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El Ministerio Público acusó al diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, por presuntamente haber obligado a un exasesor a darle la mitad de su salario a otro colaborador.
La gestión fue dada a conocer por el Semanario Universidad y confirmada a este medio por la oficina de prensa de la Fiscalía.
El Ministerio Público inició la investigación contra el legislador republicano luego de que el publicista Andrés Monge lo denunciara penalmente. Según el comunicador, durante cuatro meses del 2018, Vargas lo presionó para que le diera ¢103.000 quincenales a Marco Montenegro, esposo de la tesorera del Republicano, quien colaboraba ad honorem en la fracción del partido.
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"Me dijo que sería por unas dos o tres quincenas que yo le tendría que dar la mitad de mi salario, que no era gran cosa. Lo que me llegaban finalmente creo que eran ¢206.000 por quincena. Yo tenía que darle ¢103.000 y con los otros ¢103.000 vivía yo.
“Yo le dije que ni modo, me dijo básicamente: tómelo o déjelo”, relató Monge a La Nación, en mayo.
El exasesor finalmente fue despedido de su puesto en setiembre del año pasado.
El diputado, por su parte, sostiene que él no “sugirió, ni mucho menos obligó a dar dinero a persona alguna”, al tiempo que asegura que Monge le dio el dinero al otro colaborador “por su libre voluntad”.
A Vargas se le imputa el delito de concusión, en el cual incurre el funcionario público que, "abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, según lo dispone el Código Penal.
La comisión de dicho delito se pena con prisión de entre dos y ocho años.
El expediente con la acusación fue remitido a la Corte Suprema de Justicia. La gestión también incluye una solicitud para que los magistrados levanten el fuero especial que protege al legislador, para que se enfrente al proceso penal.
Vargas: ‘No hay una sola prueba de lo que él afirma’
Este mediodía, en declaraciones que brindó a este medio, Otto Roberto Vargas apeló a su derecho a la defensa, y afirmó que la Fiscalía no lo ha notificado de ningún acto.
“En mi caso, nunca he sido llamado por la Fiscalía, ni indagado, ni notificado de absolutamente nada”.
El diputado republicano afirmó sentirse tranquilo, y aseguró que los hechos que denunció Mora son falsos. De acuerdo con el legislador, el exasesor fue despedido “porque demostró comportamientos no aptos para un despacho legislativo”.
"El señor tenía grandes cambios de personalidad y cada día demostraba actos más indebidos contra sus compañeros. Inclusive, tomé la decisión final de, cuando quiso agredir a Rosa Palma, la secretaría del despacho, agredirla físicamente, de prescindir de sus servicios.
“Eso está consignado en el expediente que abrió el Directorio legislativo, que es una de las causales de cese. Adicionalmente, se ausentó tres días. No hay una sola prueba de lo que él afirma”, declaró Vargas.
El legislador afirmó que incluso, después de su cese, Mora le solicitó, a través de un tercero, que le diera ¢10 millones “a cambio de dejarme en paz y no dañar mi carrera política”. Vargas afirmó que rechazó tal solicitud.
Al respecto, el exfuncionario Andrés Monge dijo que esa versión es “categóricamente falsa".
“Nunca tuve comunicación con él, menos hablando de dinero. La única comunicación con él fue en texto, al puro inicio de esto, cuando le dije que tenía miedo realmente de él, de lo que me estaba haciendo, y él me dijo que procediera como quiera. Ni mis abogados tampoco, nunca se menciona plata por ningún lado”, comentó.
Añadió que un excompañero lo llamó un día y le grabó la conversación sin su consentimiento y que, en esta, él dijo que el diputado le iba a “indemnizar todo lo que me hizo”, lo que posteriormente usaron en su contra.
Sobre las gestiones para el levantamiento de su fuero, el legislador dijo que lo considerará seriamente.
“No tengo nada que ocultar”, dijo.
La gestión para el levantamiento de la inmunidad de los miembros de los supremos poderes consta de varias etapas que se siguen primero en el Poder Judicial y luego en la Asamblea Legislativa.
El trámite inicia con la solicitud que emite la Fiscalía, la cual debe ser analizada por los 22 magistrados de la Corte Plena. Si los altos jueces la aprueban, se remite a la Asamblea Legislativa.
Allí se conforma una comisión de tres diputados, la cual debe recibir tanto las pruebas del acusador como del acusado y emitir un informe para la Asamblea Legislativa, en el que recomienda o no el levantamiento de la inmunidad. Luego, el informe de la comisión es leído en el plenario, y los 57 diputados deciden si levantan o no la inmunidad. Para hacerlo, se requiere del voto de dos tercios de ellos.
Los expedientes penales contra miembros de los supremos poderes que llegan a juicio son conocidos por la Sala Tercera de la Corte.
