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La fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para limitar la deuda política que financiaría las elecciones nacionales del 2026 y las municipales del 2028, tomando en cuenta la situación fiscal que sigue afrontando el país. La idea es evitar que el Estado tenga que presupuestar un monto de ¢90.000 millones para estos procesos.
Se trata de un nuevo transitorio en el Código Electoral que busca repetir el tope al gasto que ya se aprobó anteriormente para las elecciones nacionales del 2022 y las próximas municipales del 2024.
La Constitución Política establece que el Estado aportará hasta un 0,19% del producto interno bruto (PIB), del año trasanterior a los comicios nacionales, para financiar las campañas electorales.
En enero del 2021, los diputados aprobaron la cifra más baja que se haya fijado nunca para el aporte estatal a los partidos políticos.
En esa ocasión, crearon el transitorio XII, para que el monto máximo que gire el Estado a los procesos nacional del 2022 y municipal del 2024 fuera del 0,085% del producto interno bruto (PIB) del año 2020.
Ese porcentaje equivale a ¢29.300 millones (¢19.700 para el proceso nacional y ¢9.600 para el municipal).
Ahora, con la proposición de los frenteamplistas, se introduciría un transitorio que fije el mismo porcentaje del 0,085%, en este caso del PIB del 2024, para la elección nacional del 2026 y la municipal del 2028.
De acuerdo con los cálculos hechos por los frenteamplistas, esa medida implicaría bajar la deuda pública de ¢90.000 millones a ¢40.000 millones, tomando en cuenta el PIB estimado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el 2023, que sería de ¢47,5 billones.
Ahorros parecidos se han aplicado desde hace casi 10 años. Por ejemplo, se fijó un tope del 0,11% del PIB para las elecciones del 2014 y 2016, que se mantuvo por una ley adicional posteriormente, para el proceso nacional del 2018 y municipal del 2020.
La experiencia demuestra, además, que los partidos no han requerido tanto dinero. Para este último proceso nacional, en el que el Estado puso ¢19.700 millones, sobraron ¢2.000 millones gracias a un gasto menor de cuatro partidos.
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Esas reformas con medidas de ahorro temporales se han discutido porque los partidos políticos no logran un acuerdo que los lleve a modificar el artículo 96 de la Constitución Política, donde se estableció vía Carta Magna que la contribución del Estado a los partidos políticos por participar en elecciones fuera del 0,19% del PIB del año trasanterior a la elección para presidente, vicepresidentes de la República y diputados de la Asamblea Legislativa.
Ese artículo constitucional habilita que vía ley se puedan acordar reducciones, pero no ha llegado a lograrse una modificación constitucional que reduzca, de una vez por todas, el gasto nominal permitido para las elecciones.
“Se requiere, sin lugar a dudas, una reforma definitiva al artículo 96 de la Constitución para reducir el gasto electoral a futuro, pero esta reforma no ha avanzado con la celeridad necesaria y, como es conocido, al tratarse de una reforma constitucional, requiere pasar por un extenso proceso”, dice el razonamiento del Frente Amplio para promover la iniciativa.
“Es un ahorro significativo y se une a los esfuerzos por reducir el déficit fiscal sin erosionar las capacidades del Estado social de derecho y sin profundizar el carácter regresivo de nuestra estructura tributaria”, agrega la motivación del proyecto.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, también dijo que se impulsarán las reformas necesarias a la Constitución Política, pero que como este tipo de modificaciones toman tiempo, por ser un procedimiento muy calificado, por ahora darán el empujón a la reforma legal.
