hallazgos que lo evidencia es que la carencia de recursos para conseguir alimentos no se relaciona exclusivamente con hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza. De hecho, un 38% de hogares catalogados como “no pobres” también experimentaron algún tipo de inseguridad alimentaria en el período analizado.
“Nos dimos cuenta de que aunque las familias tengan ingresos y superen la línea de pobreza, no garantiza que las necesidades estén cubiertas, porque puede ser que los ingresos estén comprometidos por deudas o sean inestables, entonces algunos meses puede que tengan dificultad para conseguir ciertos alimentos”, explicó Morales.
Otro de los hallazgos relevantes, dijo la investigadora, es que se determinó que la inseguridad alimentaria no estaba 100% vinculada a la carencia de ingresos, sino también se relaciona con la pobreza multidimensional, que no mide ingresos sino condiciones de vivienda o acceso a servicios básicos.
En ese rubro se ubicó el mayor porcentaje de hogares con algún tipo de dificultad para alimentarse adecuadamente, siendo que el 33% se valoró como con inseguridad alimentaria alta y un 42% en baja.
Asimismo, se añade que a pesar de que los hogares en pobreza son los que enfrentan más dificultades para conseguir alimentos, cuatro de cada diez familias catalogadas como en alta inseguridad no cumplían con esta condición.
De acuerdo con el informe, del total de familias en pobreza extrema, el 43% experimentó alta inseguridad alimentaria y el 36% baja, mientras que el 72% de los hogares en pobreza no extrema enfrentó limitaciones asociadas a la falta de dinero u otros recursos para conseguir alimentos suficientes.
Morales explicó que el enfoque de seguridad alimentaria trasciende los alimentos, pues también implica que muchas familias de escasos recursos no tienen la disponibilidad para adquirir una canasta básica balanceada, donde, por ejemplo, podrían resultar como una política pública de ayuda, los paquetes que brinda el Ministerio de Educación Pública a los hogares con hijos en el sistema educativo desde el inicio de la pandemia y que se convirtieron en una medida de alivio para ellos, algunos incluso dependen de este beneficio para subsistir.
Hogares jóvenes y sin estudios
El informe concluye además, que el bajo nivel educativo y el tipo de jefatura o el hecho de vivir en ciertas zonas del país aumentan la probabilidad de que un hogar experimente inseguridad alimentaria.
“La situación más crítica la enfrentan aquellos hogares en los que la persona jefa de hogar no tiene ningún nivel de instrucción, tiene primaria incompleta o no finalizó la secundaria. A lo interno de estos grupos más de la mitad de las familias (66,7%, 59,4% y 57,8%, respectivamente) enfrentaron algún grado de IA (inseguridad alimentaria) en el período bajo análisis”, cita la investigación.
Esa condición también golpea más a los hogares con jefaturas jóvenes o adultos jóvenes, donde un 56% y 50% respectivamente, fueron clasificadas como en algún grado de dificultad para suplir su necesidad de alimentación.
En relación con las regiones, los hallazgos indican que porcentualmente las regiones periféricas como la Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega tuvieron la mayoría de hogares con dificultades para alimentarse. En esas zonas, en más de la mitad de los hogares, uno o más miembros padeció hambre o comió menos de lo necesario.
Sin embargo, en términos absolutos las regiones Central, Huetar Norte y Caribe concentran el mayor número de hogares en alta inseguridad alimentaria.
Además, se observó que, con excepción de la región Brunca, en todas las regiones del país el porcentaje de hogares con jefatura femenina en inseguridad alimentaria supera aquellos que se encuentran en la misma situación pero que tienen como cabeza de hogar a un hombre.
Los hogares más pobres también son los que destinan más recursos al consumo de alimentos. Mientras que un hogar del primer quintil invierte el 37,7% de sus gastos en este rubro, uno del quinto quintil (más ricos) solo dedica el 16%.
El informe además realizó una serie de proyecciones, mediante las cuales se encontró que la probabilidad de que un hogar experimente alta inseguridad alimentaria con respecto a uno que no esté en esta situación es 3,1 veces mayor si la persona jefa de hogar tiene bajo nivel educativo, y 2,8 veces mayor si el hogar se encuentra en pobreza multidimensional.
Finalmente, el documento destaca que una alimentación deficiente afecta la salud y las capacidades cognitivas de los individuos. Asimismo, señala, la carencia de recursos económicos y las limitadas oportunidades que enfrenta un grupo importante de la población en el país incide en la posibilidad de experimentar inseguridad alimentaria.