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A partir del próximo lunes 1.° de noviembre, el Gobierno podría obligar a los diputados a dictaminar positiva o negativamente los proyectos de ajuste fiscal del acuerdo con el FMI que llevan nueve meses de estancamiento en la Asamblea Legislativa. La Constitución Política se lo permite y las palabras del presidente de la República, Carlos Alvarado, vaticinan su posición.
“Este mes, noviembre del 2021, va a ser decisorio para los próximos cinco años de Costa Rica. Si en noviembre de 2021 no hacemos la tarea, los próximos cinco años lo vamos a resentir”, afirmó el mandatario ante la prensa.
Desde enero, el Gobierno envió al Congreso los proyectos de ajuste fiscal que forman parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito blando de $1.778 millones, a fin de equilibrar las finanzas públicas.
Los diputados aprobaron el préstamo y avanzaron con la reforma al empleo público, pero dejaron inactivas las reformas de impuestos como renta global, tributo a casas de lujo, impuesto a premios de lotería, eliminación de exoneraciones fiscales, eliminación de plazas vacantes y aporte de empresas públicas a la deuda.
Tan es así que los legisladores dejaron vencer los plazos de discusión de los proyectos en las comisiones de Hacendarios, Jurídicos y Económicos. Cuando eso ocurre, los textos entran en el mecanismo conocido como “guillotina legislativa”, según el reglamento del Congreso.
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Eso significa que la próxima vez que los planes sean puestos en agenda, los diputados tendrán que votar las mociones pendientes y dictaminar las iniciativas positiva o negativamente, sin mayor discusión. Aún con un dictamen positivo de minoría, pasarán al plenario legislativo.
Por ahora, los diputados no han tenido que efectuar estas votaciones porque no colocaron los planes en la agenda legislativa, en vista de que están en sesiones ordinarias desde el 1.° de agosto, en las que ellos controlan el listado.
Sin embargo, a partir del 1.° de noviembre, el Poder Ejecutivo retomará la agenda por un lapso de tres meses de sesiones extraordinarias, según la Constitución Política, con lo cual puede definir cuáles expedientes legislativos se discuten en las comisiones parlamentarias y en el plenario.
‘Limpiar la agenda’
Casa Presidencial incluso podría recurrir a “limpiar la agenda”. Esa es la expresión usada cuando los gobiernos desconvocan casi toda la agenda del Congreso y solo dejan en pie los proyectos de su interés, para que los diputados no tengan más opción que concentrarse en ellos.
Con la “guillotina legislativa”, a los congresistas solamente les quedan dos vías: archivar un proyecto o dictaminarlo prácticamente sin discusión. Luego, en el plenario legislativo, todos los diputados tienen otros dos espacios para presentar mociones de cambio que deben ser discutidas de nuevo en comisión, antes del primer y segundo debate.
Limpiar la agenda sería un empujón significativo para los proyectos, pero sin un acuerdo político entre bancadas el panorama es incierto en el plenario.
“Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero hay cosas que no están a mi alcance; que me trascienden. Ahí es donde otros actores tienen que ponerse la camiseta del país. Este mes va a ser decisivo para los próximos años”, insistió el presidente Alvarado.
El mandatario afirmó que la agenda de equilibrio fiscal debe discutirse “haya o no haya campaña” y afirmó que ganará la elección quien sea sincero, pues la gente se da cuenta de quién es hipócrita.
“Pueden darle con jueguitos, que sí, que no, que aquí la puse, no la encuentro..., la gente eso lo huele a leguas”, agregó.
El único proyecto que no ha entrado en la guillotina es el de aporte solidario de las empresas públicas a la deuda estatal, que entrará en ese estado el 4 de noviembre.
La jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, afirmó que ella estima consecuente y necesario que el Ejecutivo le dé prioridad a esa agenda, al argumentar que la Asamblea Legislativa no lo hizo en sesiones ordinarias en los meses de agosto, setiembre y octubre, “pese al sentido de urgencia que existe”.
“Confiamos en que el presidente tendrá como prioridad, naturalmente, que esta agenda avance, a eso apostamos”, dijo la oficialista.
Sin embargo, el diputado Víctor Morales Mora, del PAC, acotó que él cree que mucho de lo que pase en la Asamblea Legislativa a partir del 1.º de noviembre va a pasar por la posición que asuma la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y su candidato presidencial, José María Figueres.
Esa es la fracción más grande del plenario, con 17 miembros, y a partir de la cual se pueden establecer todos los acuerdos legislativos en el Congreso.
“El Gobierno hace su tarea, lo que le toca, empuja, promociona, asume costos políticos, como los que hemos venido asumiendo una y otra vez, y estamos dispuestos a seguir asumiéndolos. A partir de noviembre, ¿qué van a estar dispuestas a asumir las otras fracciones? Eso es algo que deberían responder ellos”, declaró Morales.
Al respecto, María José Corrales, jefa de fracción del PLN, afirmó: “De parte mía y de la fracción, preferimos no referirnos hasta que la agenda sea presentada en su momento oportuno”.
Ana Lucía Delgado, también del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, manifestó que no es conveniente que en sesiones extraordinarias el Gobierno convoque solo proyectos acordados con el FMI.
“El país no está para una agenda monotemática, las agendas no son excluyentes cuando se enfocan en las realidades país. Tienen que converger con temas de reactivación económica, como, por ejemplo, avanzar con Fondo de Avales, el cual no puede esperar que pase los tres meses de sesiones extraordinarias.
“Reitero, las agendas no son excluyentes y deberían responder a la coyuntura social, económica y fiscal. La situación tan compleja de algunos sectores productivos que afecta la empleabilidad debería ser prioridad en una Costa Rica con porcentajes tan sensibles en pobreza, desempleo, con un apagón educativo y un lento crecimiento económico”, afirmó la liberacionista.
Según Laura Guido, pese al poco avance de los proyectos del FMI en el Congreso, “las mayorías tienen claridad de que hay una situación apremiante, impostergable, de que las decisiones hay que tomarlas y tiene que haber un estudio de las iniciativas”.
“Hay claridad de que algo tiene que pasar y postergar esta agenda para la próxima administración sería irresponsable y no dar señales en lo inmediato generaría problemas en un muy corto plazo al país”, indicó.
La proyección al 2025
¿Por qué Alvarado habla de que noviembre será decisorio para los próximos cinco años?
Su frase se sustenta en que el Ministerio de Hacienda estima que el ajuste fiscal acordado con el FMI evitaría un crecimiento de ¢4,7 billones en la deuda pública para el año 2025.
Según sus estimaciones, la deuda crecería de ¢24,4 billones a casi ¢37,9 billones, entre el 2020 y el 2025, si no se aplica medida alguna.
Con el plan, el endeudamiento cerraría en ¢33,2 billones, en el 2025.
