Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), relató que el expresidente José María Figueres le pidió una cita para hablar de la “economía nacional” a principios de este año y, a su vez, le sugirió que asistiera también la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, porque quería tocar temas de interés para esa cartera.

Al pedir la reunión, Figueres no mencionó ninguna marca comercial, dijo Cubero, por lo que él accedió a celebrar el encuentro como deferencia a su condición de exgobernante.

En la reunión, celebrada el 18 de febrero del 2019, además de tocar otros temas, el exmandatario les habló de sistemas tecnológicos para la trazabilidad de productos que estaban siendo aplicados en otros países.

Figueres es presidente para América Latina de la compañía suiza SICPA, la cual ha obtenido contratos de decenas de millones de dólares en países como Brasil, Ecuador, Chile y República Dominicana, para instalar sistemas de rastreo de licores mediante el etiquetado de las botellas.

Un correo electrónico, del cual este medio tiene copia, revela que la compañía suiza había intentado venderle sus servicios al Ministerio de Hacienda ocho meses antes de la reunión del exgobernante con Rodrigo Cubero y Rocío Aguilar, sin recibir una respuesta positiva.

En junio del 2018, el representante de SICPA para América Central, Bernardo Arce, exministro de Transportes y de Seguridad del gobierno de Figueres, entre 1994 y 1996, envió un mensaje al despacho de la ministra para presentar sus sistemas de trazabilidad que “únicamente se le venden a gobiernos”, mencionando los casos de Brasil, Ecuador y Chile.

En agosto del 2018, a menos de dos meses de esas gestiones, fracasó una moción del diputado liberacionista Daniel Ulate que pretendía obligar a Hacienda a introducir un sistema similar, como parte de la reforma fiscal.

“Don José María solicitó una reunión para discutir temas de interés de la economía nacional. Por supuesto, por su investidura, me pareció que era razonable y cortés tener esa reunión. Él había sugerido que también estuviera doña Rocío porque quería tocar algunos temas para el interés de Hacienda y convocamos una reunión”, recordó el presidente del Banco Central.

“Antes de la reunión, mencionó que tenía algunas iniciativas que podían ser interesantes para mejorar la recaudación”, añadió. “No recuerdo si mencionó SICPA o no. Sí recuerdo que habló de estas metodologías que se estaban aplicando en diferentes países y que la experiencia internacional alrededor de esas tecnologías había sido exitosa.

“Don José María manifestó interés de hablar de diferentes temas, esto (la tecnología de rastreo) es un tema que pasa por el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente es un tema hacendario y, en algunas aplicaciones, es un tema de Aduanas. No tiene que ver con el Banco Central, pero había un interés de hablar de temas diversos y a nosotros nos pareció que, dada su investidura, lo cortés era atender la reunión como he atendido otras reuniones con muchos personajes de la vida política nacional, que han solicitado reuniones y normalmente estoy abierto a reunirme con gente y la idea era hablar de temas de interés”, afirmó Rodrigo Cubero.

-¿Qué mencionó del tema (de la trazabilidad)?

Que había metodologías que permitían hacer un rastreo.

-¿Sin mencionar marca comercial?

No recuerdo. Solo habló de tecnologías que tenían un impacto sobre la capacidad de rastrear los productos para evitar contrabando.

Consultado sobre si consideró pertinente separar la discusión en dos reuniones, la de interés económico con él y la parte de la tecnología con Hacienda, Rodrigo Cubero dijo que no lo vio necesario pues la propuesta de reunión de Figueres era pertinente para ambas carteras.

“Me pareció que el tema de la economía nacional es de interés de Hacienda también. No sabía en qué medida, qué relevancia iba a tener esa parte de la conversación sobre el todo y ciertamente no fue el único tema del que hablamos", aseguró Cubero.

"Muchos de los temas que estaban pasando, y estamos hablando del mes de febrero de este año, tenían que ver con la reforma fiscal y cómo eso estaba afectando las expectativas de crecimiento y cómo eso estaba afectando las tasas de interés y el mercado cambiario.

"La situación de la economía nacional en los últimos meses ha tenido una intrincación muy cercana entre lo fiscal y lo monetario y lo financiero, que son mis campos”, afirmó.

La semana pasada, cuando La Nación le consultó si en algún momento de su gestión la empresa SICPA le ofreció sus servicios, la exministra de Hacienda mencionó la reunión que tuvo con Figueres en el Banco Central, a la que fue invitada por Rodrigo Cubero, en febrero del 2019.

Ocho meses antes de esa cita, en respuesta al correo del representante de SICPA para América Central, la entonces ministra había solicitado a su equipo hacer una reunión en Hacienda para escuchar a Bernardo Arce. La cita se celebró y el asunto no pasó a más.

Luego de que la obligatoriedad de contratar un sistema de rastreo fue rechazada en la reforma fiscal, el diputado Daniel Ulate presentó un proyecto de ley para exigir a Hacienda introducir un mecanismo de rastreo para licores.

El Ministerio de Hacienda se opuso al señalar que el costo del sistema no lo hace rentable, en comparación con el beneficio. Un reciente informe de esta cartera señaló que su implementación podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes.

Hacienda estima que aplicar esos controles impactaría negativamente en las finanzas públicas, debido a que costaría más de lo que se pretende recaudar, a menos que la recaudación de impuestos por este tipo de bebidas suba entre un 31,5% y un 357,5%.

Ese texto está a las puertas de entrar a primer debate en la Asamblea Legislativa, luego de que este miércoles los diputados aprobaran, en la Comisión de Asuntos Económicos, una única moción presentada en el plenario.

La nueva moción ordenaría excluir proveedores con antecedentes de corrupción a nivel nacional e internacional.

“Para determinar antecedentes de corrupción”, dice, se entenderá como una sola empresa tanto a filiales como a sus directivos o representantes, así como a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen parte de un mismo grupo de interés económico.

Por el contrato que SICPA desarrolló en Brasil, el ex vicepresidente de la firma fue condenado por pagar sobornos por $15 millones a un alto funcionario estatal para ganar la licitación.

Figueres afirma que se trataba de un “consultor” que fue despedido.