Esteban Oviedo, Silvia Artavia. 21 noviembre, 2019
Xiomara Rodríguez (de verde), proponente de la reforma, junto a Melvin Núñez, Mileyde Alvarado, y Floria Segreda. Foto: Jorge Castillo
Xiomara Rodríguez (de verde), proponente de la reforma, junto a Melvin Núñez, Mileyde Alvarado, y Floria Segreda. Foto: Jorge Castillo

El recorte a las pensiones de lujo aprobado por los diputados, este jueves, permitirá rebajarle hasta ¢2,4 millones por concepto de contribución solidaria a una pensión de ¢7 millones mensuales.

Así se desprende de un cálculo elaborado por La Nación en el que se compararon las reglas actuales y las que ahora definieron los diputados para el cobro de estos aportes solidarios.

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Los mayores efectos de esta reforma se sentirán en los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial, pues sus beneficiarios son los que menos contribuciones solidarias pagan actualmente, en comparación con el del Gobierno.

Por ejemplo, a una pensión de ¢7 millones mensuales del Magisterio hoy se le deducen poco más de ¢1 millón por concepto de aporte solidario. Con esta reforma, este rebajo subiría a ¢2,4 millones.

En el caso del Poder Judicial, la deducción subiría de ¢991.000 a ¢2 millones, mientras que en Gobierno pasará de ¢1,9 millones a ¢2,4 millones.

En otro ejemplo, si la jubilación es de ¢5 millones, la contribución solidaria subirá de ¢287.000 a ¢1,1 millones en el Magisterio y de ¢210.000 a ¢974.000 en el caso de las pensiones judiciales.

Para el caso de las pensiones de ¢3 millones mensuales, estas actualmente no pagan contribución solidaria ni en el Magisterio ni en el Poder Judicial. Con este proyecto, pasarán a pagar ¢225.000 y ¢140.000 respectivamente.

Las diferencias obedecen a que las reglas de deducción son diferentes en cada régimen. El proyecto aprobado este 21 de noviembre procura equipararlas, pero siempre hubo un desbalance en favor del Poder judicial.

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Actualmente, solo pagan contribución solidaria unos 1.000 beneficiarios, pues la legislación vigente solo exige esta deducción para las jubilaciones superiores a ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.

Cuando la ley entre en vigor, tendrán que pagar el aporte solidario todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones de los regímenes del Magisterio y del Gobierno, así como las que superen los ¢2,6 millones en el caso del Poder Judicial.

Con esos cambios, el Estado podrá gravar cerca de 4.100 jubilaciones adicionales, según estimaciones del Partido Restauración Nacional (PRN).

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