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Un terreno de 60.000 metros cuadrados regresó a manos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de un proceso legal de nueve años que concluyó este 1.° de julio, con el desalojo pacífico de quienes habitaban la propiedad.
Según la institución, la llamada finca Coronado, será utilizada en obras que permitirán ahorrar en pago de alquileres.
El inmueble FRM 37688-000 Partido San José, está ubicado 250 metros noroeste de la Dirección de Aviación Civil, contiguo al plantel de la empresa Biusa, en Uruca.
“Por su ubicación en las cercanías del Hospital México, permitirá la consolidación de objetivos institucionales para evitar incurrir en onerosos gastos de alquileres”, dijo la Caja, en un comunicado.
Los ocupantes del terreno acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo a reclamar la finca mediante la figura de usucapión especial agraria, que otorga derecho cuando ha habido una ocupación prolongada y pacífica. También alegaron salario en especie.
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No obstante, después del prolongado proceso, los jueces dieron la razón a la Caja.
El desalojo se coordinó con personeros de la institución, la Fuerza Pública, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Territorio Zaguates, informó la Gerencia General.
No trascendió cuántas personas vivían en la propiedad.
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“Los ocupantes hicieron abandono de forma pacífica, y con ello la institución podrá disponer de dicho bien inmueble para desarrollar proyectos futuros y de alto impacto para los intereses de la CCSS”, informó la entidad.
La Gerencia General de la Caja afirmó que las acciones tomadas permitieron salvaguardar el patrimonio institucional y por ende “la sostenibilidad de los regímenes Salud y Pensiones”.
En los últimos días, La Nación publicó informaciones sobre la compra de un edificio de $4,5 millones que la Caja no puede utilizar porque fue adquirido sin ofrecer las condiciones necesarias.
Se realizan inversiones por $1,2 millones para equiparlo debidamente.
La Auditoría Interna de la entidad advirtió, además, la existencia de un sobreprecio en el costo del inmueble.
