Rodrigo Chaves anuncia plan para eliminar 15 órganos desconcentrados

El primero en la lista es un plan para eliminar estos 15 órganos desconcentrados de los ministerios que, según el Gobierno, tienen un “nivel incipiente de consolidación”:

• Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
• Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (Ciama)
• Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis)
• Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
• Auditoría General de Servicios de Salud
• Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem)
• Junta Administrativa y Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
• Órgano de Normalización Técnica
• Dirección General del Archivo Nacional
• Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático
• Casa de la Cultura de Puntarenas
• Parque Marino del Pacífico
• Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social
• Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac)
• Comisión Costarricense de Cooperación con Unesco (adscrita al MEP)

El objetivo de la propuesta es devolver las competencias de esos órganos a cada ministerio rector. “Con ello, se simplifica la estructura del Estado, se eliminan duplicidades funcionales y se mejora el direccionamiento técnico y la toma de decisiones del ministro sobre la totalidad de competencias ministeriales”, informó el despacho de Cisneros.

A través de una declaración emitida en video, Pilar Cisneros aseguró a las 9:27 a. m. que las iniciativas ya habían llegado al Congreso, pero el departamento de Secretaría del Directorio respondió que no había llegado a esa hora ningún proyecto ni convocatoria alguna.

La convocatoria de iniciativas legales finalmente llegó a las 11:40 a. m., pero el despacho de la congresista de Progreso afirmó que los proyectos nuevos llegarían en el transcurso de la tarde, porque estaban “en revisión por parte del Ejecutivo”.

El otro proyecto nuevo que presentaría Rodrigo Chaves es la iniciativa para combatir la corrupción a través del fortalecimiento del “deber de denunciar”.

Se trata de una reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal, que introduce un inciso para “facilitar la persecución y sanción de los delitos relacionados con formas de corrupción”.

“Se propone un inciso que permita al Ministerio Público no perseguir al funcionario público que delate hechos y personas cuyas conductas encuadren en delitos contra la Administración de Justicia, los deberes de la función pública, la Hacienda pública o el deber de probidad, siempre y cuando tal delación resulte útil, pertinente y eficaz para la persecución de los delitos cubiertos por esta norma y pruebe la participación de otras personas en los hechos delatados (conocido como testigo de la corona)”, anunció la jefa de Progreso.

También, se añade un párrafo al artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito para que se incluya la violación al deber de probidad de funcionarios públicos cuando un servidor no denuncia un hecho de corrupción que conoce, o bien lo oculta.

“Esta disposición se amplía también al sector privado, para establecer sanciones penales contra aquel que conociendo casos de corrupción que involucran al sector público calla”, dijo Cisneros.

En cuanto a la convocatoria de proyectos, Cisneros enumeró una lista inicial con ocho expedientes ya existentes, entre ellos el proyecto de flexibilidad laboral (exp. 21.182), para autorizar las jornadas semanales de cuatro días con 12 horas laborables cada uno y tres días libres.

Igualmente, se pondrá en agenda la reforma a la Ley General de Aduanas, expediente 22.364, y el 21.140, para fomentar el turismo de salud en Costa Rica.

La convocatoria incluye un plan para derogar regímenes de pensiones complementarios especiales (21.824), que son regímenes pagados con fondos públicos, y un plan frenteamplista para recuperar la riqueza atunera del país y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo (21.531).

Los proyectos que completan la lista son el 22.827, que modifica la fórmula de cálculo del marchamo, para garantizar la inscripción de todos los bienes muebles, sujetos o no a tributos, y la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, para crear un ente que ordene y unifique procesos de inversión pública en instituciones estatales.

En el listado aparece una sola reforma constitucional, el expediente 22.617, que incluiría en el artículo 33 de la Constitución el derecho humano a la conectividad, las tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio costarricense.