EscucharDocumentación entregada por el Banco Nacional (BN) al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirma que el fideicomiso Costa Rica Próspera pagó gastos de la campaña de Rodrigo Chaves Robles y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) desde marzo hasta octubre del 2021; es decir, antes y después de que el político fuese electo como candidato presidencial de esa agrupación.
Así consta en la información bancaria de las cuentas de ATA Trust Company S. A., la empresa que administró los fondos del fideicomiso en el BN al margen de los controles partidarios y del sistema de transparencia pública que exige el Código Electoral para las finanzas de campaña.
Esta estructura la crearon Rodrigo Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova, en febrero del 2021, para lo cual firmaron un convenio con ATA Trust.
Las cuentas del fideicomiso, de las cuales La Nación tiene copia, fueron abiertas el viernes 18 de marzo por orden del TSE. Antes de la primera ronda, los donantes y los gastos permanecieron ocultos. En respuesta a consultas de la prensa, el candidato se negó a revelar el nombre de los financistas alegando que existía una cláusula de confidencialidad.
En la documentación bancaria se comprueba que, desde esta estructura se cancelaron facturas por poco más de ¢95 millones, correspondientes al alquiler de la sede del Partido en San José ($5.000 mensuales) —casa de campaña de Chaves—, gastos por publicidad, servicios profesionales y de vigilancia, viáticos para giras, salarios del personal, alquiler de vehículos, gasolina y mobiliario de oficina, entre otros.
Tanto Rodrigo Chaves como la presidenta de la agrupación y diputada electa, Luz Mary Alpízar, y el presidente de ATA Trust, Arnoldo André Tinoco, insisten en que esos gastos no eran para la campaña, sino para un grupo de pensamiento llamado Costa Rica Próspera. Además, argumentan que el fideicomiso “fue disuelto” el 18 de setiembre, un día antes de que el exministro de Hacienda fuese electo candidato presidencial por el PPSD.
Chaves fue anunciado como aspirante del Partido Progreso Social Democrático desde el 7 de julio del 2021, luego de ser escogido en una asamblea nacional de la agrupación celebrada tres días antes (el domingo 4).
El TSE anuló esa elección porque se hizo de manera virtual y los asambleístas votaron de manera pública, cuando debían hacerlo de forma privada. Ese yerro de procedimiento se resolvió en otra asamblea presencial del partido, celebrada el 19 de setiembre anterior.
En todo caso, el fideicomiso financió gastos partidarios tanto después del 7 de julio como después del 19 de setiembre.
Por ejemplo, el 22 de setiembre, se consignó otro desembolso de ¢395.500 a nombre Ramón Fernández Aguilar por concepto de “banderas y serigrafía” y, el 28 de ese mismo mes aparece un giro de ¢1 millón en “viáticos gira Limón”, para Manuel Morales Díaz, quien actualmente es diputado electo por San José.
Además, aparecen dos transferencias del 20 de setiembre y 1.° de octubre cuya descripción dice “gasolina candidato”. Fueron consignadas a nombre de Oscar Vinicio Calderón por ¢35.000 y ¢20.000, respectivamente.
Además, aparecen pagos de salarios en la segunda quincena de setiembre y el alquiler de todo ese mes de la casa partidaria, la cual se ubica en el barrio La California, a un lado del edificio URBN Escalante, al este de la capital.
Para realizar esos pagos, desde marzo del 2021 el fideicomiso se nutrió con aportes, por un total de ¢110 millones, de 11 personas físicas y tres jurídicas, de acuerdo con los estados financieros de ATA Trust y del fideicomiso. Copia de los documentos están en poder de este diario.
Quienes aparecen con aportes son Jack Loeb Casanova, Adrián Torrealba Navas, Arnoldo André Tinoco, Bernal Jiménez Chavarría, Damaris Robles Aguilar, Hey Friedrich, José Antonio Yock Fung, José Coto Quesada, Luis Diego Soto Clausen, Marcos González Vargas y Valerie Helen Loeb; así como de las sociedades anónimas Galería Tres Mil, Península Group y Facio y Cañas.
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Financiamiento de partidos
La legislación electoral establece que los grupos políticos deben tener una única cuenta bancaria registrada ante el TSE y que solo desde ahí se pueden recibir aportes y realizar pagos, ello con la finalidad de conocer el origen real de los fondos. Además, indica que esa responsabilidad recae sobre el tesorero, o bien, sobre la persona designada por el Comité Ejecutivo partidario.
Cualquier mecanismo ajeno a ese, sea en periodo electoral o no electoral, es considerado como una estructura paralela de financiamiento, lo cual es castigado con penas de dos a seis años de prisión a la persona que “reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
El Código Electoral, además, establece una pena de dos a cuatro años de cárcel para quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas.
La regulación del Código Electoral recae sobre la financiación de los partidos políticos como un todo, sin distinción de si se está en época electoral o no.
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Los gastos
El sábado 5 de marzo, La Nación reveló que Chaves y su partido estaban financiando gastos proselitistas mediante una estructura paralela, captando recursos y haciendo pagos a través del polémico fideicomiso llamado Costa Rica Próspera.
Para el momento de esa publicación, este diario contaba con los estados financieros del fideicomiso hasta el 11 de agosto del 2021. Ahora, con el acceso total a las cuentas de ATA Trust, al 28 de febrero del 2022, se puede ver que los gastos en favor de la campaña de Chaves y PPSD continuaron hasta inicios de octubre pasado.
Según Arnoldo André Tinoco, presidente de ATA Trust, firma administradora del fideicomiso, eran Rodrigo Chaves y Jack Loeb quienes definían cómo, cuándo y dónde se gastaba el dinero de las donaciones.
El 20 de setiembre, aparece un giro de $31.165 (poco más de ¢20 millones) en favor del empresario Jack Loeb Casanova y en la descripción se consignó “pagos agencias de comunicación”.
Loeb Casanova, quien aportó la mayoría de los recursos, reveló al TSE que Progreso Social Democrático, a través de su presidenta Luz Mary Alpízar, le pidió prestar sus cuentas bancarias para hacer gastos partidarios con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Además, David Dumani, abogado de la agencia publicitaria Madison Revolution S. A., declaró a este periódico que personeros del PPSD le solicitaron facturar a nombre de Jack Loeb y de ATA Trust los trabajos hechos para la agrupación y la campaña de Chaves, como el sitio web partidario, fotografías y anuncios de televisión.
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Bajo la lupa
Actualmente, el TSE tiene abierta una investigación en torno al financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático, la cual podría deparar en una denuncia ante el Ministerio Público, donde en este momento también se indaga la estructura paralela.
En el marco de esas pesquisas, el Tribunal solicitó acceso a las cuentas de ATA Trust, administradora del fideicomiso Costa Rica Próspera, con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional que estableció que toda cuenta bancaria que reciba recursos de partidos políticos es de interés público y, por ende, de acceso a cualquier persona.
Adicionalmente, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE solicitó a los magistrados electorales levantar el secreto bancario a las cuentas de cinco personas vinculadas al fideicomiso. Dicha petición todavía está en trámite y el nombre de las personas no ha trascendido.
Paralelamente, Rodrigo Chaves y el Partido enfrentan una demanda civil de la agencia publicitaria Madison Revolution por el impago de $113.495 (¢74,5 millones) correspondientes a trabajos propagandísticos confeccionados de previo a la primera ronda del 6 de febrero.
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