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Los dos participaron en la aprobación de dos acuerdos que incrementaron sustancialmente los salarios de los 46 puestos “más importantes” del Poder Judicial, incluidos los de ellos, y ahora deberán resolver una acción de inconstitucionalidad que cuestiona la legalidad de esas resoluciones.
Se trata de Fernando Cruz Castro y Fernando Castillo Víquez, magistrados de la Sala IV.
Ellos, junto al resto de los jueces constitucionales, tendrán que emitir sentencia ante una acción presentada en abril del 2017 contra el índice gerencial, un privilegio que, entre el 2008 y el 2010, incrementó hasta en un 96% los salarios de la denominada clase gerencial de la Corte.
La acción legal fue presentada por dos jueces de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea –Silvia Arce Meneses y Armando Elizondo–, quienes no están de acuerdo con la aprobación de ese plus. Ellos consideraron que el beneficio fue "desproporcionado e irrazonable".
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Obligados por ley
¿Por qué deben resolverlos magistrados una causa en contra de un privilegio que los beneficia a ellos mismos?
Al apartarse los supremos jueces, los responsables de la sentencia son los magistrados suplentes. No obstante, como el índice gerencial también beneficia a algunos de ellos, también se inhibieron.
Entonces, la obligación vuelve a caer en los magistrados titulares, según lo estipula el artículo 29, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Por supuesto que nos inhibimos de conocer de esta acción sobre el índice gerencial. Lamentablemente, por disposición de ley, que es un artículo de la Ley Orgánica, cuando se inhiben los suplentes debemos resolver el asunto los propietarios, aunque nos hayamos inhibido. A ninguno de los magistrados propietarios nos place resolver esta acción, porque para el común de las personas presenta muchas contradicciones”, contestó Cruz, presidente de la Sala IV, en un correo electrónico.
Según el líder de la Sala, lo conveniente sería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se permita nombrar magistrados para un caso específico; en este caso, la resolución de la acción contra el índice gerencial.
“Quizás cuando se redactó esa norma, no se pensó en un asunto tan complicado institucionalmente, porque los magistrados que intervinieron en el acuerdo que estableció ese índice gerencial ahora deben resolver sobre la constitucionalidad del mismo. Lo ideal sería hacer una reforma de ley que permita, en esos casos, nombrar a magistrados suplentes ad-hoc, conforme a ciertas exigencias objetivas y subjetivas, para que intervengan”, argumentó Cruz.
“Es un asunto incómodo para los que tenemos que resolver”, agregó el presidente del organismo judicial, quien formó parte de la primera de las dos sesiones de Corte Plena en las que se aprobó el índice gerencial.
En aquel momento, el votó en contra de la adjudicación de ese privilegio, por considerarlo "desproporcionado". No obstante, este fue aprobado, dado que la mayoría de magistrados lo votaron a favor.
Ahora, junto con Cruz y Castillo, también resolverán la acción de inconstitucionalidad los magistrados Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado y José Paulino Hernández Gutiérrez (suplente). Así lo confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
El resto de incentivos
Desde su creación, en el 2008, solo en el pago del Índice Gerencial la Corte había gastado ¢2.071 millones. Este monto implica solo uno de todos los incentivos (reconocimientos adicionales al salario base) que reciben esos 46 funcionarios.
A este deben sumarse el resto de privilegios que reciben todos los funcionarios de la Corte, como anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad, compensación por vacaciones, salario escolar y recargo de funciones.
Adicionalmente, el Poder Judicial premia a sus colaboradores con 21 beneficios más, los cuales son descritos en el presupuesto institucional con el nombre de “otros incentivos salariales”, entre los que se encuentra el índice gerencial.
Esta lista de beneficios especiales representa ¢60.000 millones de los ¢384.000 millones que destinará la Corte al pago de remuneraciones a sus empleados este 2018.
El presupuesto total de la entidad para este año es de ¢474.800 millones.
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