Diputados congelan impuesto a gasolina por 6 meses

En una decisión unánime del plenario, con 52 votos a favor, se aprobó el expediente luego de intervenciones de congresistas de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP), el Frente Amplio (FA), Nueva República y Progreso Social Democrático (PPSD).

En un oficio enviado a los diputados poco antes de la sesión del plenario, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el ahorro máximo sería de ¢12 por litro en la gasolina súper, ¢11,62 por litro en la regular y ¢6,87 en el diésel.

Ese sería el ahorro si la inflación alcanza un 8,71%. Si es menor, lo economizado sería menor. Por ejemplo, si la inflación es de un 4%, el ahorro en la gasolina súper sería de solo ¢5,5 por litro.

Actualmente, el litro de súper está en ¢1.059 por litro, mientras que el de regular cuesta ¢1.021 por litro, y el de diésel, ¢909.

En tanto, el impuesto representa ¢279 en cada litro de súper, ¢266,7 en la regular y ¢157,7 en el diésel. La intención es mantener esos montos.

En la carta, Acosta agregó el impacto en los ingresos del Estado sería hasta de ¢13.500 millones durante el segundo semestre del 2022.

Aunque la jefa del PUSC, Daniela Rojas, reconoció el acuerdo logrado a favor de ese proyecto por los jefes parlamentarios y el Poder Ejecutivo, enfatizó que los costarricenses no se pueden hacer falsas esperanzas.

“Esto no rebaja ni un colón el precio de los combustibles, absolutamente nada. Esto lo que hace es evitar que haya un aumento producto del ajuste del impuesto único a los combustibles”, aclaró.

Por lo tanto, Rojas hizo un llamado al Gobierno para que tenga propuestas “que sí generen un impacto positivo y de manera inmediata en el precio de los combustibles”.

La jefa de la Unidad reiteró, una vez más, que su fracción tiene una propuesta para que se reduzca el impuesto sobre el diésel en ¢50, y ¢25 para el caso de las gasolinas.

“Esto es una crisis mundial, nos afecta y no lo podemos controlar. No está en nuestras manos la crisis energética en Europa ni el aumento de los intereses en Estados Unidos, lo único que está en nuestras manos es el impuesto único a los combustibles”, insistió.

La frenteamplista Sofía Guillén alegó que, si bien avalan desde el FA el proyecto para impedir aumentos en el impuesto, lo hecho no es suficiente. “Hay que avanzar a medidas más urgentes y densas, no solo es un llamado para nosotros, sino también para el presidente de la República”, dijo.

Agregó que en otros países están analizando medidas “realmente fuertes”, mientras en Costa Rica continúa la resistencia. Dijo que en Reino Unido aplicaron un impuesto del 25% a las ganancias de las petroleras, “que por supuesto son las grandes ganadoras en este momento”; en Argentina aplicarían impuesto a los exportadores de granos “que han sido ganadores en este proceso”, entre otros.

Guillén hizo un llamado para que el Gobierno se decida a tomar medidas más fuertes que la aprobada en el plenario, y recordó cuando Nogui Acosta había dicho que se valoraba un préstamo de $200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Eso no debería usarse para subsidiar a los autobuseros. Si tomamos ese préstamo, podríamos vivir tres meses sin impuesto a los combustibles, un año con una reducción del impuesto en 25% o seis meses con una reducción del 50%”, planteó.

Por su lado, Eliécer Feinzaig, del PLP, alegó que de una vez se debería eliminar el ajuste trimestral automático del impuesto único a los combustibles, que “es uno de los cinco o seis más importantes, de los que realmente depende el Gobierno”.

El liberal apuntó que lo aprobado no se trata de un verdadero alivio al consumidor costarricense, y que el tributo a los combustibles fue creado para tapar huecos financieros en el pasado.

Fabricio Alvarado, de Nueva República, también consideró insuficiente la medida, pero la calificó de buena señal luego de muchas conversaciones. También dijo que ven con buenos ojos la propuesta del PUSC para rebajar los impuestos y compensar ¢88.000 millones al fisco desde las utilidades de las empresas públicas.

Además, dijo que la propuesta se podría matizar, que no se aplique la reducción por un año, sino por seis meses y que el Gobierno instale los escáneres en fronteras y puertos, porque dijo que eso dejaría al Estado ingresos por ¢468.000 millones al año.

Alvarado apuntó que otra opción sería la venta de activos ociosos, que podrían ayudar a solventar lo que dejaría de percibirse por la rebaja en el impuesto a los combustibles.

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, reconoció que es un primer paso de escucha “del clamor del pueblo”.

“Es un primer paso en la dirección correcta, pero no vamos a dar un solo paso en la dirección incorrecta y ahí discrepo totalmente de la diputada Sofía Guillén. ¿Qué es lo que quiere, más endeudamiento?”, dijo.

Cisneros criticó que Guillén propusiera que se dejara de pagar el impuesto por tres meses o seis meses. “¿Y después de eso, qué? ¿Otros $200 millones? Este es un gobierno responsable con los ciudadanos y no les queremos mentir más. No vamos a seguir endeudándonos irresponsablemente para aliviar por un tiempito el precio de los combustibles”, acotó.