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Los diputados achacaron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, poner en riesgo la democracia y la seguridad jurídica del país, al haber anunciado un “megacaso” de evasión fiscal por una denuncia anónima que había sido desestimada por el Ministerio Público. Aunque Tributación Directa ya había recibido la notificación de la Fiscalía, dicha cartera omitió decirlo cuando divulgó el hecho.
Acosta fue interpelado en el plenario legislativo para que se refiriera a este anuncio, el cual le costó una denuncia penal por parte del aludido, Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.com y del Banco BCT. Durante su intervención, el jerarca reconoció ante los congresistas que no le consultó al director de Tributación, Mario Ramos, quien participó con él en el anuncio, si sabía de la desestimación.
Los reproches más fuertes contra el ministro provinieron del jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, quien le acusó directamente de hacerle “un daño enorme” a la democracia, y de cometer “actos populistas”.
“El anuncio espectacular crea expectativas en la población que ávida espera que le ponga fin a tanto chorizo (…), espera con o sin razón, que alguien vaya a la cárcel, que otros sean sancionados, y que empresas sean castigadas. Pero al haber anunciado sobre el que pesa una solicitud de desestimación, ya es poco probable que las expectativas de los costarricenses se vayan a cumplir. Esto es una decepción más para ellos”, señaló Feinzaig.
Por otra parte, sostuvo que los alegatos dados por Hacienda en el sentido de que el “megacaso” todavía no ha sido desestimado por un juez son intentos por desviar la atención sobre un hecho incontrovertible: “La conferencia de prensa que usted convocó fue un acto de irresponsabilidad mayúscula, un acto de populismo”, sentenció el liberal.
La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, le reprochó al ministro que si las personas afectadas por los anuncios de Hacienda ganan las demandas por daños que prometieron interponer, el costo lo pagarán los costarrricenses. “Usted peca de impulsivo, se daña el honor y se daña la honra de personas”, manifestó la verdiblanca.
Rivera sugirió, en ese sentido, realizar una revisión de este proceso por parte de la Procuraduría de la Ética Pública, por el posible daño de estas acciones. “Me preocupa un proceso de sostenibilidad de la democracia, cuando se debilitan los canales de comunicación, esa confianza en la institucionalidad, es un golpe a ese proceso”, sostuvo.
El pasado 19 de enero, en rueda de prensa, Acosta y Ramos presentaron un caso enviado por Hacienda a la Fiscalía a partir de una denuncia anónima recibida en setiembre del 2022, relacionada con una supuesta evasión por ¢11.000 millones efectuada por una entidad financiera privada entre el 2008 y el 2015.
Al día siguiente, el Ministerio Público confirmó que se trataba de un expediente contra el banco BCT y Leonel Baruch, pero también aclaró que desde el 9 de enero había notificado a Tributación su decisión de pedir que se desestimara la causa.
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‘Acción violenta’
Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo este martes que la conferencia en la que se señaló a una entidad bancaria por presunta evasión fiscal, fue una acción “violenta” por parte del Gobierno. Dijo sospechar que Acosta no actuó solo al decidir realizar la rueda de prensa, sino que posiblemente se realizó de forma coordinada con otra rama del Ejecutivo.
“Una acción de ese tipo, es una acción violenta del Estado, que aprovechando el poder hace comunicaciones como esta que dañan a los ciudadanos indistintamente si se han cometido errores o no (...). Una acción como esta lo que hace es violentar y pasarle por encima a ese ciudadano; hoy es una empresa, pero mañana podría ser un ciudadano pequeño que igualmente el Estado le pasa por encima”, fustigó Castro.
En ese mismo sentido, la jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, retó a Acosta a reconocer que se trató de un error para así evitar el costo que eso podría conllevar para la seguridad jurídica del país.
“La salud financiera de un país, la seguridad económica no está para no aceptar a tiempo errores de comunicación, aunque no haya sido adrede. Y nosotros no estaríamos para juzgar a quien se equivoque, porque cualquiera de nosotros se puede equivocar. Porque la seguridad jurídica es fundamental para la inversión”, manifestó Rojas.
En su comparecencia en el plenario, el ministro de Hacienda reconoció que no verificó con la Fiscalía el estado de la denuncia sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, antes de anunciarlo en conferencia de prensa. Incluso manifestó ante los legisladores que no conocía el caso y que no puede afirmar si realmente se cometió un delito tributario.
Alegó que fue suya la idea de realizar la rueda de prensa y que esta se basó en asuntos que la Hacienda remitió al Ministerio Público, sin importar lo que hubiera ocurrido con esas causas.
Danny Vargas, diputado del PLN, cuestionó a Acosta sobre el daño que el anuncio en falso causó al BCT y al medio digital CRHoy.com, al haber hablado en público de una entidad financiera. El jerarca defendió su decisión y aseguró que de parte de su cartera no hubo ningún señalamiento.
“Hay un tema de responsabilidad, el Ministerio de Hacienda fue muy cuidadoso en el tema de la información que se dio a la opinión pública, la información salió de otra entidad”, alegó al tiempo que consideró que esa responsabilidad recae en la Fiscalía. “Desde Hacienda no hubo interés en generar daño a ningún costarricense”, aseveró.
‘No hay revancha’
Al inicio del periodo de preguntas de los diputados, Fabricio Alvarado, de Nueva República, le preguntó directamente a Nogui Acosta por qué el Gobierno anunció casos de evasión que están inactivos. “Queda una sensación que hubo un gol y luego lo anularon”, señaló.
El jerarca alegó que sí hay caso, pero que no es resorte del ministro de Hacienda saber su estado una vez que son remitidos a la Fiscalía. Reiteró que su cartera recibió una denuncia anónima en el 2022, a través de su sitio web, y que se la envió al Ministerio Público. Manifestó que el Ministerio de Hacienda no hizo publicidad sobre los casos en específico.
“No hay un tema de revancha, ni nos interesa crear falsas expectativas”, sostuvo Acosta.
Posteriormente, el socialcristiano Alejandro Pacheco le preguntó al ministro que por qué el Gobierno ha tomado medidas especificas contra las estructuras empresariales de Grupo Nación con el cierre de Parque Viva, y de CRHoy.com con la presentación de una denuncia contra el BCT que ya tenía una solicitud de desestimación. Al respecto, el funcionario negó que hubiera relación entre ambos casos.
“No hay ninguna directriz ni ninguna dirección que ataque a la prensa, ni nada por el estilo. Esto no es populismo”, alegó.
Minutos antes, el funcionario reiteró que, al momento de la conferencia del 19 de enero, él desconocía que la Fiscalía hubiera pedido la desestimación del “megacaso” que presentaron. No obstante, consideró que este hecho es “irrelevante” porque el juzgado todavía no se ha pronunciado sobre si acepta o no la solicitud y que, por tanto, el asunto sigue abierto.
“Ni tenía por qué tener conocimiento, lo importanre es lo que íbamos a hacer”, afirmó en alusión a que el día de la rueda de prensa se dieron a conocer una serie de medidas para combatir la evasión tributaria.
