Política

Diputados sepultan plan que equipararía impuesto entre empleados públicos y privados

Con una moción del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos sepultaron, este martes, el proyecto del Gobierno que eliminaría el beneficio fiscal que permite a los funcionarios públicos no pagar impuesto de renta sobre el salario escolar.

Además de Villalta, votaron a favor la diputada Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Carolina Hidalgo, del gobernante Acción Ciudadana (PAC); y la independiente Paola Vega.

En contra, se pronunciaron Jorge Fonseca, del PLN; y Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN).

Así lo reportaron tanto Paola Vega como la presidenta de Jurídicos, Franggi Nicolás, aunque desde el despacho de Carolina Hidalgo niegan que ella hubiese votado a favor la moción.

Los funcionarios públicos reciben 14 salarios al año: uno por cada mes, el aguinaldo y el salario escolar. El resto de trabajadores recibe 13 remuneraciones: una por cada mes y el aguinaldo.

Sin embargo, los empleados estatales tienen dos exoneraciones del impuesto de renta, una sobre el décimo tercer salario y otra sobre el salario escolar, mientras los privados solo están exentos en el aguinaldo.

En consecuencia, los servidores públicos pagan impuesto de renta sobre el 86% de sus ingresos salariales y el resto de asalariados lo hace sobre el 92%.

Esa es la situación actual pese a que, en el Estado, el 56% de los funcionarios gana por encima de los ¢862.000, monto a partir del cual se paga impuesto de renta, mientras que, a nivel de todos los asalariados del país, solo el 18% supera esa cifra.

El salario escolar es parte del sueldo ordinario de los funcionarios, según ha sentenciado la Sala IV. Es decir, no es un ahorro ni un bono. Existe porque, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), el Poder Ejecutivo no pudo pagar un aumento salarial y decidió compensarlo como un salario más en el mes de enero.

Por eso, el gobierno de Carlos Alvarado propuso gravar el salario escolar cuando el monto sea superior a ¢840.000, como parte de las medidas de ajuste fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recaudar más de ¢40.000 millones adicionales.

Al conocer lo sucedido en la Comisión de Jurídicos, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, afirmó: “Esta decisión implicaría una caída en los rendimientos esperados en un 0,12% del PIB. Por tanto, confiamos en que los diputados y diputadas puedan revertir la aprobación de esta moción durante las etapas procedimentales aún disponibles”.

El frenteamplista José María Villalta alegó que “no se puede seguir gravando con impuestos a las personas trabajadoras”, pues adujo que ya se les afectó bastante y antes de discutir salario escolar, él prefiere que se vean otros temas, como las “propuestas para combatir el fraude y la evasión fiscal, que se cobre rentas a mayores ganancias”.

Villalta dijo que él no está absolutamente opuesto a ningún gravamen a los salarios escolares más altos, pero dijo que es injusto aprobar ese cobro cuando el “Gobierno no ha hecho la tarea de promover proyectos que luchen en serio contra la evasión fiscal de los más ricos”.

“Los asalariados no tienen cómo evadir impuestos, son otros los que evaden”, alegó.

Antes de aprobar la moción de Villalta, la Comisión de Jurídicos aprobó un texto sustitutivo propuesto por el Gobierno que eliminó un conjunto de medidas que habían sido propuestas en un principio.

En ese texto alternativo, el Ejecutivo desistió de aumentar el impuesto sobre los excedentes que reciben solidaristas y cooperativistas cada año. Además, renunció a subir el tributo sobre los rendimientos de ahorros en cooperativas, así como en reaseguros y primas de seguros, entre otras cosas.

Luego, con la eliminación de los artículos referidos al salario escolar, de este texto solo quedan algunos aumentos de impuestos a las remesas. Este tributo recae sobre las ganancias generadas por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero elaborados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.

Por ejemplo, subiría a un 55% el impuesto por la compra de telenovelas y a un 30% por asesoramiento técnico-financiero, así como por uso de patentes, fórmulas o marchas de fábrica.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.